Claudia E. Anaya (*)
Pocas cosas turban el sueño de la actual administración. Ni el problemático ingreso a una malentendida nueva normalidad, ni los conflictos con la OPEP nacidos de aquella memorable reunión de más de 10 horas en la que nos representó la “laureada” Rocío Nahle.
No obstante, si hay algo que tenía fija la atención del inquilino del Palacio Nacional era poner nuevamente en marcha las obras claves de su administración: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
Este último fue el protagonista durante la semana pasada, ya que el presidente López Obrador se vio urgido a reiniciar sus giras de trabajo para poder ser participe del banderazo de inicio de obra del tramo uno de Palenque-Escárcega.
De acuerdo con el mandatario, la obra de infraestructura representa un acto de reivindicación para el sureste mexicano, zona que tiene la oportunidad de ver un impulso en el desarrollo de la región.
Según los pronósticos del Ejecutivo federal, la edificación debería estar terminada en su totalidad a principios de 2024, último año de su gestión.
“Yo espero que inauguremos el tren completo, los mil 500 kilómetros a más tardar a principios del 2024. Desde luego desde antes va a estar inaugurado el tramo de Palenque a Cancún (…) ya vamos a tener comunicación desde Palenque a Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum”, aseveró López Obrador.
No obstante, pese a que el tren sea de las máximas prioridades del presidente, las posturas en contra no han cesado y parecen estar muy lejos de hacerlo.
El día del banderazo la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) indicó que el acto violó la ley, ya que la construcción de la obra no fue sujeta al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental exigido por la legislación mexicana.
La asociación civil destacó que el Tren Maya pone en riesgo un ecosistema frágil y con una gran biodiversidad y que resulta necesario analizar el impacto ambiental, poniendo énfasis en la Reserva de la Biosfera de Calalmul, ubicada en Campeche.
Aunado a ello, la AMIA señaló que, pese a la insistencia que se ha hecho sobre el uso de vías de tren existentes para la obra, estos apenas representan el 18 por ciento de los mil 500 kilómetros anunciados.
«Las vías existentes fueron construidas hace más de 150 años y su trazo y especificaciones no se ajustan a las necesidades de un tren moderno de pasajeros, con velocidad de crucero mayor. Técnicamente no es posible usar lo existente», afirmó la asociación.
Otras agrupaciones que también comentaron negativamente el banderazo fueron “La Sexta Ejido Bachajón” y “Las Abejas de Acteal”, las cuales exigieron que primero se atendieran sus demandas históricas de justicia.
Las agrupaciones indicaron como prioritaria la resolución de la masacre de Acteal, además de los asesinatos de Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano, ejidatarios de San Sebastián Bachajón.
De acuerdo con Patrocinio Hernández, vocero del Concejo de “Las Abejas”, una muestra clara de la desvinculación del megaproyecto con las comunidades es que el mandatario únicamente llamó a la parte empresarial al banderazo, sin estar acompañado por el sector indígena.
“Ahorita lo que estamos viendo es que en lugar de atender las demandas históricas de justicia y de derechos humanos a lo que está dando más prioridad el gobierno actual, pues son los megaproyectos que no trae beneficio para la comunidad, para el pueblo del sur-sureste, y que solamente beneficia a grandes corporativos, a grandes empresarios, porque ahí obtendrán ganancias», agregó.
Cabría esperar que, dada la importancia que le ha otorgado al proyecto, el mandatario se tomara la molestia de responder a las severas críticas que se han mantenido en torno a la obra, pero lamentablemente ya es costumbre quedarse esperando.
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(*) Directora Adjunta de la Revista Hábitat Mx
