- Meade, reunión secreta en Hacienda
- Certidumbre, claman empresarios
- Desconfianza y salida de capitales
Agustín Vargas *
Hace poco más de un año, dimos cuenta en este espacio de las acusaciones en contra de Rosario Robles Berlanga, la extitular de la extinta Sedesol y de la Sedatu, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el presunto desvío de recursos públicos.
El linchamiento en contra de la señora Robles, quien de nueva cuenta está en el ojo del huracán por su encarcelamiento “preventivo”, acusada de lo mismo y ahora también por el delito de “ejercicio indebido del servicio público”, no es nuevo.
De manera sistemática se le achacó desvió de recursos desde que fue jefa de gobierno del entonces Distrito Federal (1999-2000), en sustitución del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y luego presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del 2002 al 2003.
La acusaron de presuntos fraudes y nada pasó. La historia de esos escándalos se repitieron con la señora Robles Berlanga como secretaria de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto y tampoco, sorprendentemente, nada sucedió ni siquiera una remoción del cargo en tanto se aclaraba su situación.
Por el contrario, la exfuncionaria se envalentonó y airada salió de su comparecencia en la Cámara de Diputados, diciendo que le hicieran como le hicieran a ella no le encontrarían nada.
Bueno, incluso, se recuerda el desaire y la falta de respeto a los medios de comunicación, a los periódicos en particular, los cuales dijo “sólo sirven para matar moscas y limpiar vidrios”, expresión que hizo el 24 de agosto del 2016 en Parral, Chihuahua, durante una entrevista con reporteros locales, ante quienes defendió al entonces gobernador César Duarte, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito.
En pleno proceso electoral del 2018, y con el asunto Rosario Robles en el caldero político, José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI, no podía ocultar su molestia e incomodidad con la situación, incluso se llegó a comentar que solicitó al propio presidente Peña Nieto removiera del cargo a la titular de Sedatu, con el objetivo de levantar la campaña. La desesperada petición de Meade, ni siquiera fue escuchada.
Ahora, y como si se tratara de una ironía de la política nacional, Rosario Robles se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla que fue inaugurado en marzo de 2004 por Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, su compañero de lucha –hombro con hombro– cuando ambos eran notables militantes del PRD.
¿Justicia o persecución política?, es la pregunta en el caso Rosario Robles Berlanga.
Cabe destacar que en el mismo penal se encuentran también las hijas del líder del cártel de Tláhuac, el “ojos”; Miss Mónica (Mónica García Villegas), dueña del Colegio Enrique Rebsamen, y Juana Barraza, la “mataviejitas”, entre otras destacadas personalidades.
Meade, reunión en Hacienda
Por cierto y ya que hablamos de José Antonio Meade, el ex secretario de Hacienda, Sedesol y Relaciones Exteriores, además de candidato presidencial, todo esto en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ayer fue visto cuando salía de las oficinas de Arturo Herrera Gutiérrez, actual titular de la SHCP.
Meade estaba acompañado de José Antonio González Anaya, otro destacado priista también ex titular de esa dependencia y de Pemex. El asunto que ahí trataron se desconoce, y la propia Secretaría de Hacienda no ha querido informar sobre el particular. Fue el secretario Herrera quien, en su cuenta de twitrer confirmó la reunión, y en ella, dijo, “sólo hubo dos problemitas: 1.- No hubo chilaquiles en el menú; 2.- Les tomaron una foto al salir y se # chivearon mucho”.
Fue una reunión informal y sin agenda –escribió Herrera Gutiérrez– y con un diálogo abierto.
De manera extraoficial se dio a conocer el ex candidato presidencial priísta, al igual que el expresidente Enrique Peña Nieto, fueron mencionados en la audiencia en donde se vinculó a proceso a la señora Robles Berlanga. ¿Se comentaría algo de este asunto en dicha reunión?
Certidumbre, claman empresarios
Empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Ciudad de México), que encabeza Jesús Padilla Zenteno, clamaron certidumbre jurídica y económica en la toma de decisiones de los tres niveles de gobierno.
Estos elementos, dicen, son la clave para restablecer la confianza ciudadana y revertir el estancamiento económico en el que se encuentra nuestro país. Más aún, hicieron un llamado al Gobierno Federal a “corregir el rumbo de las decisiones que están objetivamente limitando la capacidad de crecimiento de la economía”.
Padilla Zenteno analizó los recientes datos económicos vinculados con la actividad productiva, entre los que se encuentran la estimación del crecimiento para el cierre del año al 1.1%; apenas el 57.7% de los empleos formales reportados para el mismo lapso de 2018 y la caída anualizada de la Inversión Fija Bruta del 6.9% en mayo, entre otros indicadores.
El crecimiento de apenas 0.3% del consumo privado (a pesar del incremento en los salarios reales en el año) se ha visto reflejado en el nivel de confianza del consumidor, que presentó su quinto mes consecutivo a la baja de 48.6 puntos que obtuvo en febrero a 43.0 en el mes de julio.
Este índice señala que la población en general cree que la situación económica continuará deteriorándose en los próximos meses. Ante la incertidumbre, las personas prefieren ser cautas a la hora de comprar o invertir.
“El principal problema que tiene el país hoy, radica en la incertidumbre prácticamente desde la llegada del nuevo gobierno que ha detonado en problemas de confianza. No es un tema solamente de inyección de recursos como se anunció desde el Gobierno de la República de casi 500 mil millones de pesos de inversión, el problema no sólo es económico, el tema sustantivamente es de confianza”, enfatizó el empresario.
Desconfianza y salida de capitales
La opinión del líder empresarial la comparten también algunos analistas, quienes de manera reiterada advierten que en México la incertidumbre ha representado un verdugo para la economía y debido a que las variables macroeconómicas dependen en buena medida de los choques externos y de los eventos políticos del país, se ha convertido en un reto inyectar certeza a los inversionistas de que su dinero en el mercado mexicano está seguro y su inversión será rentable.
Para nadie es un secreto ya que la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador y las decisiones drásticas que su administración ha tomado en torno al gasto público y la redistribución del ingreso, han sido causa fundamental de la incertidumbre y representa uno de los más fuertes roces entre el gobierno y el sector privado.
Si bien la intención de ambas partes es reactivar la economía y fomentar el crecimiento del país, la actual administración en México está enfocada en el fomento al desarrollo a través de la redistribución del gasto público con programas sociales de apoyo a los más desfavorecidos. La línea política de López Obrador se contrapone a la que México ha seguido durante décadas; sin embargo, también busca mantener un discurso amigable con los inversionistas.
En el caso más reciente, López Obrador hizo un llamado a las empresas mineras para que eviten daños al medio ambiente y mejores las condiciones de sus trabajadores en el país, además de advertir que no se otorgarán más concesiones mineras.
Y es que parece ser que los esfuerzos del gobierno y las autoridades financieras autónomas como Banco de México por fomentar la inversión, no están teniendo el éxito obtenido.
A pesar de la alta tasa de interés que Banxico mantiene, en los últimos seis meses, los residentes en el extranjero retiraron cerca de 8 mil 500 millones de dólares gubernamentales de México por la incertidumbre económica que priva en el país.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
