El pacto de inversión para reactivar al sector se verá afectado por la pandemia del coronavirus, el desplome de los mercados financieros y la caída de los precios del petróleo, advierten empresarios quienes anticipan que se detendrán algunas edificaciones
José M Gijón Anaya
Dentro de los rubros que forman parte de la economía mexicana, uno de los que se han visto más depreciados en tiempos recientes ha sido el de la construcción y las distintas ramas que la componen.
Tan sólo en diciembre de 2019 la industria mexicana tocó fondo al ver que su valor de producción se desplomó 12% anual, dejándola en niveles mínimos desde el año 2006 que se empezó a considerar este indicador.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que esto se tradujo en que el personal ocupado, las horas trabajadas y las remuneraciones terminaron en números rojos, pese a las medidas tomadas por el gobierno federal para tratar de reactivar el sector como fue el adelantar más de 800 licitaciones o el programa de inversión presentado por la iniciativa privada en noviembre del año pasado.
El organismo indicó que, además de llevar 18 meses seguidos de pérdidas en la producción, la construcción vio una disminución del 1.3% anual en su planta laboral, la cual se recargó en la baja de 1.9% del personal que depende de razón social.
Aunado a esto, las horas trabajadas tuvieron una reducción del 1.2%, con una caída en el trabajo realizado por los dependientes de la empresa de 1.8% y un crecimiento de 3.5% en el trabajo de los no dependientes.
En tanto, las remuneraciones medias reales se recortaron en un 3.5% por efecto de una caída del 8.6% en las pagas de los obreros, pese a la entrada en vigor del aumento al salario mínimo que tenía por objetivo incidir en los sectores más vulnerables.
En términos generales, durante el primer año del sexenio el valor de la producción de las empresas constructoras mexicanas tuvo una contracción del 8.1% respecto al año previo, lo cual se sumó al decrecimiento de 16.4% de los trabajos especializados para la construcción.
De acuerdo con el INEGI, durante el año pasado se pudo observar que las entidades que cuentan con una mayor proporción de personas en situación de pobreza tuvieron una tendencia negativa en el rubro de la construcción.
Particularmente, las cifras destacaron que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Michoacán, entre otras entidades federativas, cerraron el 2019 con una clara ruta de precarización en la materia.
Lo anterior fue ejemplificado por el Instituto con la situación de las carreteras, de las cuales se tienen registrados 407,900 kilómetros en total, pero apenas 177,000 se encuentran pavimentadas, 131,000 tienen calidad de revestidas y 31,000 entran en el rubro de la terracería.
Del total nacional, Oaxaca posee 30,700 kilómetros de carreteras con 21,000 de terracería y sólo 7,200 pavimentadas; Chiapas alberga 22,900 kilómetros, de los cuales 14,700 son revestidas y poco más de 7,000 pavimentadas; y Guerrero, que cuenta con 18,800 kilómetros en total, apenas tiene 6,000 de brecha mejorada, 6,100 revestidas y 6,600 pavimentadas.
Posteriormente, el INEGI reportó que la actividad industrial registró una caída de 1.7% anual en enero, lo cual representó el resultado más débil para el indicador desde 2009, cuando se observó un desplome de 8.3%.
Alejandro Saldaña Brito, economista en jefe de Grupo Financiero Ve por Más, detalló que el indicador sumó 15 meses al hilo de caída interanual, pero que mostró una mejoría respecto a diciembre, siguiendo el avance de la minería, la construcción y la manufactura, siendo esta última favorecida por el repunte de la exportación y la disipación de los efectos de la huelga de General Motors.
Dentro de los componentes del indicador del INEGI, tanto la minería como la generación, transmisión y distribución de ciertos productos energéticos mostraron aumentos, mientras que la construcción presentó un decremento de 9.2% con 12 meses a la baja.
Al interior del sector, el campo de la edificación tuvo un decremento del 7.7%, las obras de ingeniería civil se desplomaron 17.7% (su nivel más bajo desde junio de 2016) y los trabajos especializados disminuyeron 5.7%. “La variación anual sigue mostrando debilidad, ante los bajos niveles de Inversión Fija Bruta”, mencionó el estratega.
De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el año pasado se presentó un cambio estructural en el sector de la construcción que no se dio ni durante la crisis del 2009, lo cual derivó en un retroceso que implicó una ruptura en el comportamiento estacional de la construcción y su evolución previa. Esto explicaría la baja en el Producto Interno Bruto (PIB) potencial del sector.
Esto, puntualizó, va en contra de la lógica de la política económica y desarrollo social expuesta por la actual administración referente al favorecimiento del desarrollo del sur y sureste de México para resolver el problema de pobreza que aqueja a la región.
Como una posible solución, el IDIC indicó a inicios del año que se requiere una estrategia nacional que permita integrar en una sola dirección la acción del Estado con la satisfacción de las necesidades en materia de infraestructura, lo cual se generaría mediante un acuerdo nacional que gire en torno a la colaboración de las empresas constructoras, las empresas que fabrican los insumos intermedios y el sector educativo que genera el recurso humano pertinente para cada sector productivo.
