Ciudad de México.– El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para revisar el programa de Cobranza Social y diseñar una política que ponga en el centro de su actuar el derecho humano a la vivienda, informó el Director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.
El propósito de esta agenda de colaboración es establecer un estándar en materia de derechos humanos que sea el marco rector de todas las actividades de cobranza social, y así fortalecer el propósito del Instituto a partir de este principio humanista y evitar afectaciones a los derechos procesales de los derechohabientes, impulsar un programa de capacitación en esta materia e implementar medidas de atención efectiva y oportuna a las y los trabajadores que presenten una denuncia por malas prácticas por parte de despachos.
Adicionalmente, este estándar definirá elementos de calidad, transparencia y desempeño a los despachos de cobranza, a partir de la evaluación de sus métodos y resultados, además de dar mayor claridad y certidumbre en los procesos de escrituración.
El pasado 27 de diciembre de 2018, la administración solicitó al Comité de Auditoría Interna del Consejo de Administración incluir en su programa de trabajo 2019 una auditoría para detectar responsabilidades, malas prácticas u omisiones en el proceso de recuperación de viviendas irregulares -conocidas como DAVI (Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas e Invadidas)- que hayan dado lugar a la adjudicación ilegal de inmuebles.
Lo anterior se suma a la suspensión temporal de los procesos de Subastas de Vivienda recuperada que se anunció en diciembre pasado. Con estas acciones será posible analizar detalladamente las causas del abandono de vivienda, y con base en dicho análisis, diseñar soluciones para atender integralmente este fenómeno, con énfasis en la recuperación del entorno urbano.
El Infonavit es una de las instituciones financieras más sólidas del Estado Mexicano. Es la cuarta hipotecaria más grande de mundo y la primera en América Latina, y su actual administración refrenda el compromiso con las y los trabajadores y su derecho a la vivienda adecuada, a través de una mejora de sus procesos, atendiendo todo el tiempo a la transparencia y la rendición de cuentas.
