Anunciar medidas aisladas o ejercer adecuadamente el gasto público no es suficiente para evitar que el estancamiento actual se transforme en una recesión profunda; México requiere de la colaboración de todos los sectores y la sensibilidad para tomar medidas decididas en apoyo de nuestra salud y nuestra economía, advierten especialistas y empresarios
Agustín Vargas
La parálisis económica y la falta de inversión que México ha observado en lo que va de la actual administración gubernamental, se ha visto agravada ahora por la pandemia del Covid-19, así como por la inacción y escasa respuesta de las autoridades para atender la grave situación.
En un hecho sin precedentes en la historia moderna de México, el país enfrenta la peor crisis de salud pública derivada del coronavirus, lo cual ya contagió a la economía y de no atenderse de manera urgente derivará en una profunda recesión.
Así lo advierten especialistas financieros, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil, quienes ante la gravedad de la situación claman ya por un plan de emergencia en materia de salud y en lo económico.
Agrupaciones colegiadas como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el de Ejecutivo de Finanzas (IMEF), así como organismos empresariales aglutinadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), propusieron al Gobierno Federal la instrumentación de un plan económico de emergencia, pues no se han adoptado las políticas públicas y las medidas de salud necesarias que deberían de implementarse para evitar brotes de la pandemia en diversas ciudades, ni tampoco se está considerando un plan emergente para atenuar los efectos negativos en nuestra economía.
“Anunciar medidas aisladas o ejercer adecuadamente el gasto público no es suficiente para evitar que el estancamiento actual se transforme en una recesión profunda”, advirtió el IMCP. El plan económico que proponen los contadores públicos se resume en 7 puntos:
- Política fiscal temporal contracíclica para incrementar el déficit fiscal en 0.5% del PIB, solo por este año, lo que equivale cerca de 110,000 millones de pesos. El 100% de este incremento en el presupuesto debería destinarse a medicamentos de emergencia y el grueso al gasto de inversión pública.
- Potencializar este gasto destinándolo a proyectos de inversión en asociación con el sector privado, al 30%, en sectores como la construcción, proyectos de infraestructura, salud, y en el sector de energía. –Con esto se detonarían inversiones hasta por 330,000 millones de pesos que equivaldrían al 1.5% del PIB- El efecto multiplicador de este gasto podría llevar al PIB a registrar un crecimiento potencial por arriba por arriba del 2.5%.
- Complementar el esfuerzo con un amplio programa de garantías de la Banca de Desarrollo para las grandes empresas y las pymes, mediante la participación de los bancos comerciales y los intermediarios financieros no bancarios.
- Revisión del régimen de inversión de las Afores, las aseguradoras y otros inversionistas institucionales, para inducir al ahorro de los Fondos de Inversión para el Retiro, y los demás portafolios de inversión, a una mayor canalización del ahorro hacia proyectos productivos en el País, a través del mercado de valores.
- Convenio entre el Gobierno Federal y la banca para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas deudoras del sector financiero, para dar un periodo de gracia, mínimo de 3 meses, como efecto de la pandemia en nuestro país.
- Del lado fiscal – impositivo, recomiendan: a). Permitir la deducibilidad al 100% de las prestaciones sociales a los trabajadores; b).Permitir la depreciación acelerada de nuevas inversiones en activos fijos; c). Permitir la deducibilidad al 100% de los intereses de créditos destinados a la inversión en expansión de la capacidad instalada; d). Dar facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por efecto del impacto del Covid-19.
- Iniciar un gran esfuerzo de desregulación, fortalecer con hechos el Estado de Derecho, y atacar frontalmente la inseguridad y la corrupción.
Decálogo empresarial
El plan de emergencia económica propuesto por el IMCP fue reforzado con el decálogo del Consejo Coordinador Empresarial, que en esencia son los mismos planteamientos externados por los contadores públicos.
Eso sí, el organismo empresarial enfatizó en la adopción inmediata y urgente de dichas medidas para evitar la disminución drástica de la inversión, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo de 21 millones de mexicanos.
El objetivo, expuso el CCE en su documento, es colaborar con el gobierno para mantener la salud, la seguridad y el bienestar económico de los ciudadanos. “En el frente internacional, el daño a la economía real ya se muestra por el lado de la oferta, al interrumpirse el comercio y la actividad de diversas cadenas de producción. En el interno, por ahora el problema es primordialmente de demanda agregada. Por ello, las medidas deben enfocarse a fortalecerla”, explicó.
Las propuestas del CCE se agrupan en cinco frentes: asegurar liquidez al mercado interno; estimular el consumo privado; facilitar y estimular la inversión privada; elevar consumo e inversión del sector público; y dar señales positivas a los mercados internacionales. Incluyen un amplio número de medidas económicas, fiscales y administrativas que permitan fortalecer a la economía para sobrellevar la etapa de crisis:
- Asegurar la liquidez en el mercado financiero. La prioridad es que la intermediación financiera sea fluida en el corto y en el largo plazos.
- Mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, en este momento de retos inéditos, el gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1% del PIB de superávit primario. Los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Si es necesario, tomar deuda de una forma responsable.
- Fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el sector privado y el gobierno y anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético.
- Depreciación acelerada automática. Establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones que las empresas realicen sin limitación geográfica alguna, durante el ejercicio de 2020.
- Preservar el empleo. En los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia.
- Respetar de forma irrestricta el Estado de Derecho, evitando las amenazas de cambios a las normas ya en operación para empresas que invirtieron en el sector eléctrico, y cambios inaceptables como consultas populares para inversiones que ya están hechas.
- Acelerar los pagos pendientes a proveedores de CFE y Pemex. Es urgente el pago de pasivos a proveedores por productos y servicios ya entregados en cualquiera de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal.
- Apresurar las devoluciones pendientes de IVA a las empresas y restaurar la compensación universal. Las empresas necesitan más la liquidez que el gobierno, en este momento.
- Conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el Gobierno para analizar el impacto económico, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica.
- Activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados. El papel contracíclico histórico de la Banca de Desarrollo en situaciones de crisis ha sido fundamental para preservar la planta productiva.
Según el CCE estas medidas – tanto las de corto plazo como las de mayor profundidad- ayudarán a contener los efectos económicos de la pandemia que se enfrenta y contribuirán a conservar el empleo y a dar liquidez a personas y empresas, para crear las condiciones de recuperación del crecimiento económico.
“México requiere de la colaboración de todos los sectores y la sensibilidad para tomar medidas decididas en apoyo de nuestra salud y nuestra economía”, finalizó.
Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición, el Gobierno Federal no había dado respuesta alguna a las propuestas para instrumentar un plan emergente, ni tampoco había anunciado la adopción urgente de nuevas medidas para enfrentar la pandemia de salud y la crisis económica.
