Ciudad de México.- El Ejecutivo federal incurre en ilegalidad al nombrar los mandos de la Guardia Nacional antes de que se discutan y aprueben las leyes secundarias, aseguró la especialista en Derecho Constitucional de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, Claudia Menses Salinas.
«Es evidente que el Ejecutivo (federal) se sale de lo permitido, es un acto literalmente fuera de la ley porque no tiene las facultades para nombrar a alguien que no tiene un perfil establecido», dijo.
Por lo tanto, afirmó que si desde los nombramientos el Presidente de la República no se apega a derecho, todo lo que realice la Guardia Nacional se puede declarar nulo o ilegal.
«Si desde ahí, los nombramientos no están apegados a derecho, entonces lo que realiza están fuera del marco legal y sus actuaciones se pueden declarar nulas o ilegales», aseveró Menses Salinas.
La experta señaló que más allá de que los mandos recién nombrados sean militares en proceso de retiro, insistió en que «mientras no haya leyes secundarias, es decir, un marco legal en torno a la Guardia Nacional, prácticamente todo lo que se haga alrededor de esa entidad es ilegal».
Explicó que antes de un nombramiento debe de quedar establecido en las leyes secundarias un detallado perfil de cada una de las personas que van a laborar en el nuevo cuerpo policial, incluyendo a los manos superiores.
«Cuando se ha visto que una empresa contrate primero a su personal, luego cree los perfiles y como tercer paso averigüe si a quien ya contrato cabe en en esos perfiles. Es lo mismo con la Guardia Nacional», explicó la académica.
La especialista dijo entonces que cualquier persona o entidad afectada por la Guardia Nacional podría recurrir a amparos para que sea el Poder Judicial de la Federación el que ponga los límites.
Agregó que la conformación de la Guardia Nacional es aún un proceso inconcluso y el Ejecutivo federal se adelantó con los nombramientos.
«Estamos a un ritmo nunca antes visto, en el sentido de que primero se ejecuta la norma y luego se planea, por eso surgen los malos entendidos de cómo va a funcionar la Guardia Nacional», expuso.
Menses Salinas dijo que es evidente que en un sentido estricto del proceso legislativo faltan las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, para luego hacer la implementación; sin embargo, destacó que «el problema es que, como parte de la política, se mandan mensajes contrarios».
Reiteró que jurídicamente faltan procesos legislativos que sustenten el marco de actuación «y eso puede derivar que los actos que realice la Guardia Nacional sean completamente fuera de la ley».
La profesora de asignatura de la FES Aragón indicó que el Poder Legislativo lleva su tarea «a vapor» ante el cúmulo de trabajo, sobre todo ante temas tan importantes como la reforma educativa que se encuentra en el limbo.
Alertó que el riesgo de legislar «tan rápidamente» es que las leyes secundarias de la Guardia Nacional queden con «lagunas» o contradicciones, «y entonces tendría que intervenir el Poder Judicial.
«Los afectados con estas normas podrían obtener amparos o argumentar inconstitucionalidad o controversia, precisamente porque no se tiene cuidado en la técnica legislativa», indicó.
Puntualizó que el Poder Legislativo puede crear la norma como se le ocurra y el Ejecutivo federal también, ante la urgencia de implementar su plan de seguridad, «pero si los dos no están apegados a derecho y a los estándares internacionales, se estará incurriendo en un exceso de poder».
