Entidades federativas han recibido menos recursos este año, lo que conducirá a la activación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), estima Fitch Ratings
Agustín Vargas
La calificadora de valores Moody´s encendió los focos rojos sobre el grave riesgo que representa para las finanzas públicas la deuda de los estados y municipios.
Con base en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación Moody´s
advirtió que los gobiernos estatales y municipales no están reportando todas las deudas de corto plazo y se presentan discrepancias entre la deuda de largo plazo en sus estados financieros y la que registra la Secretaría de Hacienda.
Pone como ejemplos al estado de Michoacán que gobierna el perredista Silvano Aureoles, el cual no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6,482 millones de pesos ni en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único, además que no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10, 227 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría.
Adicionalmente, se encontraron diferencias por 3,589 millones de pesos entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada en el registro de deuda.
Otros casos son los de Baja California, que reportó una por 11,846 millones de pesos mientras que la auditoría arrojó un saldo de 12,648 millones de pesos; el Estado de México, que registró una deuda de largo plazo de 38,300 millones de pesos, contra 39, 200 que obtuvo la auditoria, así como la Ciudad de México, que resultaron diferencias por más de 2,630 millones de pesos.
Cabe recordar que en 2011, fue precisamente un reporte de la calificadora Fitch Ratings lo que desató el escándalo de excesivo endeudamiento del estado de Coahuila, cuyo gobernador en aquel entonces Humberto Moreira había declarado pasivos por 8,000 millones de pesos, cuando en realidad eran de 32,000, que por cierto se descubrió que incurrieron hasta en falsificación de documentos para obtener la autorización de Hacienda para obtener los empréstitos.
Incumplimiento de reglas
Las auditorías federales recientes revelaron que no todos los gobiernos locales y regionales están cumpliendo las nuevas reglas implementadas desde el 2016, sobre todo aquellas que tienen que ver con la deuda de corto plazo, la cual es más riesgosa y podría presionar la liquidez de sus finanzas.
La firma calificadora explicó en su informe que desde la implementación de las Leyes de Contabilidad Gubernamental y desde 2016 con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en México, los requerimientos de contabilidad y transparencia de la deuda estatal y municipal se fortalecieron; sin embargo, hay prácticas inconsistentes de divulgación de información, deficientes controles internos y falta de planeación.
“Respecto a la revelación de la deuda de corto plazo los últimos reportes de la ASF indican que algunos gobiernos locales no reportan toda la deuda de este tipo. También se encontraron discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda.
Esta falta de consistencia, advirtió Moody´s, complica los esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez.
Detalla que durante 2017, Michoacán no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6 mil 482 millones de pesos (30 por ciento del total de la deuda reportada o 9% de los ingresos totales) ni en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único y el estado no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10,227 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría.
Adicionalmente, la auditoría encontró diferencias por 3,589 millones de pesos entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada en el registro de deuda.
Además hay pasivos no reportados, que son difíciles de predecir y ponen presión adicional a la liquidez de los gobiernos regionales.
Dinero Prófugo
El sector patronal del país también realizó su propio estudio sobre la gravedad de la deuda de estados y municipios, sobre todo de aquellos recursos no clarificados en años fiscales anteriores, ante lo cual planteó como necesario aplicar mecanismos de transparencia en la materia.
En un informe titulado Dinero Prófugo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Jalisco son las entidades federativas que concentran el 60% de los recursos no aclarados durante el ejercicio fiscal 2018.
La Coparmex reveló que Oaxaca no ha transparentado 1,943 millones de pesos; el Estado de México, 1,814 millones; Chiapas 1,071 millones y Jalisco mil 1,070 millones de pesos.
Precisó que en 28 estados aún es necesario aclarar en qué se gastaron 9,789 millones de pesos, cifra equivalente al 15% del presupuesto asignado al proyecto del aeropuerto en Santa Lucía.
Además, cuatro entidades están pendientes de aclarar recursos: Baja California, Querétaro, Sinaloa y Sonora, por lo que Coparmex llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar seguimiento de la información.
Recursos insuficientes: Fitch
Por su parte, la calificadora Fitch Ratings dio a conocer que al cierre del primer semestre del año, los estados en su mayoría han recibido recursos por participaciones federales por arriba de lo captado durante el mismo período en 2018, pero éstos se ubicaron por debajo de lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2019, lo que conducirá a la activación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Además, indicó, provocaría que, ante un escenario donde la compensación con los recursos del Fondo fuera insuficiente para cubrir los ingresos ya presupuestados por los gobiernos locales (subnacionales, les llama) para este ejercicio fiscal, las entidades federativas deban aplicar medidas de disciplina fiscal para ajustar su gasto y balancear sus presupuestos.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la primera mitad del año las entidades federativas recibieron 351,500 millones por concepto del Fondo General de Participaciones (FGP), lo que significó un incremento de 9.6% con respecto a 2018. Sin embargo, Fitch calcula que este saldo estuvo 1.2% por debajo de lo estimado por SHCP.
La Recaudación Federal Participable (RFP) se toma como base para la distribución de FGP y otras participaciones federales. En ese sentido, la agencia aprecia que dado el comportamiento de FGP, la RFP estuvo por debajo de lo contemplado para el primer semestre del año.
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 proyectó una Recaudación Federal Participable de 3.2 billones de pesos y se estimó una meta de 51.2% acumulada a junio de 2019. Una RFP menor a la proyectada provocará la activación de FEIEF para amortiguar parcialmente la diferencia entre lo esperado y lo observado, indicó Fitch.
La calificadora ve favorable la existencia de fondos que ayuden a reducir el impacto en la caída de los ingresos como lo es FEIEF en México. A marzo de 2019, el saldo de FEIEF ascendía a 91,600 millones de pesos. Según la normativa su aplicación cubre durante los primeros tres trimestres 75% de la diferencia acumulada del FGP y 100% en el cuarto trimestre.
El FEIEF además de garantizar el FGP que reciben las entidades federativas cubre también otras participaciones como el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y el Fondo de Comercio Exterior (0.136% de RFP).
Si se mantiene la tendencia de RFP por debajo de lo estimado en lo que resta del año, y en consecuencia, las entidades federativas reciban menos recursos por participaciones federales a las presupuestadas aun con la compensación de FEIEF, Fitch señala que el ejercicio presupuestal de gobiernos subnacionales podría desbalancearse.
De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), los estados y municipios están obligados a mantener balances presupuestarios sostenibles. Ante la posibilidad de una reducción en los ingresos federales esperados, los gobiernos deberán hacer ajustes presupuestarios en el gasto público en concordancia con lo que establece la Ley.
Fitch no descarta que ante un desbalance presupuestal los gobiernos se financien con la adquisición de pasivos nuevos de corto o largo plazo para poder atenuar sus presiones de liquidez o bien cubrir sus planes de inversión programados para 2019.
La calificadora observa que 23 entidades federativas han recibido menos recursos de lo estimado. Los estados de mayor afectación por la diferencia porcentual entre lo recibido y lo estimado están: Durango (-5.7%), Sinaloa (-5.3%), Aguascalientes (-5.3%), Chiapas (-4.5%), Sonora (-4.0%), Quintana Roo (-3.7%), Yucatán (-3.6%), Zacatecas (-3.4), Ciudad de México (-3.4) y Jalisco (-3.2%).
