Promete AMLO aplicar una política de austeridad en el gobierno y tener un presupuesto que promueve el desarrollo, la producción y el empleo para, de esta manera, garantizar el bienestar de la población en todo el país
José María Gijón
Proyecto 18, documento base del plan de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición “Juntos haremos historia”, contiene el conjunto de promesas de campaña destinadas a “construir un proyecto de nación con la visión de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”. El documento se estructura en cuatro rubros, que cubren temas de la agenda nacional como salud, política, educación, cultura, seguridad y gobierno, entre otros rubros.
En el apartado de Política y Gobierno, López Obrador promete recuperar el papel del Estado como principal impulsor del desarrollo, por lo que propuso lograrlo a través de la distribución justa de la riqueza de la nación, haciendo “realmente público” el presupuesto para disminuir la desigualdad y garantizar condiciones de vida dignas.
Según la propuesta de AMLO, el Estado no se diluirá frente a las fuerzas del mercado, ya que su función básica es “salvaguardar la soberanía y evitar que los pocos que tienen mucho se aprovechen y abusen de los muchos que tienen poco”. Esto sin oponerse al sector privado, sino a la riqueza mal habida.
Sobre el tema de la corrupción, el candidato de la coalición “Juntos haremos historia propone realizar una vigilancia estricta de aquellos actores privados que realicen tareas gubernamentales o que manejen recursos públicos, dado que “muchas veces los problemas más graves de la corrupción emergen no del Estado, sino fuera de él”.
Se aplicarán las leyes de transparencia y rendición de cuentas sobre estos actores o corporaciones, instaurar la técnica jurídica de “levantamiento del velo” para exigir total transparencia, combatir la impunidad mediante tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión, elaborar un padrón de contratistas sancionados, establecer una regulación estricta en Asociaciones Público-Privadas y transparentar la publicidad gubernamental en los medios de comunicación.
Para la eliminación de conflictos de interés promete promulgar la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, dar autonomía total o ciudadanización plena a los órganos de combate a la corrupción, promover la transparencia e impartición de justicia, además de fortalecer las disposiciones preventivas y punitivas en esta materia.
Austeridad gubernamental
Prometió aplicación de una política de austeridad en el gobierno, con lo que se contaría con presupuesto para “promover el desarrollo, la producción y el empleo para, de esta manera, garantizar el bienestar de todos”.
Contempla también la eliminación de las llamadas “pensiones onerosas” y otros privilegios asignados a los expresidentes del país. Dado que los recursos destinados a este fin se incorporan en el Presupuesto de Egresos, López Obrador promete promover una iniciativa de ley o reforma constitucional para dar claridad a la situación jurídica y salarial de los exmandatarios.
Entre las medidas anticorrupción se encuentra la realización de licitaciones públicas en línea y con control social, para que “cada peso público sea completamente monitoreado”. Junto con esto se fincarían responsabilidades por incumplimiento de licitaciones públicas, se harían obligatorios los programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en las compras públicas y se prohibirían las adjudicaciones directas.
Respecto a la política exterior, el candidato planea entablar un nuevo diálogo con América del Norte, asegurando la defensa de los mexicanos; recuperar la agenda de desarrollo con Latinoamérica, dando especial atención a la frontera con Centroamérica y utilizando la Agenda 2030 como marco de acción; incrementar la participación en la Unión Europea y el mercado asiático, identificando áreas de oportunidad con los países nórdicos (energías renovables y educación), Italia (seguridad y Pymes), España (cultura), Rusia (ciencia) y Turquía.
La problemática de la migración se considera desde cinco objetivos principales: promover el desarrollo integral de las principales zonas expulsoras de la población migrante, redirigir las prioridades consulares hacia la protección de los derechos humanos de esta población, impulsar una nueva política pública migratoria, incorporar a la sociedad civil en la evaluación y desempeño de un nuevo trato para con este sector y reducir la porosidad y vulnerabilidad de la frontera sur.
