Ciudad de México.- Desde que las actuales autoridades llegaron al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) encontraron recurrentes violaciones a los derechos de los acreditados, desde la existencia de viviendas que por sus condiciones inhiben los derechos a la salud, ambiente digno, educación, entre otros, hasta métodos de cobranza indignos.
El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, firmó por ello un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para hacer respetar las garantías individuales de los acreditados al organismo y hacer de su derecho a la vivienda una realidad distinta a la que se vive hoy y ofrecer más que vivienda digna, vivienda adecuada.
Porque, dijo, “de qué sirve tener derecho a la salud si no tienes cerca un hospital, lo mismo si no hay espacios públicos en un ambiente en el que no se puede garantizar el derecho a un medio ambiente sostenible”.
Ante el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, refirió que incluso cumplir con el Artículo 123 de la Constitución apartado A es hoy relevante, en el sentido de que establece que cualquier centro de población que tenga más de 200 habitantes deberá contar con enfermerías, escuelas, parques y demás “y lo que vemos es una realidad distinta”.
En la actualidad permea el modelo de ciudades dormitorio en donde se carecen todos estos elementos que la propia Constitución mandata.
“En la medida en que seamos congruentes con todo esto se pueden garantizar también otros derechos como el de la educación, a la salud, al esparcimiento”.
En el marco de la firma del convenio que se llevó a cabo en la CNDH, el funcionario reveló que desde su llegada al Infonavit han trabajado en todo aquello que tiene que ver con el derecho humano a la vivienda y sobre todo alinearse con nuevos instrumentos habitacionales, como lo es el derecho a la vivienda adecuada.
En este sentido, la localización, la habitabilidad, la asequibilidad, la accesibilidad, la no discriminación y sobre todo la posesión de la vivienda, está ligada con el derecho a no perderla y evitar cualquier acto de despojo que sería algo que no correspondería a la realidad.
Es ese contexto, destacó el funcionario, los estados tienen que ajustar sus políticas en la materia para que los derechohabientes nunca pierdan su patrimonio, que es parte de un derecho fundamental.
El Instituto trabaja en ello, pues luego de que había un tema controvertido como los juicios masivos de vivienda en jurisdicciones distintas, se notificaba incluso vía edictos y los derechohabientes no tenían posibilidad de un proceso transparente “y nosotros lo que hicimos en esa materia fue suspender esta acción”.
Así, cualquier juicio en materia hipotecaria tiene que llevarse a cabo en la jurisdicción en donde vive el acreditado, para que haya la posibilidad de una mejor defensa, sobre todo al considerar que la población que hace uso del Infonavit es la de menores recursos.
Son trabajadores que muchas veces no tienen ni la posibilidad de traslado, ni siquiera una defensa adecuada y eso tiene que ver con un problema estructural del propio Estado, ya que no hay defensorías de oficio buenas para la mayoría de los trabajadores.
“Independientemente de eso tenemos que defender la realidad de quienes menos tienen y más lo necesitan. Por eso estamos trabajando en esas materias”, aseguró Carlos Martínez.
Asimismo, fueron suspendidos los juicios de cobranza que hacían terceros, no solo porque humana y socialmente eran dañinos para los trabajadores, sino porque además financieramente no tenían sentido.
“Creemos que este convenio ayudará a tener una mejor capacitación en materia de derechos humanos, en poder ajustar las políticas públicas dentro de la institución para que se garanticen los derechos humanos a lo que corresponde a los propios estándares de vivienda», añadió.
