- López Obrador vs organizaciones civiles
- Amilcingo o el San Salvador Atenco de AMLO
Juan Barrera Barrera
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido un inicio de gobierno muy intenso y conflictivo en tan poco tiempo y, como sus antecesores, ha marcado su estilo personal de gobernar, no muy diferente, por cierto, a los demás mandatarios que lo antecedieron.
En estos casi tres meses de gobierno, AMLO ha puesto en práctica lo que de alguna manera se sabía: el componente autoritario. Como todo hombre del poder, el tabasqueño no resiste la más mínima crítica, y tiene respuesta inmediata y a veces torpe.
El primer mandatario ha dicho que ejercerá su derecho de réplica o de responder a cualquier señalamiento o crítica ya sea a su persona o a sus acciones de gobierno. En efecto, está en todo su derecho. López Obrador ha tomado la iniciativa de señalar, descalificar y cuestionar a las Organizaciones No Gubernamentales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a las que ha clasificado de derecha y conservadoras.
Estas organizaciones comenzaron a despuntar allá por los años setenta, en tiempos de gobiernos represivos y ante los oídos sordos, la indiferencia y falta de instancias defensoras de los derechos de los ciudadanos, entonces la sociedad se dio a la tarea de organizarse para ampararse contra decisiones arbitrarias de los regímenes priístas.
Eran los tiempos del partido prácticamente único (PRI) y de la guerra sucia que dejo decenas de muertos, desaparecidos y presos políticos, de ahí que una parte del pueblo se agrupara en el Frente Nacional contra la Represión (FNR) para exigir justica, organización que encabezó Rosario Ibarra de Piedra, a quien AMLO le dio su voto para la presidencia de la República.
Han sido incómodas para el poder político autoritario, sí, pero en realidad han hecho una tarea importante en la construcción de una sociedad más justa y un país más democrático. De vez en vez se le estigmatiza, como ahora lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien seguramente ha visto que muchas de estas organizaciones han lucrado con sus membretes.
Es cierto que algunas ONGs y OCS se han formado a instancias partidistas con la sola finalidad de aprovechar los programas gubernamentales y hacerse de recursos públicos no precisamente para causas nobles o defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, sino para generar clientelas electorales.
Otras más se han creado a la sombra de los poderes fácticos, que son a las que seguramente AMLO se refiere como conservadoras o de derecha. A principios de la semana el mandatario, en una de sus conferencias mañaneras, dijo que no conocía gente de izquierda, o muy poca, en la sociedad civil y que “todo lo que tiene que ver con sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta grandes consorcios promueven a la sociedad civil…es una bandera la sociedad civil”.
Es el caso de las relacionadas con el empresario Claudio X. González Guajardo, (hijo del empresario del mismo nombre e ideólogo de los grandes magnates mexicanos): Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Mexicanos Primero, que busca impulsar cambios y reformas al sistema educativo nacional.
Organizaciones civiles son parte del pueblo
¿Por qué AMLO tiene que hacer esa diferencia entre las organizaciones civiles entre izquierdas y derechas? ¿Realmente no conoce alguna organización civil con el sello de izquierdista?
Dice el presidente López Obrador, en referencia a la inseguridad pública: “Ahora que queremos nosotros atender este problema gravísimo, en vez de que ayuden nos están poniendo trabas. Siempre son los expertos los que deciden, o los integrantes de la sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supieran. Puro experto, puro diagnóstico, estudios, contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas…”
Realmente quienes han tomado las decisiones de políticas públicas o trascendentales que afectan a la sociedad han sido los partidos políticos y los gobiernos en turno. Las organizaciones civiles han empujado, han colaborado en temas muy puntuales para cambiar las cosas. Los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, ha sido un camino largo contra el conservadurismo (AMLO, por cierto, es de los que se ha opuesto a esta iniciativa).
Las organizaciones civiles, la gran mayoría, son una porción del pueblo, de ese pueblo al que el tabasqueño se refiere. Ahí nacieron, otras elitistas si se quiere, aparecieron para dedicarse a temas más particulares, que los gobiernos en turno no han querido realizar por ser parte del problema, como el combate a la corrupción y la impunidad, trabajo sin el cual el caso Odebrecht seguramente no habría investigación.
Las ONGs u OSC pueden ser de ayuda a los gobiernos abiertos, transparentes, que se precien de democráticos, pero tiene que haber voluntad del soberano. Desde luego que las organizaciones civiles también sirven como visores de los gobiernos y eso por supuesto que no les gusta a los gobernantes que quisieran la carretera libre para la toma de decisiones sin obstáculos, como lo ha querido hacer AMLO (v.g. el intento de reforma a Pemex para darle más atribuciones al director general) para acelerar su proyecto de nación.
Amilcingo o el San Salvador Atenco de AMLO
El líder social asesinado en Morelos, Samir Flores Soberanes, pertenecía a una organización civil de la comunidad de Almicingo que encabezaba la lucha en defensa de la tierra contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) que consiste en la construcción de una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto en Huexca, que abarca 24 municipios (nueve de Tlaxcala, diez de Puebla y cinco de Morelos).
El crimen contra el activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) y fundador de la Radio Comunitaria de ese lugar tuvo lugar unos días de que se lleve a cabo una consulta para que “el pueblo decida” si se construye la termoeléctrica o no. López Obrador desoyó la petición del Frente y de la CNDH para que suspendiera la consulta y en la conferencia mañanera de ayer confirmó que la consulta popular va.
Al respecto, Raúl González Pérez, titular de la CNDH emitió medidas cautelares para que las autoridades federales valoraran las condiciones de aplicar o no la consulta y que ésta cumpla con los estándares que debe privar, “sobre todo en pueblos originarios, de consulta previa, libre, culturalmente adecuada, informada y de buena fe”. El llamado a esta reflexión fue olímpicamente desechado. El Ejecutivo manda y los demás deben acatar.
El pueblo morelense se siente agraviado, pisoteado por un gobernante que creían diferente a los demás. Están desencantados por la forma en que López Obrador los ha tratado, de izquierdistas radicales, conservadores (¿la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un acto progresista?).
El diálogo y la tolerancia son valores de la democracia moderna que los hombres del poder suelen obviar. Nunca es tarde para sentarse a dialogar, sin descalificaciones anticipadas. Esa iniciativa puede desactivar conflictos sociales que podrían ser más costosos para la convivencia política. A falta de entendimiento, Amilcingo puede convertirse en el San Salvador Atenco para AMLO.
Queremos un Estado fuerte, lo necesitamos, pero no un Estado autoritario.
