Juan Barrera Barrera
Después de la aplastante victoria de Morena en las elecciones del primero de julio en casi todo el territorio nacional, en donde será mayoría en algunos estados, los gobiernos salientes empiezan a ser reformas constitucionales con el objetivo de atarles las manos a los próximos legisladores y evitar que sean verdaderos contrapesos a los ejecutivos estatales.
Es el caso por ejemplo de Sonora, en donde la gobernadora, Claudia Pavlovich, intento manipular al legislativo saliente, ahí el PRI tiene mayoría, para realizar reformas que le facultarían no consultar a los diputados para imponer sus políticas públicas. Por fortuna, la acción se denunció a tiempo por quien será el próximo titular de seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, y la priísta paró la iniciativa por los altos costos políticos que le acarrearía a ella y a su partido.
El estado de México no es la excepción en eso de reformar ordenamientos constitucionales antes de la llegada la nueva mayoría. En los últimos días de julio los diputados del PRI y sus socios del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social a los que se sumaron los del PT, con los votos en contra del PAN, PRD y Morena, aprobaron la refinanciación y reestructuración de la deuda por un monto de más de 43 mil millones de pesos y del sistema de pensiones.
El martes 24 de julio por mayoría encabezada por el PRI (41 votos a favor contra 16 en contra), las dos iniciativas promovidas por el gobernador, Alfredo del Mazo, fueron aprobadas por la vía rápida con la complicidad algunos diputados que no se presentaron a la trascendente sesión. Por el PAN faltaron seis legisladores; por el PRD cinco; y cuatro de Morena.
Estas tres fuerzas políticas tenían la capacidad de revertir ambas iniciativas, ya que conjuntamente sumaban 30 votos de 75, y para aprobar las iniciativas se requerían de 50. El PAN y PRD tenía 12 diputados, respectivamente, mientras que Morena seis, pero los opositores faltistas posibilitaron el triunfo de Del Mazo que vulnera el derecho de los trabajadores a tener una pensión digna.
La actitud de los diputados que no se llegaron a la sesión de ese día ha levantado muchas sospechas que apuntan hacia la compra de su conciencia, a reserva de aclararse el asunto. Ellos sabían de la trascendencia de las iniciativas ¿no llegaron por problemas de salud? ¿por causas de fuerza mayor?
Son de sobra conocidos los métodos y la capacidad para “convencer”, comprar o corromper del gobierno del Estado. En la primera mitad del gobierno de Arturo Montiel, el PRI ayudó a la división de la bancada blanquiazul, cuando Acción Nacional expulsó a 13 diputados panistas presuntamente por aliarse con los priístas.
El PRI y sus aliados de la 59 Legislatura local aprobaron, sin discusión, por mayoría de votos la reestructuración de la deuda pública estatal hasta por 43 mil millones de pesos y la emisión de certificados de crédito de corto plazo para obtener liquidez inmediata, es decir, que faculta al gobernador a endeudar más a los mexiquenses.
Migración del sistema de pensiones solidario al privado
Y ante un contingente de trabajadores descontentos que se manifestaron en la entrada del Congreso mexiquense, los legisladores aprobaron la nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que plantea migrar el sistema de pensiones a las Afores y, tácitamente, el aumento de la edad de jubilación. Se cuestiona que el gobernador no exploró, ni quiso, otras opciones o modelos de pensiones e impuso el suyo que va en similitud con el federal.
Fue una imposición de los diputados que se negaron a recibir a una comisión de trabajadores del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), fue un albazo, ya que la iniciativa ni siquiera fue leída puesto que hubo dispensa de trámite (los priístas y socios del Verde, Panal, PES y PT tenían prisa por sacar la iniciativa de Alfredo del Mazo), con lo que consumaron un atentado a los derechos de los trabajadores del gobierno del estado de México, pues la reforma implica la precarización de sus jubilaciones.
En la reforma del 2012, se incrementaron las aportaciones para la atención médica y el sistema de capitalización individual, además se aumentó la edad de jubilación de 60 a 63 años. Con las nuevas modificaciones se entierra el sistema solidario operado por el Estado y pasa a un nuevo modelo de pensiones basado en el sistema de cuentas individuales (Afores) y pensión garantizada, donde la pensión será proporcional a las aportaciones individuales de los servidores públicos, más los intereses de toda su vida laboral.
Las iniciativas de Alfredo del Mazo (reestructuración de deuda pública y pensiones) tienen como único argumento la crisis financiera tanto de liquidez del gobierno del estado como del ISSEMyM (el gobernador llegó al poder tras una elección muy cuestionada por los cuantiosos de recursos económicos que le giró el gobierno federal, aparte de los estatales). ¿Desde cuándo el gobernador sabía de estas crisis? ¿o es que apenas le explotó o ya la traía arrastrando y no informó al Congreso?
Hay una fuerte y válida exigencia de los trabajadores al servicio del gobierno estatal y del magisterio de que se haga una auditoría externa al ISSEMyM y que se dé a conocer, que se hagan públicos los estados financieros e incluso se ha denunciado que Arturo Montiel dispuso de 5 mil millones de pesos de ese instituto y que no se han recuperado, asunto que el gobierno estatal también tiene que aclarar porque eso huele a corrupción, y ese fenómeno acabó con la vida política del ex gobernador.
Opacidad y corrupción en el manejo de los fondos de pensión
Hay fuertes señalamientos en el sentido de que por mucho tiempo los gobiernos estatales en turno se han manejado en la opacidad en cuanto al manejo y transparencia de las cuotas que instituciones gubernamentales, especialmente se habla de ayuntamientos y de la UAEM que retuvieron a los trabajadores y no las entregaron al ISSEMyM.
En el caso de la Universidad, que está involucrada en la llamada estafa maestra, caso de corrupción que le explotó al gobierno presidente Enrique Peña Nieto, profesores disidentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) señalan que la institución no ha entregado unos 850 millones de pesos al ISSEMyM y se sospecha que fueron a parar a la campaña de Alfredo del Mazo.
El SMSEM cuenta con dos fondos (el de retiro y el de jubilación) y el gobierno estatal retiene sus cuotas de los profesores, pero se sabe que esos recursos no han sido entregados a la secretaría de Finanzas del gremio magisterial, que por cierto tiene dos representantes ante el Consejo de Administración del ISSEMyM, pero que no informan a la base magisterial, puesto que las dirigencias sindicales han sido proclives y controladas por el PRI.
Tanto a nivel federal como en el estado de México, la relación corporativa PRI-Gobierno-Sindicatos es histórica, pero a partir de este golpe a los trabajadores se espera una fuerte ruptura de las bases con el llamado “charrismo” sindical y el partido que lo arropa, que ha navalado las iniciativas del gobernador o han sido omisos, como en el caso del diputado priísta Omar Velázquez Ruiz, del sindicato Único de Trabajadores de Estados y Municipios (SUTEyM).
El magisterial es el gremio más numeroso, cuenta con una membresía de poco más de cien mil agremiados (el Edoméx tiene 375 mil servidores públicos derechohabientes y casi 69 mil jubilados), pero sus prácticas sindicales se asemejan mucho a las de Elba Esther Gordillo. Su dirigente Abraham Saroné Campos, diputado estatal electo, rechaza el nuevo esquema de pensiones, pero acepta que el 3.5% de incremento a las cuotas y aportaciones que estipula la nueva ley del ISSEMyM se haga de forma gradual.
Solo queda esperar a que entre la próxima Legislatura y fije su postura sobre estas polémicas reformas, ya que por la nueva composición Morena y partidos aliados pueden revertir las disposiciones aprobadas.
