Reducir los precios de los combustibles ilusión que se mantendrá en la mente de los mexicanos por lo menos durante los siguientes tres años, pues una vez que se construyan nuevas refinerías tenderían a la baja
José Ma. Gijón
Uno de los grandes malestares de la población surgidos en la presente administración se dio el primero de enero del año 2017, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la liberalización del mercado de los combustibles.
Mediante un spot, el mandatario informó a la nación de la medida, justificando que de mantener el precio artificial se habrían tenido que recortar programas sociales o incrementar los impuestos, en detrimento de la población.
De esta forma, el gobierno pasó a ajustar semanalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de acuerdo con el comportamiento del tipo de cambio y el precio del petróleo a nivel internacional.
No obstante, hasta el momento no han sido palpables los beneficios de la decisión gubernamental. Según información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el aumento ha provocado que los consumidores paguen un sobreprecio del 29.7% por la gasolina Magna, y uno de 29% por la Premium, respecto de los costos estadounidenses.
Debido al efecto que esto ha generado, en perjuicio la economía de las familias y afectando los niveles de inflación, desde su campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su administración se detendría el aumento y sólo se ajustaría en proporción de los índices inflacionarios.
Posteriormente, pasadas las elecciones, el abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” se reunió con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y afirmó que “no sólo no habrá gasolinazos sino que el gas y el diesel no van a subir más que la inflación en tres años y después, ya que tengamos producción de gasolina en México, vamos a bajar los precios”.
En función de lograr la baja en los costos, López Obrador señaló que en los primeros años de su administración se invertirá en la construcción de refinerías que permitan dejar de comprar gasolina en el extranjero, eludiendo a su vez la necesidad de depender de los precios del exterior y del tipo de cambio para definir el precio.
Para evitar la subida de precios en lo que se llevan a cabo tales obras, el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, aseveró que se implementaría un plan arancelario para controlar el aumento constante, estableciéndose un precio fijo desde inicios del próximo año con ajuste a la inflación y que se mantendría durante todo 2019.
Esto, debido a la percepción general de que la disminución vendría de forma inmediata, sumado al hermetismo inicial sobre fechas concretas, generó indignación y críticas en torno al político tabasqueño, además de que distintos actores destacaron los posibles efectos negativos de la propuesta en las finanzas públicas.
En primer lugar, se ha indicado que una de las principales consecuencias sería que las arcas federales resientan la medida, puesto que un aumento en el precio del diesel, del gas o de la gasolina a nivel internacional se traduciría en una recaudación menor por IEPS.
Frente a esto, Abel Hilbert, asesor económico de López Obrador, señaló que es una situación que ya se da, puesto que en ciertos meses el gobierno ve mermada su recaudación al aumentar el precio de la gasolina en el exterior y viceversa.
Por otro lado, la calificadora Moody’s Investors Service consideró que el mantener estímulos fiscales para el IEPS es un factor negativo porque reduciría el crecimiento de los ingresos y afectaría crediticiamente a los estados y los municipios, además de que indicaría que “el gobierno federal continúa demorando la total liberalización de los precios de la gasolina”.
De opinión similar es el banco Barclays, que reconoció la viabilidad de la medida de López Obrador pero también destacó los efectos negativos a largo plazo. “Requeriría un subsidio creciente que podría alcanzar hasta el 2% del PIB en los primeros años, que debe ser financiado por el gobierno federal o Pemex”, asentó.
Además, Sergio Luna, director de Estudios Económicos en Citibanamex, advirtió que existe la posibilidad de repetir el “gasolinazo” de 2017 ya que “el costo de mantener estos apoyos se puede hacer sustancial, induciendo a soltar los precios de los combustibles”.
Para algunos empresarios gasolineros la solución vendría de reducir o inclusive eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el IEPS, con lo que “el precio de la gasolina en México podría bajar entre 20 y 30 %”, según el director general de Hidrosina, Paul Karam.
