Renuncia director del INVI

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que la renuncia de Sosa Álvarez fue recibida el pasado 1 de agosto y tendrá efrectos a partir del día 15

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Ciudad de México.- Un día después de que Claudia Sheinbaum atendió a agrupaciones inconformes con cambios a las reglas de operación del INVI —que buscaban eliminar prácticas corruptas y a gestores que lucraban—, Pedro Sosa Álvarez presentó su renuncia al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

La secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina, Ileana Villalobos Estrada, recibió la renuncia de Sosa Álvarez y nombró como encargado de despacho al director ejecutivo de Operación del INVI, Rodrigo Chávez Contreras.

El Gobierno de la Ciudad de México indicó que la renuncia de Sosa Álvarez fue recibida este 1 de agosto y tendrá efrectos a partir del día 15, tiempo en el cual se llevará a cabo la entrega de los siete meses de gestión conforme a la normatividad aplicable.

El 10 de julio Pedro Sosa anunció cambios en las reglas de operación del INVI, lo que representaba un «parteaguas» para que las familias menos favorecidas obtengan un crédito, así como para eliminar prácticas corruptas y a los gestores que lucran con la situación.

No obstante, el jueves 1 de agosto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que serán revisadas otra vez las reglas de operación del Instituto de Vivienda en atención a organizaciones, luego que integrantes de la Asamblea de Barrios bloquearon las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Villalobos Estrada agradeció a Pedro Sosa el desempeño y compromiso mostrados durante los siete meses de su gestión, en los que se realizaron esfuerzos para avanzar en la entrega de créditos para mejoramiento de vivienda.

Además por el apoyo a la reconstrucción habitacional con la que se continúa atendiendo a las familias damnificadas por los sismos de septiembre de 2017.

Agregó que, mientras se define al nuevo director del INVI, se analiza el perfil de la persona que ocupará el cargo para enfrentar los retos del organismo descentralizado creado para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y sustentable, «especialmente para las familias en condiciones de marginalidad y en situación de riesgo».