- El consumidor en México merece mayor atención
- Un marco nacional, con un administrador privado, lo más viable
En fechas recientes, y ante los representantes de la industria de distribuidores de automóviles en México, el Secretario de Economía, Dr. Ildefonso Guajardo, impartió todo una cátedra sobre el acuerdo automotriz en el marco del tratado que actualizará al TLCAN.
De entre los demás especialistas convocados a dicho evento, Rafael Portillo Larrazolo, Director General de NR Finance México y ANZEN Broker, y Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, manifestó la urgencia de actualizar el marco legal que regula la comercialización circulación e internación de los automóviles en el país.
El Registro Público Vehicular, REPUVE, adolece de múltiples limitaciones, entre las que destacan la muy limitada participación de los sujetos obligados a remitir información a dicho registro, la limitada infraestructura con la que cuenta y, en general, el impacto limitado que tiene en la procuración de justicia en nuestro país.
Entrevistado para ampliar sobre la posición manifestada en el Foro Automotriz, Carlos Provencio, Consejero Delegado de la AMFE, comenta que esta asociación, misma que engloba a las financieras automotrices de marca con operaciones en nuestro país, trabaja diversos aspectos de un nuevo marco normativo que atienda a las realidades por las que atraviesan los usuarios de automóviles en México, las financieras, las aseguradoras, los gobiernos federal y estatales y las autoridades de procuración de justicia e investigadoras, por mencionar algunos.
Las premisas a partir de las cuáles el sector de financiamiento automotriz de AMFE elabora su propuesta, parten de la base de que el vehículo representa un bien que, por sus características, debe inscribirse en una base de datos, un registro, desde el momento en que se comercializa o interna al país, hasta que el vehículo sea destruido o exportado en definitiva.
El registro vigente está basado sobre el interés de las autoridades de procuración de justicia, cuya información depende de más de trece mil sujetos obligados a remitir información, los cuáles no tienen mayor incentivo para ello.
El esquema tecnológico con que cuenta el registro es deficiente, por lo que la información tarda o de plano no es procesada en forma adecuada, pese a los esfuerzos institucionales. Además, el marco, de naturaleza federal, permite a cada Entidad Federativa aplicar normas estatales diversas que, en algunos casos, no permiten al registro cumplir con sus atribuciones.
Ante ello, la AMFE se concentra en un conjunto de premisas que buscan generar un registro de alcance nacional, en concordancia con lo que plantea la AMDA, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal forma que puedan alinearse los intereses económicos de la misma dependencia; de las entidades federativas, de los propietarios de los vehículos, financiados o no, de las aseguradoras, y, por supuesto, de las autoridades de procuración de justicia, las cuales, pasarían a ser usuarios de la información, misma que se buscaría fuera recabada y administrada, bajo los más estrictos controles de seguridad, por una instancia concesionaria del Estado mexicano, a través de la SHCP.
Las premisas son congruentes con la necesidad de proteger los intereses de los millones de usuarios y proveedores de esta importante industria en el país. Al tiempo.
