ACOSO SEXUAL CONDENADO EN EL MUNDO, PREMIADO EN MÉXICO
Guillermo Correa
El movimiento #TIMESUP que ya hizo eco en varias ciudades del orbe, desveló el abuso y acoso sexual que varios personajes del entretenimiento sufrieron por parte de directivos. Y mientras en el mundo se castiga con el repudio a estos acosadores, en México seguimos ignorando estos casos, por lo menos en cuanto al círculo político respecta. Basta mencionar que este 21 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró a Enrique Rodríguez Martínez, quien en 2015, cuando se encargaba de la dirección del Canal Judicial, fue señalado por varias víctimas de acoso sexual y laboral.
Nueve ministros votaron a favor de limpiarlo de culpa y solamente dos votaron en contra, uno de estos fue el del propio presidente de la SCJN quien, trascendió, no estuvo de acuerdo con la propuesta favorable al acusado del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Es un hecho vergonzoso y desmotivador para las víctimas de violación en México. El fallo causó indignación y suponemos que habrá organizaciones que en breve fijarán su postura. Lo mismo se esperaría también del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, ya que Enrique Rodríguez Martínez, señalado por vejaciones, es parte del equipo de Comunicación Social priista.
Se podría pensar que en México, en vez de castigar a violadores se les premia y que la impunidad es el pan de cada día.
Este caso se dio a conocer hace ya dos años, y desde entonces los abusadores andan por las calles sin remordimiento. El 11 de marzo de 2015 medios informativos titularon: Por acoso sexual, limpia de ex Televisos en la SCJN. Y detallaban cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, pidió la renuncia inmediata al entonces director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, quien incluso –destacaron los medios—podría enfrentar cargos penales, debido a que según fuentes del máximo tribunal hay diversas denuncias por acoso laboral y sexual contra el también ex reportero de Televisa.
La limpia también incluyó al que era subdirector general de Información, Francisco Barradas Ricardez, y a Alberto Villa Dávalos, que fungía como director del área del Canal Judicial, quienes también fueron empleados de Televisa. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un cateo en las instalaciones del Canal Judicial, y encontraron droga, por lo que se iniciaron las averiguaciones, y en el mismo contexto de la incursión del Ministerio Público Federal en instalaciones de la Suprema Corte, se dieron las indagatorias por acoso laboral y sexual que hicieron públicas 18 trabajadores y ex trabajadores del Canal Judicial.
Incluso el expediente C.I 6/2015 de la Contraloría Interna de la SCJN detalla también que se encontró pornografía, incluidos videos, y la práctica de un ritual denominado “manto sagrado”, que consistía en dar golpizas a los trabajadores de la comunicación de recién ingreso. Las denuncias públicas de las empleadas datan desde 2012. Si bien han sido reiterados los anuncios de que habrá castigo ejemplar, hasta el momento impera la impunidad.
Como ya fueron liberados de culpa por la SCJN, tampoco habrá de suceder alguna condena de parte del senador Ismael Hernández Deras, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), donde se ha refugiado uno de los acusados: Francisco Barradas Ricárdez, a quien lejos de un castigo se le premió desde hace meses, bajo el liderazgo del senador nayarita Manuel Cota Jiménez, con el cargo de jefe en la oficina de Comunicación Social cenecista.
El 3 de noviembre pasado recordamos el asunto motivados por los escándalos de reconocidos personajes del extranjero que se han ganado el repudio de gran parte del mundo al ser acusados de lo mismo que a los supuestos comunicadores mexicanos.
Lo acontecido ha sido denunciado reiteradamente en distintas publicaciones a través de colegas preocupados por lo que han sufrido otros y otras por personajes como los nombrados. Uno de ellos fue Jesús Aranda quien en febrero pasado lo hizo en La Jornada, antes de que nos abandonara en esta vida. Fue el 27 de febrero pasado cuando informó que desde marzo de 2015 el Ministro Presidente ordenó a la Contraloría del máximo tribunal iniciar las indagatorias correspondientes con respecto a las denuncias del grave delito llamado acoso sexual. Una semana antes de la fecha citada el expediente fue turnado al Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea para que elaborara el proyecto correspondiente y presentara al pleno en sesión privada su documento a fin de deslindar responsabilidades en el asunto que marco negativamente no sólo al Canal Judicial sino a la propia SCJN.
