Al menos 50,000 mil millones de pesos fueron quebrantados, por lo que la Cámara de Diputados solicitó una auditoría para transparentar y castigar, en su caso, a quienes intervinieron en el negocio multimillonario que se generó a partir de la venta de cartera de todas aquellas instituciones bancarias de carácter privado, que entraron en contubernio con la Sociedad Hipotecaria Federal
Agustín Vargas
La Cámara de Diputados ha estado llamando la atención sobre un escándalo financiero que involucró al sector de la vivienda durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al que algunos legisladores y especialistas le han llamado ya el Fobaproa inmobiliario.
Las beneficiarias de ese escándalo, por supuesto, fueron algunas de las empresas que en ese entonces figuraban como las estrellas del sector. Gozaron de créditos casi ilimitados por parte de la Banca de Desarrollo, a cargo del gobierno, y de condonaciones y exenciones fiscales, así como todo tipo de facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, abrió la caja de pandora en relación a las desarrolladoras de vivienda beneficiarias de las condonaciones tributarias.
Reveló que a Homex, al mando en ese entonces del empresario Eustaquio de Nicolás, y Corporación GEO, que fue presidida en ese tiempo por Luis Orvañanos Lascuráin, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les condonó impuestos por 7,000 millones de pesos entre 2007 y 2015.
Y aunque el funcionario se refirió sólo a esas empresas, son dos de las cinco desarrolladoras más grandes del país que durante los últimos dos sexenios tenían los mismos o similares beneficios. Eras las consentidas del gobierno, se dijo infinidad de veces.
“De esa magnitud era el contubernio del gobierno con los grandes desarrolladores, e implicó la claudicación del Estado mexicano en la conducción de la política de vivienda”, enfatizó Martínez Velázquez.
La madeja de lo que parece ser un fraude de grandes dimensiones comenzó a develarse. Apenas en septiembre pasado, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se refirió a un presunto quebranto al erario por 50,000 millones de pesos por parte de algunas desarrolladoras.
Por tal motivo, la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto, solicitó una auditoría para transparentar y castigar, en su caso, a quienes intervinieron en el negocio multimillonario que se generó a partir de la venta de cartera de todas aquellas instituciones bancarias de carácter privado, que entraron en contubernio con la Sociedad Hipotecaria Federal.
El legislador acusó que en este proceso los únicos beneficiarios fueron los desarrolladores inmobiliarios que, bajo el objetivo de ganar, especularon con los terrenos y las viviendas; éstas se construyeron en lugares inadecuados y los costos se elevaron significativamente, lo cual originó la declaración de quiebra de las empresas de este ramo.
“Esto nos costó una cantidad cercana a los 50,000 millones de pesos para salvar a compañías que construyeron viviendas, que las dieron muy caras, totalmente alejadas de los centros de transporte y hoy lo que vemos, es un cementerio de viviendas abandonadas y una gran cantidad de casas que no se pueden pagar”.
Las acusaciones de Ramírez Cuellar se dieron justo en una reunión legislativa privada para analizar los litigios judiciales, la promesa del Ejecutivo de evitar los desalojos y encontrar vías de concordia y reconciliación entre deudores e Infonavit.
Despachos de cobranza, dolor de cabeza
En el centro de todo esto, por supuesto, está el Infonavit institución que ahora se sabe fue sobre expuesta no sólo a los intereses de empresas desarrolladoras, sino de los despachos de cobranza encargados de la recuperación de la cartera y garantías mediante la persecución y amenazas a los derechohabientes morosos.
Entre 2007 y 2018, el organismo de vivienda erogó 44,000 millones de pesos por concepto de pago a los despachos de cobranza que no lograron su cometido y sí, en cambio, generaron un problema social altamente sensible, al entablar alrededor de 211,000 juicios masivos en todo el país, de los cuales sólo unos 77,000 son susceptibles de desistimiento.
En el sexenio de Felipe Calderón el Infonavit pagó 8,000 mil millones de pesos a más de un centenar de despachos de cobranza. En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el organismo de vivienda desembolsó 36,000 millones de pesos, 328% más que el anterior sexenio.
