Ciudad de México.- La iniciativa privada, a través de sus integrantes como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), advierte que “el gobierno federal nos está pidiendo hacer lo imposible: pagar el 100 por ciento de impuestos y contribuciones teniendo cero ingresos. Nadie está obligado a lo imposible”.
Los empresarios han reiterado a través de sus diferentes cámaras sus llamados de apoyo urgente al gobierno federal, en unos con la presentación de programas de rescate económico, en los que se coincide con “cero condonaciones” a cambio de prórrogas para pagos de impuestos, pero argumentan que por ahora «la puerta está cerrada».
En las peticiones de los representantes de la iniciativa privada se advierten diferencias de opiniones, pues mientras unos hablan de una gran alianza nacional, otros más temen se rompa el pacto fiscal o convocan a una Convención Nacional Hacendaria.
Diferencias hay en el cómo de la ayuda ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, y las coincidencias se encuentran en las estimaciones de una crisis de grandes magnitudes que generaría gran desaparición de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y por lo menos la pérdida de un millón 400 mil empleos de no obtener esa ayuda.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, ha dicho que la solicitud de apoyo al gobierno “no es salvamento, ninguna ayuda, ninguna socialización de las pérdidas, ni privatización de las ganancias”, más allá es buscar soluciones para proteger a las empresas y a los empleos.
El pasado 7 de abril, Salazar Lomelín presentó al gobierno federal las medidas para enfrentar la emergencia económica en 90 días, en medio de una molestia entre algunos de sus agremiados que exigen “menos diplomacia”, pero que al final suscriben la petición de “un gran convenio nacional” que involucre gobierno, empresarios, trabajadores y hasta sindicatos en favor de empleos, salarios y de los ingresos de las familias.
El CCE pide, entre lo más destacado, créditos a través de la banca de desarrollo con fondos públicos de 100 mil millones de pesos para las Mipymes con problemas de liquidez, con tasas de interés blandas; diferir los pagos -sin condonación- de 100 por ciento de las contribuciones a la seguridad social; evolución de saldos del IVA; cambiar el concepto de deuda neta por deuda bruta, lo que liberaría 425 mil millones de pesos.
Sin embargo, las peticiones no han sido escuchadas y cada vez se nota más “la molestia”, como lo señaló el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos.
Argumenta que el gobierno federal se niega a implantar estímulos fiscales o a impulsar medidas contracíclicas para mitigar los efectos de la recesión, tal y como lo realiza la mayoría de los países del mundo.
Reconoce que la Canacintra está integrada en su mayoría por Mipymes y aun cuando “vamos a hacer hasta lo imposible por mantener el empleo y los salarios”, aclara que “sin medidas fiscales no lo vamos a lograr”.
El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, expuso en una carta que “sin la industria México no es viable”, y expuso su sentir y propuestas para la “imprevisible prueba” que representa la pandemia que presiona fuertemente la condición financiera del país y de su gobierno.
Por ello, Cervantes Días propuso acciones inmediatas para mantener funcionando la economía, “asegurar su continuidad” y evitar el colapso de las empresas y por tanto del empleo.
En la postura más crítica, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, señala que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene “inactivo” y asegura que “el gobierno no quiere solventar los costos de un buen plan de mitigación de la crisis por la que ya atraviesa el país”.
Califica de insuficientes la estrategia de los programas sociales que ya se aplican en la actualidad, y la emisión de 22 millones de créditos menores, de igual manera a un número seleccionado de ciudadanos en el padrón de la asistencia social.
Por ello, Gustavo de Hoyos ha propuesto acelerar el pago del saldo a favor de impuestos como el IVA, diferir pagos del Impuesto Sobre la Renta, ajustar pagos provisionales mensuales en los ingresos nominales de 2020, la deducción de 100 por ciento de prestaciones laborales, y diferir temporalmente los pagos de agua y electricidad.
Pero sobre todo, el dirigente patronal habla de evitar que se rompa el Pacto Fiscal porque, dice, «sería catastrófico», y llama por ello a una Convención Nacional Hacendaria.
