Campesinos deben prepararse ante estragos ambientales
- Política actual fortalece a los pequeños productores agrícolas, quienes reciben apoyos directos del gobierno y dejan fuera a los intermediarios
- En la publicación del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, de la Cámara de Diputados, se plantean los desafíos sociales, políticos, culturales, económicos, ambientales e institucionales vinculados a la vida agrícola de México
Abigail A. Correa Cisneros
Los investigadores Altynaí Arias Hernández y Jorge Luis Salazar Sánchez, plantean en su análisis Visión social del desarrollo sustentable, “una nueva cultura rural que se va construyendo de lo local a lo global” para acabar con la pobreza y el hambre, problemas que desde hace décadas aquejan a las comunidades campesinas. Un tema importante es también avanzar en la equidad de género, al igual que los avances tecnológicos y científicos que podrían sacar adelante al sector.
En su análisis mencionan que hoy la situación del campo es compleja porque ya no sólo se trata de crisis económica y financiera, sino también ecológica, ética, educativa, cultural y fundamentalmente social. La sustentabilidad se podría alcanzar con la acción colectiva, la participación social y la política pública, “las comunidades sustentables están siendo construidas por individuos que han recuperado la conciencia de comunidad, rigen su vida por una ética rural socioambiental y son capaces de trabajar solidariamente con el resto de la sociedad para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales agropecuarios, forestales, pesqueros, acuícolas, mineros, energéticos, acuíferos, etcétera”.
Los investigadores afirman que las estrategias de desarrollo tradicionales ven el desarrollo como una serie de transferencias técnicas con el fin de incrementar la producción, generar la riqueza y mejorar las condiciones sociales, pero esto segrega un tanto a los pequeños productores pues los programas tradicionales generalmente están dirigidos a los productores progresistas a mediana y gran escala, provocando la concentración de recursos, la marginalización de los pequeños agricultores y al aumento de campesinos sin tierra.
El año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de llevar bienestar a las comunidades que trabajan la tierra y alcanzar la autosuficiencia alimentaria aprovechando nuestros recursos naturales. Su política del campo se enfoca a dos millones de campesinos, productores, ejidatarios y pequeños propietarios de todo el país. Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, refiere que la nueva política agropecuaria, se sustenta en tres pilares. El primero es incrementar la producción de la tierra. Segundo, desarrollar una agricultura sustentable para preservar los recursos naturales cuidando el agua y el uso del suelo. Finalmente, construir una agricultura incluyente, reconociendo que las agricultoras y los agricultores son importantes y tienen necesidades diferentes.
En julio pasado, Víctor Suárez Carrera dijo que los avances del programa Producción para el Bienestar, alcanzan a un millón 434 mil productores mexicanos en situación de rezago, mismos que han recibido apoyos por siete mil 713 millones de pesos, lo que representa una cobertura del 85 por ciento, siendo la meta final atender a un millón 693 mil personas. Este apoyo se entrega de manera directa, previo al inicio del ciclo agrícola.
“Producción para el Bienestar está incluyendo a 250 mil productores de maíz y frijol de comunidades indígenas de alta y muy alta marginación, con un presupuesto de 800 millones de pesos.” También 250 mil cafeticultores y 170 mil productores de caña se integraron al programa con una inversión adicional de 2 mil 491 millones de pesos, el año pasado se reportó 70 por ciento de avance.
En el mismo sentido, el programa Precios de Garantía beneficia a casi dos millones de productores de granos básicos, ya que ofrece adquirir las cosechas a través de las bodegas de Sader, de las cuales se espera concluir la instalación de entre 700 y mil en el país, de acuerdo con el director general del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández. En este caso se cumple también con la política de eliminación de intermediarios, es decir, entrega pago directo e inmediato por las cosechas.
El programa Crédito Ganadero a la Palabra, está presente en 14 entidades seleccionadas por su situación de pobreza. El coordinador general de Ganadería de Sader, David Monreal Ávila, detalló que están muy cerca de la meta de siete mil 380 beneficiarios.
Quienes ganan con estas iniciativas de la actual administración son los agricultores de bajos recursos. Para este año, casi el 70 por ciento del presupuesto proyectado para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se concentra en siete programas, como el de precios de garantía y fertilizantes.
Al respecto, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) señaló que es posible que la rentabilidad de los productores medianos y grandes que antes recibían apoyos, se reduzca, pero tampoco se puede determinar que dejen de producir. Incluso, Tomás Zurita, investigador del Centro, señaló que Si los nuevos programas se implementan efectivamente, es posible que la producción nacional de productos básicos incremente.
Cifras que da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacan que en México hay 5.3 millones de unidades económicas rurales (UER), 3.3 millones de ellas en situación de pobreza alimentaria, lo que representa 62.60 por ciento de las unidades en los estratos 1, 2 y 3.
En cuanto a las fuentes de ingresos, se reporta que en los estratos 1 y 2 el porcentaje proveniente de los apoyos gubernamentales es relevante, de 28 por ciento para el E1 y de 16.4 por ciento para el E2. Los datos de la FAO señalan la preeminencia de la actividad agrícola en el sector campesino, pues de las UER que sí venden parte de su producción, 60.6 por ciento proviene de la agricultura, seguida de 28.9 por ciento de la ganadería. Las diferencias entre unidades económicas rurales también se manifiestan en la superficie promedio de cada estrato.
Si bien el promedio nacional es de 24.7 hectáreas por unidad, su rango parte de 3.5 hectáreas en el estrato denominado “familiar de subsistencia sin vinculación al mercado”. Estos datos son tomados del informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
El modelo que se venía manejando propició que 95 de cada mil mexicanos viva en la pobreza extrema; el 80 por ciento de los habitantes del campo son pobres, y con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aumentaron las importaciones de maíz de 400 mil a 10 millones de toneladas. El modelo de desarrollo rural ha concentrado los apoyos en los estratos de productores muy especializados que trabajan en las regiones donde la agricultura industrial ha avanzado significativamente en el mercado exterior, con la expectativa de generar empleo, bienestar y desarrollo por ser unidades altamente especializadas. El reporte de Arias Hernández y Salazar Sánchez destaca que si esos recursos se ocuparan para financiar a las pequeñas unidades de producción que generan alimentos, se fortalecería la economía familiar, ya que se estima que 40 por ciento de los alimentos producidos en México son fruto del trabajo y del esfuerzo de cinco millones de productores familiares.
Por otra parte, el cambio climático debe tener su apartado en las políticas que emprenda el gobierno. La población rural se enfrenta en el corto plazo a estragos por la degradación ambiental: la salinización de los suelos, la contaminación del agua y la deforestación (procesos muchas veces asociados a las actividades agrícolas). Uno de los más preocupantes es la erosión del suelo, que afecta en última instancia la base misma de la producción agropecuaria: la tierra.
Estos son los problemas que seguramente pondrán en jaque en el futuro cercano las capacidades productivas del país.
DESDE EL CENTRO
El avión presidencial sigue costando una fortuna a los mexicanos, el Presidente López Obrador informó que mantenerlo un año en Victorville, California, Estados Unidos, ha costado casi 30 millones de pesos, por lo que regresará a México para ser subastado, luego de que no lograra ser vendido. Su precio estimado actualmente es de 130 millones de dólares, es decir, 2 mil 489 millones de pesos…Es inminente el juicio político al primer mandatario estadunidense, Donald Trump. La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi dijo que este miércoles se llevará a cabo una votación en sesión plenaria para formalizar el envío al Senado de los cargos presentados contra el presidente.
