Ciudad de México.- La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, aseveró que la participación ciudadana será un motor para proteger el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo democrático.
Durante la inauguración del Foro Nacional “Planeando juntos la transformación de México”, como parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, estimó que en el mediano plazo la sociedad mexicana tendrá la capacidad de incidir en todas las esferas de la vida pública.
Indicó que el Estado mexicano debe garantizar el ejercicio de las libertades cívicas, garantizar condiciones de paz y justicia, propiciar la prosperidad y el desarrollo, además de consolidar una visión de justicia y Estado de derecho apegada a los derechos humanos.
En el Foro Nacional que se realiza este fin de semana, abundó que la labor del gobierno es impulsar políticas públicas, leyes e instituciones que promuevan estos principios en atención a los intereses nacionales, así como garantizar que el marco legal sea respetado a cabalidad.
Al respecto, la funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob), comentó que la Justicia y el Estado de derecho es el primer eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, seguido el de Bienestar y el de Desarrollo Económico.
Refirió que el primer el eje se refiere al fortalecimiento de la democracia, la seguridad ciudadana, el combate a la corrupción, la participación de la sociedad y protección de los derechos humanos y el Gobierno de México debe garantizar que la sociedad cuente con estos elementos.
Añadió que la Cuarta Transformación tiene, entre otros propósitos, devolver a los mexicanos la paz y tranquilidad reconquistando la seguridad pública y propiciando un desarrollo integral de la nación para hacer posible la reconstrucción del tejido social y el ejercicio pleno de las libertades individuales.
Álvarez Maury abundó que el diagnóstico del eje uno general se sostiene en cinco pilares: paz y seguridad ciudadana; respeto a los derechos humanos; la gobernanza democrática y estado de derecho; el combate a la corrupción, y la migración.
Destacó que sin importar la manifestación de la inseguridad, el gobierno federal debe identificar con claridad los fenómenos emergentes que significan riesgos mayores y definir estrategias y políticas públicas que deriven en acciones adecuadas, cuto camino debe estar guiado por la ley y una visión humanitaria.
La subsecretaria refirió que en el ámbito de derechos humanos, la violencia contra las mujeres actualmente alcanza niveles alarmantes, y en 2016 cerca de 11 millones de mujeres mayores de 15 años vivieron esta situación, además de que se iniciaron aproximadamente 13 mil averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de agresión sexual.
Como parte del foro, en el eje de Justicia y el Estado de Derecho se integrarán dos decálogos, el primero de acciones ciudadanas que contempla las acciones que el gobierno debe tomar para resolver problemáticas en la materia, y el decálogo de propuestas ciudadanas que integra la correlación, sobre las acciones que el ciudadano debe asumir para ayudar a mejorar o resolver las problemáticas.
