Ciudad de México.- De concretarse la reforma de Napoleón Gómez Urrutia que busca criminalizar la subcontratación, en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores: se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional, aseveró el CCE.
El Consejo Coordinador Empresarial insistió en la necesidad de que se haga un debate profundo y sin simulaciones sobre el tema y reiteró que si bien hubo hace algunos meses un ejercicio de parlamento abierto, la iniciativa mencionada aún no se había presentado.
El organismo empresarial señaló que las propias conclusiones del parlamento abierto no fueron tomadas en cuenta. Éstas decían, puntualmente, que “una sobre regulación debilitará el sistema productivo nacional y le restaría competitividad las empresas tanto en el mercado nacional como internacional (..) Para regular la subcontratación es fundamental analizar objetivamente las estadísticas económicas, las cifras sobre los beneficios y perjuicios de su uso”.
El CCE indicó que los empresarios están de acuerdo en la necesidad de replantear la figura de la subcontratación para evitar que existan abusos y exhortan a que las autoridades ejerzan las facultades con las que ya cuentan para sancionar las prácticas ilegales. Sin embargo, esta iniciativa va mucho más allá de eso y tiene efectos contraproducentes.
Entre otras cosas, el Consejo destacó que la reforma planteada por el Senador Gómez Urrutia aprobada hoy:
* Pone en riesgo la ratificación del T-MEC, por la falta de respeto al Estado de Derecho.
* Genera un grado de incertidumbre enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que genera. Sería un golpe frontal a miles de empresas que utilizan legal y legítimamente esta figura para aumentar su competitividad. Estas empresas podrán decidir mover sus inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México.
* Busca criminalizar las relaciones laborales: pone a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima. Es inaudito y realmente preocupante esta tendencia de los legisladores a querer llevar todas las prácticas que no les gustan a nivel de delincuencia; más aún, de delincuencia organizada. Como si quienes invertimos y generamos empleos en el país fuéramos narcotraficantes o terroristas.
* Tiene visos de inconstitucionalidad: busca ser retroactiva, lo que es una aberración jurídica. Es decir, colocaría como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas.Califica de delincuentes a quienes cumplieron con la ley vigente al día de hoy.
* Prácticamente elimina cualquier tipo de subcontratación, lo que traería consecuencias graves para la competitividad del país y eliminaría miles de empleos. Miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen de manera legal, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley. Pero la iniciativa equipara la subcontratación legal con la ilegal o abusiva, prácticamente eliminando cualquier posibilidad de subcontratar de manera legal. En vez de beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabajadores.
Los empresarios insistieron en que el Congreso establezca un diálogo real, en el que se escuchen las preocupaciones de todos los sectores productivos, y así conseguir una reforma que garantice los derechos laborales de los trabajadores, pero que no atente contra la propia creación de empleo y la economía nacional.
