Juan Barrera Barrera
Dice la sabia voz popular que “La ropa sucia se lava en casa”, pero el PRI y el PAN, partidos que encabezas a las dos coaliciones políticas enfrentadas políticamente de manera feroz, han pasado a ventilar su guerra de aniquilamiento electoral total ante organismos regionales.
Si algo ha caracterizado al proceso electoral competido en México, federal y estatal, es precisamente su conflictividad postelectoral, de tal manera que han tenido que llegar hasta los tribunales electorales que son la última instancia y su decisión es inapelable, para determinar que fuerza política es la triunfadora. Y aun así, las inconformidades persisten.
Actualmente vivimos un conflicto preelectoral, en el caso de la contienda por la presidencia de la República entre la segunda y tercera fuerza como aparecen en las encuestas de opinión: la coalición Por México al frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; y la de Todos por México del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza.
Es un conflicto en el que están involucradas instituciones del Estado, concretamente la Procuraduría General de la República (PGR),o sea, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por un presunto lavado de dinero en una operación comercial de compra venta de un inmueble, por lo que el PRI acusa a Ricardo Anaya.
Ha sido tal la embestida del gobierno y su partido que el candidato perjudicado la ha estado librando con cierto éxito, pues hasta ahora no hay nada en concreto, incluso Anaya ha pedido a la PGR que proceda en su contra si lo considera culpable de haber cometido el delito por el que se le señala.
Como los boxeadores, el joven panista (“El joven maravilla”) se ha crecido al castigo, pues sus contrincantes del PRI y aliados no remontan el tercer lugar en las preferencias electorales, a pesar de la campaña de intenso golpeteo contra Anaya Cortés. Su equipo de campaña ha empezado a contraatacar, ahí están los spots de ambas formaciones políticas en donde acusan mutuamente a sus candidatos de estar ligados a la corrupción.
PAN y PRI involucran a la OEA en su pugna
La estrategia de descalificaciones ha llegado ya al ámbito externo. Los senadores panistas entregaron la semana pasada una denuncia política al representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Aníbal Enrique Quiñones Abarca, en la que acusan al gobierno de Peña Nieto de utilizar a la PGR en forma facciosa para desprestigiar a su candidato presidencial.
Los panistas piden al embajador Quiñones, además, un pronunciamiento con relación a lo que afirman es una persecución política y que su carta se la haga llegar al secretario general del organismo regional, Luis Almagro, e integrar el documento al Informe de la Misión de Observación Electoral que participará en el proceso electoral en México.
Fuerte el contenido de la carta del PAN y fuerte igualmente la respuesta del PRI, cuya representante, Claudia Ruiz Massieu, viajó hasta Washington para entregarle a Almagro una carpeta sobre las pesquisas de la Fiscalía que involucran al candidato frentista para que difunda esa información entre los Estados miembros de la OEA.
No han sido solo fuerzas políticas de México que involucran a la OEA en conflictos políticos internos. Venezuela es el caso más ilustrativo, pues en ese país los derechos políticos de la oposición han sido vulnerados y pisoteados por el régimen autoritario de Nicolás Maduro y su camarilla que lo secunda.
Las acciones de la OEA encaminadas al restablecimiento de la democracia venezolana han sido infructuosas, ya que en el seno de ese foro Caracas ha acusado a Almagro de intervencionista por intentar, sin éxito, aplicar la Carta Democrática Interamericana en una situación de ruptura del orden democrático en un Estado miembro. La posición de la OEA en el tema se ha complicado, como era comprensible, pues ha dividido a los países integrantes.
Hasta ahora el secretario general de la organización, Luis Almagro, no ha dado respuesta a las solicitudes del PAN y del PRI. El tema es muy delicado como para darle la razón a cualquiera de los dos cuando está en juego una elección presidencial.
El haber llevado el conflicto al seno de un organismo multirregional tendrá un costo político para el Estado mexicano y sus instituciones y para los propios partidos que decidieron lavar su ropa sucia en otro lavadero.
PRI no aprendió la lección de 2006
Tiene razón el PAN en cuanto a que el gobierno utiliza a la PGR para golpear a sus adversarios políticos y exonerar a los suyos. El martes Anaya se adjudicó un triunfo cuando el INE otorgó este martes medidas cautelares en favor del queretano por la difusión, por parte de la PGR, de un video que según la autoridad electoral podría haber vulnerado el principio de imparcialidad de las autoridades en los comicios.
Pero coincidencia o no, para algunos analistas más bien pareció un desquite, ya que al día siguiente, la cuestionada PGR determinó no ejercer acción penal contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal. La medida es también para el exsecretario de Hacienda de la entidad, Jaime Herrera Corral.
Santiago Nieto fue removido de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade) en octubre de 2017 por “violar el Código de Conducta de la institución”, según la PGR, la misma que difunde videos para golpear a un candidato y el encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, muy campante.
Cuando gobernó el esquizofrénico Vicente Fox el PAN también utilizó las mismas prácticas y a la misma institución, con una pequeña ayuda del PRI, para fines políticos al tratar de perjudicar a Andrés Manuel López Obrador y evitar que se presentara a los comicios presidenciales del 2006.
El PRI y Peña Nieto copiaron la receta al PAN y se la están aplicando, pero no aprendieron la lección. Finalmente Fox y compañía recularon en su intento de procesar a AMLO y terminaron por hacerlo crecer políticamente. El PRI no ha podido desbancar al PAN del segundo lugar de las preferencias electorales, pese a su pesada artillería política y José Antonio Meade no crece, por tanto, cuando inicien formalmente las campañas no habrá podido superar la prueba de aniquilamiento político de su adversario inmediato y no podrá pasar al siguiente nivel, es decir, le será muy difícil descarrilar a López Obrador, pues llegará muy desgastado ante la ciudadanía harta de guerras sucias.
