Ciudad de México.- La conformación de un grupo binacional eleva las posibilidades de que el gobierno de México pueda recuperar parte de los bienes y activos vinculados a Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo», que se encuentran en Estados Unidos, consideró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El investigador del organismo en temas de justicia, Arturo Piñeiro Monreal, destacó que con la próxima aprobación en México de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, prevista para un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados, agilizará la solicitud de estos bienes o activos de «El Chapo».
Opinó que el gran reto para las autoridades mexicanas es hacer una labor de investigación profunda, seria y transparente para acreditar ante un juez la extinción de dominio de los bienes obtenidos con dinero ilícito por la delincuencia organizada vinculada al capo del narcotráfico.
Esto, porque México presenta fallas en esa materia, ya que durante las dos ocasiones que estuvo preso Guzmán Loera, antes de su extradición a Estados Unidos, prácticamente no se le pudo decomisar nada debido a que no hubo un rastreo adecuado de sus bienes, mientras que Estados Unidos le adjudica una fortuna de 12 mil millones de dólares.
Refirió que de acuerdo con una reciente solicitud de información realizada por la periodista Anabel Hernández, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que solo se han podido incautar tres relojes, un inmueble, cinco armas de fuego, cinco cargadores, una computadora y tres celulares.
«El reto es que la Fiscalía General de la República tiene que hacer su trabajo, mejorar sus capacidades de investigación y procesar todo el cúmulo de cosas que pueda llegar a detentar que esta persona (Guzmán Loera) tuvo cuentas bancarias, bienes, inmuebles de manera ilegal, sea él, sus familiares u otras personas».
Si no se mejora la capacidad de investigación no habrá ley, aun con la nueva de extinción de dominio, que pueda ayudar a recuperar estos bienes o activos que Guzmán Loera haya hecho de manera ilícita, a diferencia de Estados Unidos, que lo ha logrado en otros casos o situaciones.
«Mientras no mejoremos nuestras capacidades de investigar, de procesar, de proteger a las víctimas, no vamos a asegurar que esa riqueza mal habida se quede en el país».
El abogado detalló que a diferencia de la actual legislación federal, la Ley Nacional de Extinción de Dominio a la que se alinearán todos los estados del país hará más rápidos, eficientes y transparentes los procesos para recuperar bienes o activos de la delincuencia organizada u otro tipo de delitos.
Esta nueva legislación, indicó, la ejercita el Ministerio Público a través del procedimiento denominado de naturaleza civil, autónomo de la materia penal, y el cual deriva de una investigación y la evidencia se presenta a un juez para que delibere si hay elementos para quitar los recursos o propiedades obtenidos de manera ilícita.
En caso de que el juez declare la extinción de dominio, México tiene que solicitar a Estados Unidos que le entregue los bienes que se compruebe que están en ese país y hayan sido comprados con dinero del capo.
Lo más viable para que México recupe parte de los bienes o activos de «El Chapo» en Estados Unidos es hacer una negociación en el seno del grupo binacional que se integre, «que no lo veamos como un pleito entre países, sino llegar a un acuerdo», abundó el investigador del IMCO.
Así, calificó como adecuada y una buena práctica la integración de un grupo binacional México-Estados Unidos para recuperar bienes y activos de Guzmán Loera, quien recientemente fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, más 30 años por delitos relacionados con tráfico de drogas.
«El reto es buscarlos, encontrarlos y llevarlos a juicio bajo esta Ley Nacional de Extinción de Dominio y hacer formalmente la petición a Estados Unidos, diciéndoles: ya identifiqué estos bienes allá, devuélvemelos, ese es el paso natural, legal».
Sobre el destino de los bienes de «El Chapo» que México llegara a recuperar, Piñeiro Monreal puntualizó que eso lo determinaría el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
