- Falsedad de declaraciones e implicaciones judiciales
- Baja California, el laboratorio político
- La tentación de regular a las calificadoras
- Nula comunicación en Fitch
Agustín Vargas*
Promesas, promesas y más promesas es lo que escuchamos a diario por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que la economía mexicana sigue en picada, y aunque el pasado lunes 29 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Arturo Herrera Gutiérrez, anunció acciones para detener el impacto, el estancamiento económico es tal que difícilmente logrará remontarse en el corto plazo, al menos no este año.
El mandatario parece más ocupado de su futuro político con su pretendida intención (siempre negada) de alargar su estancia en el cargo, que de arreglar la situación económica del país, pues eso quedó de manifiesto el pasado 25 de julio con la firma de su compromiso ante Notario Público de que no buscará reelegirse al término de su mandato, que concluye el 30 de noviembre de 2024.
¿Qué implicaciones pudiera tener un compromiso de este tipo y qué papel juegan los notarios?
De acuerdo con la encuesta de servicios notariales en la capital del país, presentada por el Colegio de Notarios de la Ciudad de la México, entre la población hay cada vez una mayor motivación y confianza hacia la seguridad jurídica para la protección de los bienes patrimoniales.
Pero no sólo eso, los datos que arroja el trabajo de investigación de ese órgano colegiado, revelan también que la mayor confianza hacia la seguridad jurídica se aprecia también en otros ámbitos, como el político.
Las cifras de la encuesta destacan que la mayoría de la ciudadanía (63%) considera que firmar un compromiso ante notario obliga a cumplirlo realmente a quien lo firma.
De hecho, el 76% de la población cree que los políticos y/o candidatos a cargos de elección pública deberían firmar sus compromisos ante Notario Público, pues ello da una mayor confianza en que se va a cumplir el compromiso. La firma de compromisos ante Notario Público por parte de políticos o aspirantes a puestos de elección popular no es nuevo.
El ex Presidente Enrique Peña Nieto tuvo la ocurrencia de acudir a un notario para que éste diera fe de los compromisos que asumió ante el pueblo mexicano cuando era candidato presidencial. Su mandato concluyó el 30 de noviembre de 2018 y sus compromisos con la población nunca se cumplieron. ¿Qué ha pasado desde entonces? Nada.
El asunto aquí es el hecho de que los candidatos a elección popular y los funcionarios públicos al firmar ante Notario Público sus promesas con la población, lo hacen bajo protesta de decir verdad, lo que significa que si el firmante no cumple con dichos compromisos incurre en el delito de falsedad de declaraciones, lo cual tiene implicaciones jurídicas de carácter penal.
Enrique Peña Nieto y quienes hayan firmado ante notario sus compromisos incumplidos, estarían en ese supuesto ante los votantes. Lo importante aquí, sería ver quién o quiénes estarían dispuestos a interponer las denuncias por el delito de falsedad de declaración para que las autoridades correspondientes procedan penalmente.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo ahora la brillante ocurrencia de firmar ante la autoridad notarial su compromiso de no reelegirse, un acto por demás populista, que de no cumplirse incurriría en el mismo delito que Peña Nieto.
Pero más aún, ¿de cuándo a acá se necesita un Notario Público para certificar que vas a cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Eso es un acto obligado de todos los mexicanos y más tratándose del Presidente de la República.
Parecería más bien una cortina de humo para ocultar la verdadera intención de ampliar su mandato presidencial sin elecciones de por medio, vía una iniciativa de ley lanzada por las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión que sin duda aprobarían por ser mayoría.
El caso Baja California es un claro ejemplo de esa pretensión y se erige como el laboratorio para armar la mecánica político legislativa que se intentaría para ampliar el periodo de mandato constitucional del Presidente de la República. Sería una suerte de reelección en automático, sin urnas de por medio.
Por el bien de México y los mexicanos, esperemos que eso no suceda.
La tentación de regular a las calificadoras
De nueva cuenta corre en el mercado financiero el rumor de que los legisladores de Morena buscan de alguna manera “regular” a las calificadoras de riesgos, debido a su cada vez más fuerte influencia en el desarrollo económico del país y a sus decisiones de bajar las evaluaciones del riesgo soberano y de las empresas estatales estratégicas Pemex y CFE.
Si bien el presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Martí Batres, rechazó la versión de que hubiera una iniciativa de ley que obligaría a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocar la autorización para operar a las calificadoras que “atenten contra la estabilidad económica”, como lo propusieron algunos de sus correligionarios en marzo pasado, sí ha promovido el análisis legislativo del papel que juegan esas empresas en el país.
Algunos legisladores consideran que las calificadoras han tomado un gran poder incluso mayor al del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para obligar a los países a adoptar determinadas políticas de desarrollo económico obviamente alineadas al capitalismo global.
Las acusan de no ser objetivas, de magnificar los eventos económicos tanto positiva como negativamente y de ensañarse con los gobiernos ajenos a sus intereses económicos y políticos. Igualmente de fallar rotundamente en eventos icónicos como la crisis de las hipotecas subprime y el caso Enron.
En su favor, se considera que son indispensables para conocer la capacidad de pago de los países, las empresas y los emisores de papeles de deuda, e incluso para prevenir de posibles crisis, quebrantos y desviaciones en la administración de los recursos en detrimento del cumplimiento de las obligaciones financieras.
En fin, mientras siguen la polémica y las conjeturas entorno a este tema, lo que sí es un hecho es que, de acuerdo con fuentes de las calificadoras, las empresas energéticas mencionadas, han restringido su información y contacto con los analistas a raíz de la degradación de sus calificaciones.
En México Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings dominan el mercado de las calificaciones, aunque la mexicana HR Ratings se ha posicionado en los últimos años con el 30 por ciento de participación gracias a una considerable reducción de sus tarifas.
Nula comunicación en Fitch
Por cierto, sorprende que, a diferencia de su competencia, desde hace unos meses Fitch Ratings se haya quedado sin un programa de comunicación a la opinión pública, pues ha dejado de enviar sus comunicados de calificaciones y reportes a los medios y están cerrados a dar entrevistas, lo que molesta a los colegas periodistas debido al interés que tienen por los análisis de esta importante firma.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
