Ciudad de México.- El “plan de austeridad” para enfrentar la crisis económica fue replanteado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador y, entre sus aspectos más destacados, contempló reducción de salarios, cancelación de aguinaldos, así como una reducción de 25% en servicios generales y suministros hasta en 75%.
Sin embargo, el plan proyectado, no tocará los proyectos y programas insignia de la administración que el mandatario calificó de prioritarios.
López Obrador dijo que envió el documento a la secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para que inicien el proceso legal con la idea de que los lineamientos sean publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación.
El plan, dijo, se propone generar más ahorros para reorientarlos y con ello demostrará que se puede hacer frente a la crisis apartándose del neoliberalismo.
Las medidas anunciadas no contemplan despido de personal, pero si la suspensión de contrataciones, como adelantaron en la primera quincena de abril las secretarías de la Función Pública y de Hacienda.
El presidente detalló que los servidores públicos de mayor rango jerárquico reducirán su salario en 25% y no tendrán aguinaldo. Dos medidas que han resultado polémicas por ser derechos laborales y que el mandatario no planteó cómo propone legitimar jurídicamente.
Además, dejará de ejercer el 75% de las partidas de servicios generales y suministros. Estas son las partidas 2000 y 3000, que incluyen la contratación de insumos, bienes y servicios profesionales o especializados, por lo que el anuncio representa suspender a partir de hoy la contratación de proveedores gubernamentales para la operación gubernamental.
López Obrador agregó que desaparecerán 10 subsecretarías, pero garantizó ingresos y rango administrativo a quienes las ocupan. Finalmente expuso que buscarán una reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario con el fin de ahorran en la tenta de edificios, vehículos e inmuebles.
Lo que no tocará son los programas y proyectos creados en su administración, que calificó de “prioritarios”, entre los que se ubica en primer lugar la pensión universal para adultos mayores y las pensiones para personas con discapacidad; las becas para niñas y mujeres trabajadoras, así como el programa de becas “Benito Juárez”.
Así mismo, la construcción de las 100 universidades públicas; el programa “La Escuela es Nuestra”, y el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Las tandas del bienestar, los precios de garantías para el campo, la distribución de fertilizantes y el apoyo a pescadores.
Tampoco tocará la Guardia Nacional, ni los proyectos de infraestructura a los que apuesta el éxito de su administración como lo son el Aeropuerto “Felipe Ángeles”; la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como lo proyectado para la producción petrolera.
El listado de lo que no se moverá incluye la modernización de hidroeléctricas; mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de mano de obra y caminos rurales, así como las carreteras que ya están en construcción.
No tocará el “Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México”; ni la terminación del Tren Interurbano México-Toluca; la terminación de presas y canales; el programa de mejoramiento urbano; el parque ecológico del lago de Texcoco donde se construía el aeropuerto ideado en la pasada administración, y el programa nacional de reconstrucción.
Así mismo, el Tren Maya, cuya suspensión fue solicitada por decenas de ONG por no considerarla una obra esencial; el plan de “Internet para todos”, el plan de Desarrollo para el Istmo de Tehuantepec; la zona libre de la frontera norte; el proyecto cultural de la exresidencia oficial de Los Pinos y la integración del Bosque de Chapultepec, así como su programa de defensa de derechos humanos.
López Obrador indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizará la repartición de fondos para los estados y tendrá que aprobar previamente el uso de recursos que antes formaban parte de los fideicomisos. También deberá garantizar el pago de nómina, pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública.
Las secretarías de Salud, Marina, Defensa y la Guarida Nacional, tendrán trato excepcional.
El mandatario hizo énfasis en que se aplicará la ley de austeridad republicana de manera “rigurosa”.
Al mismo tiempo, abundó, se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media y se crearán dos millones de nuevos empleos, aunque no detalló cómo.
Según el mandatario estas medidas permitirán proteger al 70% de las familias mexicanas equivalente a 25 millones de hogares, “sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias”, todo ello –reiteró– sin aumentar el precio de los combustibles, de los impuestos o mediante la creación de impuestos nuevos, y sin endeudar al país.
Estás medidas aplican para todo el gobierno Ejecutivo Federal, como órganos desconcentrados, empresas con mayor participación gubernamental y fideicomisos.
El decreto entra en vigor este día cuando se publique en el Diario Oficial de la federación y cesará, dijo, el 31 de diciembre de 2020.
La SHCP, en un plazo no mayor de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto llevará a cabos las adecuaciones de carácter presupuestal que en su caso se requiera.
