La ya complicada situación del sistema pensionario sumó presiones a raíz de la pandemia de Covid-19, que ha obligado al retiro de recursos y una potencial descapitalización
José M Gijón Anaya
Dada la situación que se ha vivido a lo largo de este año con la pandemia del Covid-19, el tema de las pensiones, uno de los pendientes en la agenda gubernamental, se ha ido tornando en un asunto cada vez más delicado y apremiante.
A finales de abril, Moody’s dio a conocer que las minusvalías presentadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) durante el primer trimestre del 2020 afectarían a aquellas que contasen con menores activos.
De acuerdo con Francisco Uriostegui, analista de la calificadora, los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) arrojaron que los recursos administrados por las Afores cayeron 2.1% en dicho periodo a raíz de la crisis sanitaria, lo cual implica un menor rendimiento para los trabajadores que ahorran para su pensión.
“Azteca, Inbursa, Invercal y Principal enfrentan costos fijos más grandes que las otras Afores, por lo tanto, su margen de rentabilidad se verá más afectado (…) tienen más probabilidad de registrar una fuerte migración de trabajadores”, advirtió.
En el caso de Azteca, pese a que cuenta con el número más grande de cuentas en el mercado (13.8 millones), los fondos que maneja apenas se acercan al 3% del total que tiene el sistema; le sigue Principal, con 2.9 millones de cuentas y recursos de 6.5% del total reportado.
Aunado a los desempeños deficientes, una de las previsiones de la firma consultora es que la crisis económica derivada del coronavirus sea un factor importante que genere que el mercado de Afores vea una reducción importante, obligando a fusiones o salidas del mercado.
Actualmente el saldo que se administra en el sistema de pensiones a través de la Afores representa más de cuatro billones de pesos, esto es el 16.7% del Producto Interno Bruto.
Consar desestima pérdidas
Por su parte, la Consar desestimó que la calidad de los activos de las administradoras pudiera erosionarse, entre otras cosas gracias al descenso de la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) y la baja tenencia en bonos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El presidente del organismo, Abraham Vela Dib, indicó que le parecía difícil de comprender la posición de Moody’s al respecto e insistió en que las caídas en los valores de los activos no son pérdidas, que la pandemia pasará y la economía verá una recuperación eventualmente.
Agregó que el sistema de ahorros aún no ha ingresado en una fase de desacumulación y que los primeros años de la misma contarán con cantidades “relativamente pequeñas de retiros”.
No obstante, ya para mediados de mayo la propia Consar tuvo que dar cuenta de las consecuencias que tendrá en el corto plazo la pandemia para el ahorro mexicano.
Según la Comisión, dadas las pérdidas de empleo formal que se han registrado en el país como consecuencia de las medidas sanitarias contra la pandemia, se debe contemplar un escenario donde los retiros por desempleo de las Afores aumente en más de un millón para junio.
Vela Dib aseveró que en cifras se espera un incremento muy importante en este concepto de retiros, por lo que para mediados del año se podrían superar el millón 30 mil personas que durante 2020 hagan uso de los recursos de su Afore.
Esto se suma al hecho de que, durante abril, 267,610 trabajadores hicieron retiros por desempleo, lo que significó una salida de recursos por más de 1,500 millones de pesos. El resultado implicó un incremento del 90% respecto al año pasado.
A nivel general, durante los primeros cuatro meses del año casi un millón de personas han sacado dinero de su Afore, lo que supuso una salida de más de 5,000 millones de pesos en recursos, el monto más alto visto desde 2005.
Pese a esto, el presidente de la Consar insistió en que las solicitudes por desempleo todavía no reflejaban los efectos del Covid-19, ya que los retiros se hicieron desde la mitad de febrero a la mitad de marzo, “que fue cuando iniciamos los primeros días del paro de actividades no esenciales”.
En cambio, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) señaló que, en un escenario extremo en el que se perdieran 2 millones de empleos por la pandemia y los trabajadores acudieran a su Afore a retirar recursos, se requeriría líquidez por alrededor de 0.7% del saldo total de las administradoras.
Sumado a esto, advirtió que la inestabilidad de los mercados continuará y se podrían observar nuevas minusvalías durante los próximos meses.
Sistema a revisión
Ante este escenario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que, una vez concluida la emergencia sanitaria, se revise la situación de las administradoras para para evitar afectaciones a los trabajadores.
Según el mandatario, el modelo que ha venido imperando representa un problema de origen que perjudicó a los ciudadanos, por lo que se analizará “lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros”.
“En efecto hay que buscar una solución porque si no se actúa, los trabajadores, sobretodo los que se van a empezar a jubilar a partir del 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es un tema preocupante, por ejemplo, eso requiere de un rescate”, afirmó.
Entre una de las soluciones rumoradas se encuentra la propuesta por el diputado Edelmiro Santos Díaz de reformar la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro (SAR) con la finalidad de que sea el Banco del Bienestar quien administre los recursos de los trabajadores.
El legislador argumentó que la iniciativa tiene por objetivo un sistema más adecuado para los trabajadores, donde se cobren menos comisiones por el manejo de cuentas individuales mediante una institución financiera existente a cargo del Estado.
Como consecuencia de la propuesta del diputado morenista se generaron serias críticas enfocadas a la incertidumbre sobre un posible manejo opaco de los recursos, sobretodo considerando que la institución está enfocada en la distribución de los programas sociales de la administración de López Obrador.
IP plantea alternativas
Otra alternativa es la planteada desde inicios de año por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual urgió a una reforma en pos de los trabajadores antes que del presupuesto manejado por el gobierno, como fue el caso de las tres reformas pensionarias anteriores.
La idea del organismo dirigido por Gustavo de Hoyos Walther consiste en la inclusión del sector informal en una reforma que priorice darle al trabajador una vejez digna, aumentando la tasa de reemplazo que actualmente se encuentra entre el 20% y el 30%.
Por su parte, la Amafore instó a reformar las pensiones para poder brindar apoyo en medio de la crisis sanitaria sin generar mayores afectaciones para los trabajadores.
La propuesta del organismo es que se pueda acceder al retiro de hasta el 11.5% de la subcuenta de “Retiro, Cesantía y Vejez” que se contempla en la Ley sin implicar que se descuenten semanas de cotización como ha venido siendo.
Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación, abundó en los beneficios de una reforma, ya que permitiría a las Afores que deseen invertir en proyectos de infraestructura sortear el paso por el mercado de valores y que puedan utilizar recursos como las ofertas privadas.
En términos de beneficios para el trabajador se vería una mejoría en función del incremento en la contribución obligatoria de hasta 15% (poco más del doble de la aportación actual), de la disminución en las semanas mínimas de cotización a 750 y de la inclusión de trabajadores independientes al SAR.
Por otro lado, las modificaciones permitirían a la Amafore operar un esquema de inversión en proyectos de infraestructura estabilizados de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Las Afores invertimos recursos a través del mercado de valores, el gobierno que tiene necesidad de tener recursos tiene proyectos estabilizados como carreteras”, destacó González Rosas, aclarando que tales proyectos concesionados son autofinanciables y los pagos de dichas concesiones irían directo a la Amafore, que prestaría los recursos para la construcción.
Aunado a esto, la Asociación externó una invitación al sistema financiero para identificar los proyectos fundamentales para el país y planteo la posibilidad de emitir bonos emergentes, bautizados en otros países como bonos “coronavirus”, que permitan reactivar la economía de forma viable.
