Prevista en un inicio para el 3 de mayo, la comparecencia de Lula fue pospuesta a finales de abril para el 10 de mayo por el riesgo de violencia entre manifestantes a favor y en contra el exmandatario
Río de Janeiro.- El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva declarará mañana, miércoles, por primera vez ante el juez del «caso Petrobras» por los delitos de corrupción que se le imputan, en un proceso de alta tensión que será seguido a las puertas del tribunal por miles de detractores y seguidores del político.
La Justicia brasileña negó este martes el pedido de los abogados de Lula para suspender la audiencia y lograr más tiempo para el “análisis de la documentación antes del interrogatorio”, así que el exsindicalista se defenderá mañana miércoles ante el juez Sergio Moro.
Prevista en un inicio para el 3 de mayo, la comparecencia de Lula fue pospuesta a finales de abril para el 10 de mayo por el riesgo de violencia entre manifestantes a favor y en contra el exmandatario, una de las figuras políticas más influyentes en Brasil.
La ciudad brasileña de Curitiba, en el sur del país, donde se inició la Operación Lava Jato que ha destapado una de las mayores tramas de corrupción de Brasil y de toda América Latina, comenzó a recibir manifestantes este martes y se prepara para una jornada de tensión en las calles.
Moro, el magistrado que interrogará a Lula, es considerado por parte de los brasileños como un héroe nacional por su lucha contra la corrupción política, pero el Partido de los Trabajadores (PT) del exlíder lo califica de parcial y cree que lleva a cabo una «caza de brujas» contra el expresidente para inhabilitarlo políticamente.
Luis Inacio Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, una de las épocas de mayor prosperidad y reducción de la pobreza de la historia del país, está imputado en cinco causas judiciales diversas, tres de ellas por su supuesta participación en la trama corrupta revelada por la Operación Lava Jato.
El empresario Marcelo Odebrecht, expresidente de una de las mayores constructoras de Brasil y condenado por corrupción, aseguró a la Justicia que su empresa entregó 13 millones de reales (unos 4.3 millones de dólares) a Lula en efectivo entre junio de 2012 y marzo de 2014.
Otros empresarios confirmaron que Lula recibió ilícitamente dinero y bienes, como por ejemplo un departamento de tres plantas en el litoral de Sao Paulo y una casa de campo en el mismo estado.
El exlíder sindical niega todas las acusaciones y asegura que quieren impedirle presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, en las que es el máximo favorito en todas las encuestas.
El cerco judicial amenaza con dejarle fuera de la carrera presidencial, ya que la ley en Brasil –denominada “Ficha Limpia”- impide que cargos electos ejecutivos sean disputados por condenados en segunda instancia en casos, por ejemplo, de corrupción.
