La “nueva normalidad” del Gobierno Federal considera al sector como esencial; los empresarios insisten en que hacen falta más medidas para realmente sanear a la industria
José M. Gijón
Entre las consecuencias naturales del cese de las actividades consideradas como no esenciales a raíz de la pandemia de Covid-19 en el país se encuentra el recrudecimiento de las situaciones de los rubros que ya venían arrastrando problemas desde antes.
Uno de los casos más afectados en este sentido ha sido el sector de la vivienda y la construcción, cuyos números han ido de mal en peor durante la actual administración.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) arrojó que para febrero el valor de la producción observó una caída de -15.6%, similar a la registrada en enero de 2020 respecto a 2019.
En categorías como las horas trabajadas y el personal ocupado también se obtuvieron resultados negativos, con desplomes del -10.6% y -10.0% respectivamente. El único indicador que no se mantuvo en números similares fue el de las remuneraciones medias reales, con un incremento anual del 4.9%.
Aunado a esto, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) del mes de marzo mostró una caída en términos reales del -3.4%, con disminuciones en la construcción de -1.4% respecto a febrero y -7.0% respecto a marzo de 2019.
De los subcomponentes del rubro dentro del indicador del INEGI, la Edificación resintió una caída del -4.7%, los Trabajos especializados tuvieron un retroceso de -9.3% y la Construcción de obras de ingeniería civil llegó a decaer un -17.8%.
Por si tales resultados fueran poco para la industria, las medidas adoptadas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia obligaron al sector a detener sus labores, al menos en cierta medida.
Por un lado, a principios de abril se declaró la suspensión de obras privadas en la capital del país durante todo el mes como medida para mitigar los efectos de la pandemia, argumentando que estas actividades entraban en el rubro de lo no esencial.
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Ciudad de México, Armando Díaz Infante Chapa, explicó en su momento que la decisión afectaría a 275,000 trabajadores de la urbe, poniendo en peligro la existencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que componen la mayoría del sector.
De acuerdo con el dirigente de los constructores, se mantuvieron pláticas con varios secretarios del gobierno capitalino, argumentando que la construcción es una actividad prioritaria para el país, que ocupa gran porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y que genera una parte importante de los empleos de la ciudad.
Por otro lado, pese a las medidas adoptadas sobre la obra privada, la obra pública se vio exenta de la suspensión, pese a que podría batallar con la falta de insumos dado el anuncio de la Cámara Nacional de Cemento (Canacem) de que suspendería su producción.
“Sin la materia prima, también las obras públicas se van a detener, es un impacto grande a la economía”, advirtió Díaz Infante Chapa.
Al respecto, el presidente nacional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, ahondó en las consecuencias de una eventual falta de insumos como podría ser la imposibilidad de construir más hospitales en caso de necesidad.
“El sector de la construcción viene de tiempos difíciles, necesitamos protección financiera a nivel local y federal. Por eso es preocupante la suspensión de obras privadas, y también se viene un gran reto con las obras públicas”, aseveró el empresario.
Para inicios de la Fase 3, la postura del gobierno capitalino no varió mucho, asegurando que ninguna obra pública sería cancelada para redirigir recursos contra el Covid-19 por ser consideradas como esenciales para el plan gubernamental y las necesidades de la sociedad.
En consecuencia, tanto organismos como empresas del rubro solicitaron a distintos niveles de gobierno reactivar la construcción y considerarlo una actividad necesaria.
Cementos Mexicanos (Cemex) explicó que la actividad es esencial, ya que genera el 15% del total de empleos en el país, los cuales se verían expuestos a un bajo riesgo de propagación de Covid-19 por su baja densidad de trabajadores.
“La producción de materiales es la de más baja densidad del sector, ya que en promedio se tienen 0.1 trabajadores en un área similar a un campo profesional de fútbol, lo que significa que operan en espacios amplios y abiertos, con más de 6 metros de distancia entre persona y persona”.
Sin embargo, pese a los argumentos de la iniciativa privada no se levantaron las suspensiones, lo que ha llevado al sector a una situación cada vez más complicada en un tiempo récord.
De acuerdo con la CMIC, para inicios de mayo aproximadamente 3,000 mi pymes del rubro habían cerrado por la falta de liquidez a raíz del cese de actividades.
Ramírez Leal señaló que dichas unidades económicas dejaron de tener ingresos desde hace semanas, lo cual las coloca en una posición muy complicada al no poder sostener sus plantillas de trabajadores.
El dirigente nacional del sector declaró que es necesario invertir en infraestructura para que el país pueda crecer, ya que la industria constructora tiene un efecto multiplicador que permea en 185 de las 262 actividades que registra el INEGI.
Sumado a esto, el presidente de la CMIC señaló que muchas de las políticas de la actual administración están encaminadas a la informalidad mediante la autoconstrucción, con lo que se desplaza a las empresas formales.
Dada la situación de los últimos meses, el sector de la construcción comenzó una serie de negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener préstamos e invertir en obras de infraestructura.
De acuerdo con Gustavo Arballo, secretario general de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), estos créditos difieren de los canalizados en su momento por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en que sí requieren de garantías gubernamentales, las cuales debe otorgar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hasta el cierre de la edición no se anunció ningún acuerdo definitivo al respecto.
Al final, tras varias semanas manteniendo la misma postura en torno al rubro, el gobierno del presidente López Obrador anunció la entrada en vigor de la “nueva normalidad”, mediante la cual se iría haciendo la reapertura de la economía de forma gradual.
Entre los sectores que regresarían a laborar a partir de mediados de mayo como actividades esenciales se encuentran la minería, la fabricación de equipo de transporte y la construcción.
Eduardo Ramírez adjudicó la inclusión del sector entre la nueva lista de trabajos esenciales al gran problema de desempleo que implica el cierre de empresas y celebró la decisión al considerar que en corto plazo se podría ver reflejada de forma positiva en la economía nacional.
No obstante, la industria de la construcción considera que se requieren mayores medidas para poder sanar a la industria en su totalidad, considerando el debilitamiento que ha imperado en los últimos años.
“Ya que reactivamos la industria tenemos que reactivar la contratación de mipymes, no hay trabajo para ellas, están desocupadas en 80% en el país”, aseveró Ricardo García de León, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC).
La propuesta emanada por este organismo es hacer 200,000 contratos de pequeñas obras para que las compañías puedan recuperar su flujo de efectivo y pagar a los trabajadores. La idea se ha trabajado con las dependencias correspondientes pero no ha habido una respuesta satisfactoria para los constructores.
Por su parte, Ramírez Leal detalló que es necesaria la inversión de un mayor número de recursos públicos en materia e infraestructura, dando prioridad a las empresas mexicanas para laborar en los proyectos del gobierno.
Aunado a esto, advirtió que el regreso de las actividades en el rubro implicará muchos cambios, incluidos los tiempos en los que se finalicen por completo las obras.
“No van a cumplirse posiblemente en los programas de gobierno los tiempos de entrega, porque se van a reducir las plantillas de trabajadores y su rendimiento. Tenemos que demostrar que cambió el procedimiento constructivo, nos va a llevar a que no puede ser el mismo costo ni al mismo tiempo”, aseveró.
