Crédito hipotecario con bajas tasas de interés para personas no afiliadas

Debe valorarse la posibilidad de crear nuevos productos financieros para vivienda popular que se adapten a las condiciones económicas de las familias que no tienen filiación a ningún sistema de seguridad social

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Ciudad de México.- Es necesario contar con mayores recursos y crear sinergias con la banca comercial, gobiernos estatales y municipales, para lograrlo, dijo el director general del FONHAPO, Ángel Islava Tamayo.

Entre otras opciones, debe valorarse la posibilidad de crear nuevos productos financieros para vivienda popular, con tasas bajas de interés, que se adapten a las condiciones económicas de las familias que no tienen filiación a ningún sistema de seguridad social, afirmó Ángel Islava Tamayo, director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO).

Islava Tamayo señaló que el reto es atender a más de los 43 % de mexicanos sin acceso a la seguridad social y que en muchos casos, no tienen opciones para una vivienda.

El titular del FONHAPO dijo «En realidad es un desafío atender a la población no afiliada. Es necesario contar con mayores recursos y crear sinergias con la banca comercial, gobiernos estatales y municipales, para crear nuevos productos y acceder a un financiamiento a bajas tasas de interés que se adapten a sus posibilidades de pago”.

Islava Tamayo explicó también políticas públicas en materia de vivienda popular puestas en marcha por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y por la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga. “Nos dio instrucciones de que todas las casas tenían que ser de 2 recámaras y en un espacio mínimo de 45 mts2, con techo de losa, cocina, baño, área de usos múltiples, aplanados, instalaciones sanitarias y eléctricas, con un costo promedio de 110 mil pesos; hoy, con menos recursos, FONHAPO hace más y mejores viviendas para una vivienda digna”.

FONHAPO contribuye a través del Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular (FONAGAVIP), limitado a apoyar a los derechohabientes que perciben hasta 2.6 salarios mínimos.