Sumado a esto, se requeriría de nuevas inversiones que utilicen lo “Hecho en México” para poder atender las necesidades de la sociedad mexicana, preservando el empleo e incrementando la inversión sin depender de un entorno internacional volátil.
Pacto de inversión
Para tratar de mitigar la situación de la industria de la construcción, en particular el de la vivienda, en donde se aglutinan más de 40 ramas económicas, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía (SE) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) firmaron el Pacto por la Inversión en el Sector Vivienda y el Abatimiento a la Corrupción con organismos privados de la industria.
El objetivo central de dicho acuerdo es reactivar la economía a través de inversiones que ascenderán a casi 700,000 millones de pesos para 2020.
La firma del acuerdo se realizó con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la cual se comprometió a invertir aproximadamente 411,000 millones de pesos este año; con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que en conjunto previeron inversiones por 273,000 millones de pesos.
De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, a cambio de la derrama de recursos por parte de la industria, el Gobierno Federal se comprometió a simplificar la regulación del sector para incentivar el crecimiento de las inversiones y que se impulse tanto la economía como la generación de empleos.
Además de esto, la dependencia a su cargo propondrá mayores mecanismos de la banca de desarrollo para fortalecer el sector y promoverá facilidades en materia de financiamiento.
“Lo que estamos esperando es que para este 2020 haya una inversión que es 15% mayor que la que hubo en 2019, déjenme ponerles números muy precisos, en 2019 se invirtieron 598,000 millones de pesos y a partir del pacto que estamos firmando estamos esperando que este sector a través de las distintas cámaras esté invirtiendo 685,000 millones de pesos”, estimó el funcionario.
Por su parte, Graciela Márquez Colín (titular de la SE) sostuvo que a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se trabaja en la simplificación de trámites, licencias y permisos para el rubro de la construcción mediante un modelo de ventanilla simplificada que permite otorgar licencias para edificación de bajo riesgo en un plazo máximo de 10 días.
El presidente de la CMIC Ciudad de México, Armando Díaz-Infante, subrayó que el pacto es crucial para construir la confianza necesaria y reactivar la inversión inmobiliaria, sobre todo considerando que al cierre de 2019 la construcción tuvo una caída de 5% con un total de 152, 268 puestos de trabajo perdidos respecto de 2018.
Pandemia apaga optimismo
Pese a que el anuncio del pacto resultó en mejores prospectivas para el sector de la construcción, en los días subsecuentes a su firma, devino el lunes negro del 2020 y con ello el desplome de los mercados financieros de todo el mundo, lo cual rompió el esquema de inversiones y el optimismo de los constructores.
El 9 de marzo pasado los mercados mundiales registraron una tendencia marcada a la baja, derivada de la caída de los precios del petróleo de casi 30% y el temor al freno generalizado de la economía a causa de la diseminación del Covid-19 a nivel internacional.
En Nueva York, el Indice Dow Jones cerró la jornada con una caída de 7.79%. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) resintió el pánico internacional al tener su peor caída desde el 22 de octubre del 2008, registrando una baja de 6.4%. Esto implicó que el peso cerrara en 21.18 por dólar, su peor desempeño desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.
En total, la BMV perdió más de 2,500 puntos, con un retroceso de 6.42% en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), por lo que la Comisión de Cambios anunció un incremento de 10,000 millones de dólares en su programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional para paliar los efectos de la abrupta caída del peso.
Como consecuencia del desplome de las bolsas y los precios internacionales del petróleo, la CMIC indicó que se podrían ver consecuencias severas para el sector de la construcción.
Fernando Valenzuela, presidente de la delegación zona norte de la Cámara, expuso que el lunes negro viene a disminuir los ingresos que fueron considerados en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación para este año.
“Un precio que se consideraba un presupuesto de 49 pesos por barril que hoy está a 22 pesos por barril, imagínense en una producción considerada diaria de 1.67 millones de barriles diarios los ingresos que se dejan de percibir”, puntualizó.
Mencionó que esto implica un impacto negativo para la construcción porque muchos de los materiales que se utilizan para las obras son productos de importación (caso de los aluminios y todos los productos prefabricados), lo cual devendrá en el encarecimiento de la construcción.
Aunado a esto, la CMIC dio a conocer que las construcciones en las que abunda personal tendrían que ser detenidas en las semanas siguientes como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
“Damos libertad a nuestras constructoras para que visualicen en su obra el riesgo de contagio. Es probable que las construcciones de edificios se suspendan”, explicó Eduardo Ramírez Leal, presidente del organismo.
Comentó que se trata de una medida destinada a preservar la salud de la población, ya que en este tipo de levantamientos el número considerable de trabajadores que interactúa es necesario.
Respecto a las consecuencias del coronavirus, Ramírez Leal señaló que el daño es inevitable, “no sólo por la pandemia, sino por lo que ha pasado en el país. Pero no hay que especular”.
Un primer efecto ha sido el alza en los costos de distribución de materiales para la construcción, a razón de lo cual el presidente de la CMIC solicitó a las empresas no abusar y que se aminoren los golpes que ha sufrido la cadena productiva.