Gabinete de Seguridad
En el rubro de la seguridad se considera el rediseño de las instituciones relacionadas, además de la coordinación y profesionalización de los cuerpos de seguridad, dando especial énfasis a la inteligencia por encima de la fuerza. Esto se haría a través de un gabinete de seguridad, instancia de coordinación permanente dirigida por el Ejecutivo y compuesta por la Fiscalía General de la República y las secretarías de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
Para la coordinación de los cuerpos de seguridad se consideraría al Ministerio Público para que encabezara las estrategias, coordinándose con la policía federal. Si bien esto ya se prevé en el Artículo 21 Constitucional, el documento de la propuesta menciona que esto no se ha materializado adecuadamente.
En conjunto, se crearía la Secretaría de Seguridad Pública para quitarle a la Segob atribuciones que no le competen y el Consejo Nacional de Seguridad Pública se conservaría como instancia deliberativa y de consenso con los estados.
Otra dependencia que se crearía sería la Policía Turística, adscrita a la Policía Federal, cuyo objetivo será garantizar la seguridad en zonas turísticas de alta incidencia económica. Y, por último, se analizaría la pertinencia de crear una Guardia Nacional.
Se instrumentará un programa de prevención social de la violencia y el delito, focalizado en demarcaciones prioritarias con base en factores de riesgo y con miras a reducir la carga presupuestal del sistema penitenciario. Al mismo tiempo se establecerían mecanismos de evaluación del diseño de las acciones, del proceso y de los resultados.
Estímulos laborales a estudiantes
En el terreno de la educación, el proyecto está diseñado en torno de generalizar la gratuidad de todos los niveles educativos, estableciendo un programa educativo y estímulos laborales para mayores de 15 años que no han concluido su educación básica.
Entre las metas urgentes del candidato se encuentran erradicar el analfabetismo, otorgar becas de transporte y/o mantenimiento a los estudiantes más marginados, establecer comedores y albergues escolares en esas zonas, dotar de materiales a todas las escuelas básicas, establecer el programa de estímulos laborales, financiar un programa de consolidación de la infraestructura básica de la educación básica, fortalecer la educación secundaria y de bachillerato y establecer internados o residencias estudiantiles para situaciones de violencia o desintegración familiar.
Otra de las promesas dentro del mismo rubro es la inclusión de 150,000 jóvenes excluidos del Subsistema de Educación Media Superior en un “proyecto educativo emergente” brindándoles una beca anual de 29,000 pesos e integrando a 5,000 docentes para su formación.
Derecho a la salud
En materia de salud se comprometió a lograr que en el Sector Salud se de la universalización en el acceso y la calidad de los servicios, así como en la equidad de la asignación de recursos; la priorización de la población pobre y excluida de los servicios de prevención y salud, garantizando la equidad y un enfoque dirigido a la promoción, prevención e integridad, con prioridad en la educación de la salud.
Para llevar a cabo estos objetivos se transformará el modelo de atención sanitaria, dirigiéndolo hacia la atención primaria integral; el fortalecimiento del trabajo transversal con otras instancias de gobierno y la industria, para favorecer ambientes colectivos saludables; la ampliación del sistema público de salud, con énfasis en las unidades de primer nivel; combatir la corrupción y mejorar la administración, entre otros puntos incluidos en Proyecto 18.
Propuesta de Gabinete Presidencial 2018/ 2024:
Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Secretaría de Gobernación.
Graciela Márquez Colín, Secretaría de Economía.
Carlos Manuel Urzúa, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Rocío Nahle, Secretaría de Energía.
Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo.
Esteban Moctezuma, Secretaría de Educación
Alejandra Frausto Guerrero, Secretaría de Cultura.
Javier Jiménez Espriú , Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, Semarnat.
Miguel Torruco Márquez, Secretaría de Turismo.
Héctor Vasconcelos, Secretaría de Relaciones Exteriores.
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaría de la Función Pública.
Jorge Alcocer Varela, Secretaría de Salud.
María Luisa Albores González, Secretaria de Desarrollo Social.
Román Guillermo Meyer Falcón,SEDATU.
Víctor Villalobos, titular de la Sagarpa
