Pese a la presentación de once iniciativas para lograr la reducción del uso de plásticos a nivel nacional, durante la actual legislatura no se han aprobado parámetros a nivel general para disminuir la distribución de estos productos
José M Gijón
A inicios del año, coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma al artículo 25 de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis (SEDIA) de la Cámara de Diputados informó que en el país no existe una ley federal ni general que prohíba el uso de plásticos de un solo uso.
De acuerdo con el órgano legislativo, ante la falta de esta medida oficial, en la mayoría de los estados se han dedicado a trabajar en la materia a través de reformas en las leyes locales o a nivel municipal, haciendo uso de los reglamentos y bandos de cada comunidad.
Aunado a ello, en el documento “Prohibición del uso de bolsas de plástico. Derecho comparado a nivel internacional y estatal” generado por la dirección de SEDIA se menciona que en el transcurso de la LXIV Legislatura se han presentado once iniciativas y cuatro puntos de acuerdo que buscan prohibir o disminuir paulatinamente el uso de bolsas de plástico a nivel cotidiano, además de exhortar a que en la propia Cámara de Diputados se impida la adquisición y el uso de las mismas.
En las propuestas se consideró que el Ejecutivo Federal observara la formulación y la conducción de la política ambiental y la expedición de las normas oficiales mexicanas en materia de protección al ambiente mediante el uso de bolsas biodegradables; pasar del uso de los materiales convencionales a unos menos nocivos para el ambiente; establecer multas a comerciantes que se negaran a transitar gradualmente a los biodegradables o que se prohibiera la entrega de envases, empaques y embalajes de plástico.
Además, también se sopesó la posibilidad de establecer como facultad de la Federación la expedición de normas oficiales que prohíban la utilización de polietileno de baja densidad y de alta densidad, polietileno lineal, polipropileno, polímero de plástico no biodegradable y el tereftalato de polietileno; todos materiales que se usan para la producción de bolsas desechables, popotes y botellas de plástico.
Por otro lado, en el mismo informe se detalló que al año se producen alrededor de 300 millones de toneladas de residuos plásticos a nivel global, los cuales tardarán en degradarse aproximadamente 400 años. Las consecuencias de esto van del bloqueo de las vías fluviales y la obstrucción de los sistemas de alcantarillado hasta la propagación de enfermedades y el daño a la fauna marina y terrestre de los ecosistemas.
Pese a esta situación, la cual ha llevado a los gobiernos y organismos internacionales a establecer diversas metas para reducir de forma significativa la basura marina y los microplásticos, el SEDIA resaltó que los únicos casos donde se ha concretado el cese en el uso de las bolsas de acuerdo con sus disposiciones jurídicas son los estados de Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Por otro lado, las entidades que se encuentran en búsqueda de la reducción o la eliminación de los plásticos de un solo uso son Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila y San Luis Potosí, siendo la única excepción la ciudad de Toluca, Estado de México, que seguirá la entrega de bolsas.
De estos, poco menos de la mitad de las entidades federativas del país contemplaron el uso de bolsas reutilizables, como es el caso de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Hidalgo o Michoacán. Dentro de éstos, San Luis Potosí destaca por prever el otorgamiento de los estímulos fiscales para la producción, promoción, entrega y utilización de bolsas de plástico biodegradables.
Los que consideran sanciones expresas a quienes infrinjan la ley son Chiapas, Estado de México, Querétaro y Sonora; en tanto, las entidades que remiten a la propia ley para la aplicación de sanciones son Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí.