Los despachos de cobranza no sólo son un dolor de cabeza para los acreditados, quienes son acosados vía telefónica y domiciliara por aquéllos a toda hora cada día de la semana, incluso con amenazas de que ya son sujetos de demandas y perderán sus casas, cuando ni siquiera han sido emplazados conforme a derecho.
El Infonavit también los ha padecido y con independencia de los resultados que arroje la investigación interna que se realiza en el organismo como anuncio su propio director, lo más seguro es que también se haya generado un quebranto patrimonial por la mala gestión de los despachos contratados para la recuperación de cartera, de acuerdo con especialistas.
Nueva política
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se busca diseñar una nueva política de construcción de vivienda, que se encargue de la situación del alza de los precios del suelo y del acceso a créditos, acorde con las necesidades de millones de familias que demandan tener un techo adecuado.
El legislador resaltó que se analizarán los litigios judiciales y la promesa del Ejecutivo de evitar los desalojos y encontrar vías de concordia y reconciliación entre los deudores y Infonavit.
Subrayó que después de muchos años, se implantará un programa ambicioso sobre la rectificación para detener el crecimiento de las deudas de los créditos del Infonavit y con ello garantizar el derecho a una vivienda digna y que los financiamientos se adecuen a las posibilidades económicas de los trabajadores.
“Creemos que los pasos que se han dado van en la dirección correcta; sin embargo, debemos analizar detalles, ampliar el número de beneficiarios, para que los usuarios de los créditos del Infonavit tengan certeza y claridad de que, en un momento determinado, los montos se pagarán bajo un precio justo con comisiones adecuadas e intereses correctos, y que las unidades de salario mínimo no se disparen”.
A su vez, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena), resaltó que en la actualidad se vive una crisis en materia habitacional y crediticia, debido a la falta de planeación, por lo que se busca generar una nueva política pública incluyente que no sólo detone la construcción de viviendas, sino que el Estado asuma la rectoría que establece la Constitución.
Refirió que un crédito que absorbe más del 35% del salario mensual de una familia, de manera natural se vuelve algo impagable; “lo que tenemos que hacer, es modificar el paradigma de la vivienda. Nunca más casas sobrevaluadas en más de un 30% o 40% y también nunca más construcciones y fraccionamientos que se encuentren en lugares deshabitados y alejados, donde no se pueda desarrollar la actividad económica”.
Subrayó que en las pasadas administraciones se lucró con este derecho constitucional, se abusó de las instituciones, porque hubo colusión con constructoras, desarrolladores y funcionarios, creando una gran crisis nacional.
Por ello, agregó, es necesario informar a los ciudadanos de sus derechos, para que no abandonen sus inmuebles por desesperación o porque no tienen los recursos suficientes para saldar su cuenta crediticia.
Regeneración Urbana
Por su parte, María Fernanda Aguilar Cortés, gerente de Cumplimiento Legal de la Subdirección General de Administración de Cartera del Infonavit, señaló que en la visión expansiva de la política crediticia del Programa de Vivienda 2007-2012, se determinó como eje fundamental la generación de un millón de créditos, lo que provocó que los desarrolladores construyeran complejos inmobiliarios alejados de los centros urbanos, con la promesa de crear servicios de infraestructura y movilidad.
Aunado a lo anterior, en el 2008, durante la época de crisis financiera, se ofrecieron facilidades financieras para adquirir viviendas; sin embargo, la mala planeación de los proyectos, propició el abandono de las viviendas y el aumento de la cartera vencida.
Ante este panorama, explicó que la actual administración detectó que la problemática de la vivienda no se puede resolver únicamente a través de la política comercial, sino por medio de una regeneración urbana y social.
En este año se han detectado 14 ciudades necesitadas de intervención urgente, conocidas como polígonos de atención prioritaria; en estas regiones el Infonavit pretende crear alianzas con los municipios, para reinsertar a las viviendas abandonadas en el esquema del desarrollo urbano, finalizó la funcionaria.
