Claudia E. Anaya (*)
Pintan lejanos aquellos días que parecían prometer un cambio más bien gradual en el gobierno. Pasamos de tener declaraciones que llamaban a tener por segura la continuidad de aquello que funcionó en la administración saliente para ahora ver cómo muchas promesas se van desdibujando mientras llegan otras más escabrosas. Todo bajo los parámetros de supuestos ejercicios democráticos que se reducen a decisiones unilaterales.
Ejemplo de lo anterior lo vimos la semana antepasada, cuando grupos de comunidades indígenas se mostraron en contra del proyecto del Tren Maya por no atender a sus intereses y por el hecho de que es una obra ya iniciada, sin haberse hablado al respecto.
Frente a esto, el futuro titular del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, salió a decir que la construcción del tren no implica el desplazamiento, la explotación ni la colonización de estas comunidades, sino que (por el contrario) el trayecto respetará su integridad.
Regino Montes destacó que el nuevo gobierno “de ninguna manera decidirá cuáles son las prioridades de desarrollo de los pueblos a partir de sus potencialidades, sino que ellos definirán sus prioridades”, haciendo hincapié en la existencia de dos consultas separadas.
La primera de ellas, realizada el fin de semana pasado con un costo de un millón 800 mil pesos, tuvo por objetivo preguntar a la población si está de acuerdo o no con 10 programas principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el Tren Maya
La segunda, en cambio, será para recoger la voz de las comunidades pertenecientes a los estados donde se edificará el tren (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas). De acuerdo con el jurista, es necesario distinguir entre ambas, particularmente porque la segunda “es un derecho colectivo que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, y que ejercen como tales a través de sus autoridades e instituciones representativas”.
De la necesidad de un mecanismo de consulta dedicado a los pueblos indígenas dijo mucho; sobre el cuestionamiento respecto a que ya se tuviera una fecha para el arranque del proyecto, el posible impacto ambiental o la falta de participación de las comunidades, dijo pocas cosas concretas, ya que no “quisiera adelantarse”. Curioso en un gobierno que empezó a mandar meses antes de entrar.
Posteriormente, respecto al mismo tema, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid se mostró poco conforme con el ejercicio, considerando que se eligió al gobierno para que tome las decisiones sobre los temas complejos.
El titular de la Sectur hizo énfasis en que es algo que carece de sentido, pues “más bien se trata de vestir de democráticas decisiones ya tomadas (…) no es que realmente quieras preguntarle a la gente lo que estás queriendo hacer; es vestir de democrático lo que ya se decidió”.
Sobre los rumores de que se utilizarán los recursos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para ocuparlos en echar andar el proyecto del tren, De la Madrid comentó que es algo preocupante ya que los fondos sirven como contrapeso a la imagen negativa que generan los temas de violencia y los constantes ataques del presidente Donald Trump, además de que han servido para financiar eventos como la Fórmula 1, la NFL y el Cirque du Soleil.
Pese a estas advertencias, todo parece apuntar a que se modificará el funcionamiento del Consejo. Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, indicó que ahora será el Ramo 21 de la Sectur el que cumpla la función de promoción.
Nuevamente, con los resultados de la encuesta a la vuelta de la esquina y la casi segura aprobación del proyecto, sólo quedará ver cómo se van develando todos los detalles en torno al Tren Maya y si es que su puesta en marcha no resultará en una edificación ineficiente que empañe el gobierno del “pueblo bueno”.
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(*) Directora Adjunta de la Revista Hábitat Mx
