La Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes penales y fiscales para combatir a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas; las nuevas disposiciones criminalizan a los contribuyentes, lo que ha desatado la inconformidad de los sectores productivos del país
José A. Medina *
En el marco de la discusión del Paquete Económico en el Congreso de la Unión, los diputados dieron el albazo para criminalizar a los contribuyentes, además de que aprobaron la creación y aplicación de nuevos gravámenes al amparo de la Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente año, pese a las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se aplicarían ni crearían nuevos impuestos, al menos durante los tres primeros años de su gobierno.
El pasado martes 15 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, el dictamen a la minuta que combate a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas.
Considera como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa. Incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y el Penal Federal.
Establece como delito la defraudación fiscal, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente contempla 2 millones 601 mil 410 pesos.
Se derogó la fracción III del artículo 113, y se reforma el 113 Bis, del Código Fiscal de la Federación, en el cual se indica que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, a quien por sí o interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.
Además, será castigado con las mismas penas, al que sabiéndolo permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 del Código Fiscal.
De igual manera, refiere que se requerirá querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por este delito. Y el delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo a operaciones de procedencia ilícita, se podrán perseguir simultáneamente.
Inconformidades
Antes de ser aprobado el mencionado dictamen, las inconformidades no se hicieron esperar, incluso entre legisladores hubo puntos de vista opuestos, como el del diputado Higinio del Toro, de Movimiento Ciudadano, quien rechazó en tribuna a nombre de su bancada la forma desproporcionada de sanciones que cataloga al delito como delincuencia organizada, que sea de prisión preventiva oficiosa y clasificado como un delito de seguridad nacional.
Según Del Toro, el documento aprobado carece de las observaciones realizadas por especialistas en el Parlamento Abierto, quienes expresaron que la medida no atiende de forma contundente la evasión y por el contrario, advirtió, afectará a los inversionistas y empresarios.
Como secretarlo de la Comisión de Justicia, el diputado ciudadano Juan Carlos Villarreal expuso que la redacción del dictamen carece de claridad y el alcance que tendrá respecto a las sanciones de prisión preventiva y seguridad nacional. Alertó que con la redacción final del dictamen se violenta la Constitución, además de que no hay certidumbre, pues las medidas son desproporcionadas.
Al final de cuentas la Cámara de Diputados ni la burla perdonó, pues el llamado Parlamento Abierto, convocado para congregar a especialistas, empresarios y sociedad en general con el fin de analizar la mencionada iniciativa e incluir en el dictamen final las opiniones de éstos, resultó ser un auténtica simulación y los participantes se dijeron burlados y engañados, pues la mayoría de los legisladores siguieron la línea dictada y ordenada desde Palacio Nacional.
Certidumbre, no persecución: IP
El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar Lomelín, lamentó que para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Poder Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que, en forma oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.
Esto lo habían advertido de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos.
“El CCE apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes”.
Destacó el organismo que para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad. Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos.
Ante esta situación, el sector empresarial en voz del CCE hizo un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos.
Banqueros en desacuerdo
Cabe destacar que el sector bancario del país había estado haciendo eco de las propuestas del Ejecutivo encaminadas al combate a la corrupción, la defraudación fiscal, eliminar a todas las empresas factureras que emiten facturas apócrifas y que todas las personas que tengan obligaciones fiscales las cumplan al 100 por ciento.
Sin embargo, desde principios de octubre manifestó su inconformidad y preocupación por las iniciativas de ley en materia tributaria, enviadas dentro del paquete económico 2020, sobre todo las encaminadas a gravar con un mayor impuesto el ahorro, topar la deducibilidad de los intereses, la Ley de Extinción de Dominio y las relativas a la defraudación fiscal.
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, alertó sobre dichas iniciativas y se pronunció en desacuerdo con el incremento al impuesto al ahorro de 1.05% a 1.45%.
Dijo que el incremento que se plantea al impuesto sobre el ahorro, impactaría más a las personas de menores ingresos; mientras que otras como el tope de deducibilidad de intereses hasta el 30% y la posibilidad de extinción de dominio, desincentivarían la inversión.
Respecto a las iniciativas de defraudación fiscal y de extinción de dominio, conjuntamente, lo que propone el Ejecutivo no es sólo un tema fiscal sino un tema penal, dijo en aquel entonces el líder de los banqueros.
“Están primero eliminando o acabando con las garantías individuales, esto es, el derecho a la libertad, el derecho de propiedad, el derecho de audiencia, el debido proceso y la presunción de inocencia, y esto lo sustituyen con prisión preventiva oficiosa, solamente con indicios y no con hechos reales”, comentó
Enfatizó que se pretende la “incautación de bienes de manera arbitraria, congelamiento de cuentas bancarias con base en presunciones, sin hechos claros y contundentes, y la pérdida de control de las empresas sin hechos probados.
Esto significa que las personas que caigan en este supuesto, por cualquier opinión de un inspector del SAT acabarían privados de la libertad, sin recursos y sin bienes, sin sus empresas, en una situación de indefensión total.
Consideró que se debe mantener el Estado de Derecho, que las garantías individuales sigan siendo inviolables y que en función de eso se haga un proceso legal en los tribunales antes de proceder con la prisión preventiva, la incautación de bienes, el congelamiento de los recursos y la pérdida del control de las empresas.
Advirtió que esa es también una señal muy negativa para los inversionistas nacionales y extranjeros que tienen interés en México y que tanto necesitamos para el crecimiento de la economía. “Es un mensaje inadecuado en las circunstancias actuales en las que el país necesita cambiar el ritmo de crecimiento de su economía”, enfatizó.
