Ciudad de México.- La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) aseveró que la mayoría de las dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal están utilizando de manera creciente a diversas instituciones de educación superior y a organismos públicos descentralizados como prestadores de servicios profesionales relacionados con la obra pública.
Estos servicios están relacionados con la planeación territorial, desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente, planes maestros, diseños de anteproyecto y desarrollo de proyectos ejecutivos, así como actividades de campo como la supervisión y la dirección técnica y arquitectónica de obra, servicios que se engloban dentro de la práctica profesional de la arquitectura, el urbanismo, paisajismo y algunas ramas afines.
La Federación indicó que estos servicios han estado contratándose en diversas instituciones de educación superior y organismos públicos descentralizados, que no cuentan con el fin, la misión, la vocación, el perfil y la estructura profesional para desarrollarlos y caen en el delito de suplantación del ejercicio de la práctica profesional de la arquitectura en México.
“Hace un año denunciamos estos hechos que se están haciendo comunes y ahora sabemos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedati) acordó con la UNAM llevar a cabo proyectos diversos a través de la Facultad de Arquitectura, lo que es una clara maniobra similar a la “estafa maestra”, ya que se están repitiendo estas prácticas con la parte académica y no con los profesionales, destacó Aldo Paul Ortega Molina, presidente de la FCARM.
Una gran parte de estas instituciones de educación superior y de organismos públicos descentralizados ejercen la práctica profesional de la arquitectura y el urbanismo como mecanismo alterno para obtener recursos económicos, con base en una triangulación de recursos públicos, siendo contratados por funcionarios, autoridades y representantes de las diversas dependencias e instituciones.
Además de esto, la FCARM señaló que se utilizan estudiantes, profesores e incluso extranjeros, bajo argumentos de apoyo al servicio social, de extensión universitaria o de colaboración y asesoramiento institucional, actividades que restan en la oferta, demanda y viabilidad laboral y económica de los verdaderos profesionales, lo que deriva en una situación de daño económico al estado.
Ortega Molina apuntó que Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contrató a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para realizar 104 proyectos del Gobierno Federal, en colonias marginadas de ciudades fronterizas y turísticas del país.
El presidente de la FCARM señaló que en 2017 la Auditoria Superior de la Federación, consideró que la ola de contrataciones de instituciones de educación superior por parte de algunas dependencias federales, estatales y municipales representa un daño económico al Estado al incrementar su costo, siendo en algunos casos fraude, desvío y desaparición de recursos públicos.
“Los colegios de arquitectos que tienen el propósito de prever y evitar que algunos tomadores de decisión, en materia de servicios relacionados a la obra pública, violenten nuestro actual marco jurídico y no se permita la suplantación del ejercicio de la práctica profesional de la arquitectura en México”, finalizó Ortega Molina.
