Guillermo Correa
Ahora que están próximas las elecciones de este año y que anuncian las presidenciales de 2018, vale la pena tomar en cuenta la crisis permanente que padece el país en los últimos 35 años en que entró en vigor el neoliberalismo con Miguel de la Madrid Hurtado y que se intensificó al máximo con Carlos Salinas de Gortari y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que ha significado riqueza para unos cuantos y pobreza en la mayoría. Y esto viene a cuento porque el PRI, culpable de todos nuestros males, y el PRD, cómplice del primero, han desatado una campaña electorera con relación a que es necesario aumentar el salario mínimo en el país.
Esta bandera la han tomado muy a pecho el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera –quien llegó al cargo con el apoyo del perredismo– a los que rápido y nada furiosos se han sumado los patrones empresarios. Se habla entonces de que hay posibilidad de que el mini salario supere los 92 pesos diarios antes de que termine el año, porque el actual de 80.04 pesos no alcanza. Tales funcionarios suelen parecer en los medios cual si fueran redentores de una hambrienta población que se ve obligada a pagar más de un día de su salario si quiere comprar un kilo de aguacate.
Ese salario mínimo que al mes resulta ser de 2, 400 pesos y que, de acuerdo con el INEGI, reciben alrededor de 7 millones 341mil trabajadores, de ninguna manera corresponde a lo que establece la Constitución que reclama una vida digna para el trabajador. Según el Observatorio de los Salarios de la Universidad Iberoamericana del estado de Puebla, el salario constitucional debe ser de 16 mil 445 pesos mensuales, pues sólo con eso se puede adquirir la canasta básica alimentaria y satisfacer las mínimas necesidades de vivienda, transporte, salud, vestido y educación, principalmente.
El más reciente informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que son los resultados de la encuesta en el país sobre ocupación y empleo durante el primer trimestre de este año, dice que la Población Desocupada en México, aquella que no trabajó siquiera una hora en la semana de referencia pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 1.8 millones de personas. En consecuencia, si no trabajó ¿cómo sobrevive? El informe dice además que la Población Subocupada, esa que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, llegó a 3.7 millones de personas. Porcentaje que, obviamente, gana el salario mínimo o menos.
En cuanto a la Población Ocupada Informal, o sea el trabajo doméstico remunerado de los hogares, el agropecuario no protegido y los trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social, comprendió a 29.7 millones de personas, las cuales, si bien pueden ganar más de tres salarios mínimos, carecen de cualquier prestación social.
Con lo anterior se trata de expresar que con los bajos salarios a todos pega la carestía, sobre todo actualmente cuando hasta el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reconoce que en el cuarto mes de 2017 los precios al consumidor tuvieron el incremento mensual más alto para un período similar desde 2010. Los registros mayores se tienen en las frutas y verduras, como jitomate, aguacate y chiles frescos, las mercancías no alimenticias, automóviles y desodorantes personales y los alimentos procesados –leche pasteurizada y fresca, cremas—y, desde luego, aunque el citado Centro informe lo contrario, las alzas en la gasolina, electricidad y gas doméstico. Hay que agregar que también han subido los costos de la vivienda, la educación y lo que tiene que ver con la salud, la telefonía y el kilo de carne de res que para adquirirla se necesita el trabajo de dos días con salario mínimo. Todo esto se ha reflejado en más carestía en las loncherías, fondas, torterías y taquerías, o en las llamadas comidas corridas que, en promedio, han aumentado un 50 % con relación al año pasado.
Con esta realidad a cuestas da coraje que Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos — quien gana 173 mil pesos mensuales, de acuerdo con información no refutada–, haya dicho a principios de marzo que “el incremento salarial que tuvimos al inicio del año fue del 9.2 por ciento y si la inflación sólo llegara al 4 por ciento y no se diera una condición diferente pues los trabajadores todavía tendrían una ganancia de 5 por ciento” (El Financiero 2-3-2017).
El asunto es que, por su parte, la UNAM, en un estudio de la Escuela Nacional de Trabajo Social, las familias que viven en la capital de la República no pueden cubrir sus necesidades diarias a pesar de que todos trabajen y que con el actual salario mínimo únicamente puede adquirirse el 20 % de la canasta básica de alimentos. Si se toma en cuenta la investigación de la Universidad Iberoamericana citada al inicio, para que el minisalario sea constitucional debe incrementarse 700 % y para ello, creo, hay que votar contra el PRI.
DESDE EL CENTRO
María de Jesús Patricio Martínez, medica tradicional del pueblo Náhuatl del estado mexicano de Jalisco, fue nombrada vocera del Concejo Nacional Indígena de Gobierno y buscará convertirse en la candidata a la Presidencia de la República por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena (CNI), en el proceso electoral del año 2018. Genaro Bautista, de AIPIN, informó que ella es de 57 años de edad y que Marichuy, como se le conoce, nació en la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco. Por lo pronto ofreció defender los territorios nativos y los derechos étnicos para asegurar el futuro de las próximas generaciones… El Presidente del Comité Nacional Sistema Producto Maíz, Vicente Álvarez Delgado, dio a conocer que esta agrupación que encabeza firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo con el objetivo de crear un sistema nacional de semillas, plaguicidas y fertilizantes así como un sistema producto maíz que se vuelva proveedor de los propios productores. También propone, en el convenio, crear un Programa Emergente de Maíz y de Extensionismo para 2 mil extensionistas y un nuevo pacto social con reglas de operación distintas y una estrategia que permita reducir tasas de importación del grano… El director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), Alejandro Vázquez Salido, informó que entre 2013 y 2017 se incrementó en 66 por ciento el volumen de granos que se comercializan bajo el esquema de Agricultura por Contrato, con lo que se generan mejores condiciones y mayor certidumbre, tanto para productores como a compradores de este tipo de insumos.