En junio pasado, Salvador García Soto en su reconocida columna Serpientes y Escaleras también mencionó estos hechos. Detalló, con el expediente en su poder, que a más de 2 años no se habían conocido sanciones contra los presuntos responsables de esas violaciones ‘graves’ a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En el expediente de la investigación de la Contraloría de más de 57 páginas –abundó García Soto–, el exdirector Enrique Rodríguez está acusado de “uso indebido de recursos públicos”, por haberse encontrado en su computadora de uso oficial 79 imágenes de contenido pornográfico o sexual, dos correos con el mismo contenido y consulta a páginas de contenido pornográfico. La inspección física de esos equipos de cómputo oficiales reveló “imágenes, videos, diapositivas, páginas de inicio de Internet y páginas web con contenido pornográfico y sexual” en los equipos asignados a Barradas, Silva, Villa Dávalos y Díaz Gutiérrez. Testimonios de al menos 20 empleados, declararon que era “común que vieran pornografía en las computadoras” y que tuvieran imágenes explícitas a la vista de otros trabajadores, además de usar un lenguaje con frases “de contenido sexual explícito” frente a mujeres en las oficinas.
La acusación de “acoso laboral, en la modalidad de maltrato físico” fue formulada y probada, según los testimonios de la Contraloría. El sujeto al que le tocaba el ‘Manto Sagrado’ era llamado por Silva a su oficina, se le obligaba a cubrirse con la manta y todos lo golpeaban aún tirado en el suelo, incluido el director Enrique Rodríguez, que según varios testimonios llegó a golpear a los empleados cubiertos con un objeto de plástico de les dejó lesiones visibles en la cara. La práctica era ‘obligatoria’ y a aquel que se resistiera o se quejara de las golpizas era marginado y relegado por los directivos del canal incluso con la disminución de prestaciones, órdenes de trabajo o lo comenzaban a aislar por no ser ‘de confianza’.
Las acusaciones de “acoso sexual ambiental” denunciado por varias mujeres y hombres que laboraban en el Canal Judicial, fueron documentadas y probadas, con base en diversos testimonios. “Esas prácticas efectuadas en forma sistemática y persistente en el centro del trabajo…resultaban humillantes y ofensivas para quien las percibe”, concluyó la Contraloría en su investigación.
Por lo menos 20 testimonios de empleados del canal judicial, reporteros, camarógrafos, conductores, dijeron haber visto a Barradas en repetidas ocasiones consumiendo bebidas alcohólicas, que mandaba comprar a los mismos empleados, y que consumía en su oficina en vasos de plástico o en botellas de refresco, “mientras subía las piernas en su escritorio”. Varios declarantes dijeron que era frecuente que el subdirector del canal llegara en estado alcoholizado a sus labores, sobre todo después de la hora de comida.
Es inaudito que en México se premie y no se castigue estos actos deleznables, mientras fuera del país las denuncias de acoso sexual acaban o dañan con las trayectorias de famosos, por ejemplo Knight Landesman, codirector de la revista ArtForum; Kevin Spacey, estrella de House of Cards; Roman Polansky, Wody Allen y Harvey Weinstein, todos ellos relacionados con la actividad cinematográfica, y recientemente en nuestro país, el director Gustavo Loza, señalado por Televisa –entre otros.
Pero en el ámbito de la política mexicana es lo contrario, a estos abusadores se les premia con puestos directivos, como si nada hubiera pasado. En el caso particular de este texto, se cuestiona también la falta de protesta de legisladoras cenecistas que conocen del caso y lo ignoran, funcionarias, organizaciones dedicadas a la defensa de las mujeres y de hasta las propias trabajadoras del gremio periodístico que hasta el momento no han expresado siquiera solidaridad con las víctimas del Canal Judicial.
