Ciudad de México.- Desde el inicio de la pandemia causada por Covid-19, el Gobierno de México ha implementado diversas acciones para mitigar los efectos sobre las economías de las familias y empresas derivados de las medidas sanitarias indicadas por las autoridades del Sistema de Salud.
CNBV
Con el objetivo de fortalecer de inmediato la liquidez de las familias y empresas, así como para propiciar que los acreditados pudieran recuperarse antes de reactivar sus pagos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció, desde el 26 de marzo de 2020, criterios contables especiales (CCE), aplicables a instituciones de crédito, con carácter temporal, que permiten la reestructura de los créditos al consumo, de vivienda y comerciales vigentes al 28 de febrero de este año.
Con estas facilidades regulatorias, las instituciones financieras otorgaron un periodo de gracia de 4 a 6 meses a las familias y empresas afectadas por la contingencia, durante el cual no estuvieron obligadas a pagar a las instituciones financieras el capital y/o los intereses de sus créditos, sin que esto significara afectar su historial crediticio o la acumulación de intereses moratorios.
Además, para las instituciones financieras, los CCE otorgaron la facilidad regulatoria de no registrar los créditos reestructurados como cartera vencida, lo que conllevó a no incrementar las reservas durante la moratoria de pagos, permitiendo mantener el otorgamiento de crédito a familias y empresas, al estabilizar en el corto plazo su rentabilidad y los niveles de solvencia en espera de que las condiciones económicas mejoren.
Al cierre de mayo de 2020, el saldo de los créditos reestructurados por los bancos comerciales al amparo de los CCE emitidos por la CNBV, ascendió a 916 mil 094 millones de pesos, lo que ha beneficiado a más de 7 millones de personas y empresas a lo largo de todo el país. Las empresas que más se han beneficiado son aquellas afectadas significativamente por las restricciones a la movilidad, como son: las de alojamiento temporal, construcción, esparcimiento y educación, lo cual, permitirá aminorar los efectos negativos en esas actividades económicas.
Por su parte, la banca de desarrollo y las entidades de fomento reestructuraron 159 mil 465 mdp, apoyando a más de 300 mil empresas y familias de sectores prioritarios para el desarrollo del país, entre los que destacan el agropecuario, desarrollo de vivienda, infraestructura, comercio internacional, estados y municipios, así como pequeñas y medianas empresas. Lo anterior se suma al respaldo otorgado a los créditos hipotecarios y personales del sector de los trabajadores formales del país, que vieron afectados sus ingresos como consecuencia de la contingencia sanitaria.
Las entidades financieras del sector de finanzas populares, representado por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS), las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y las Uniones de Crédito, cuyo objeto es fomentar el crédito y el ahorro entre las familias y pequeños negocios de las zonas urbanas, rurales e indígenas más desprotegidas del país, reestructuraron 23 mil 450 mdp, en beneficio de más de medio millón de acreditados.
En términos de monto, los créditos reestructurados por la banca múltiple alcanzaron 16.9% de la cartera total. Por tipo de producto, los montos reestructurados en el caso de los bancos comerciales se distribuyeron de la siguiente manera: 310 mil 465 mdp hipotecarios (33.9%), 216 mil 674 mdp corporativos (23.7%), 134 mil 230 mdp Pymes (14.7 %), 94 mil 270 mdp tarjeta de crédito (10.3%), 64 mil 158 mdp créditos personales (7.0%), 57 mil 717 mdp nómina (6.3%) y 38 mil 580 mdp automotriz (4.2%).
El plazo establecido de 120 días naturales para recibir y atender solicitudes de reestructura de créditos venció el pasado 26 de junio. Sin embargo, considerando las condiciones actuales de la contingencia, la CNBV decidió ampliar hasta el 31 de julio la vigencia de los CCE.
La extensión del plazo de instrumentación de las reestructuras hasta finales de julio permitirá a las instituciones financieras terminar de analizar, y en su caso aprobar las solicitudes pendientes. Asimismo, podrán acogerse a estas facilidades aquellas operaciones de crédito autorizadas en marzo que posteriormente se vieron impactadas por los efectos negativos de la contingencia.
BANOBRAS
En este tenor, Banobras hará uso de las facilidades regulatorias dadas a conocer por la CNBV para ampliar el plazo de sus programas en beneficio de sus acreditados. Los programas de Banobras apoyan financieramente en dos vertientes:
• Apoyo para Proyectos de Infraestructura, particularmente para los acreditados que hayan tenido disminución en sus flujos de ingresos. Entre los beneficiarios del programa se encuentran proyectos carreteros que han tenido reducciones en sus ingresos por la baja en el aforo vehicular.
• Apoyo financiero a Entidades Federativas, Municipios y Organismos Acreditados, para que las entidades subnacionales cuenten con liquidez para continuar con sus acciones prioritarias durante la contingencia.
FONACOT
Por su parte, Fonacot implementó el Plan de Alivio Fonacot, con el que los pagos no cubiertos en abril y mayo fueron transferidos al final del plazo de los créditos sin costo para el acreditado y con reporte de cumplimiento ante Buró de Crédito. Con la ampliación del plazo de las facilidades regulatorias autorizadas por la CNBV y sujeto a la autorización por parte de sus órganos de gobierno, dicho programa ampliará su plazo hasta el mes de julio del 2020.
Para dimensionar el impacto de esta medida, hasta el momento, el Plan de Alivio Fonacot ha beneficiado a 436 mil 766 personas, de las cuales 280 mil 494 recibieron este apoyo para un mes, así como 156 mil 272 para ambos meses. El diferimiento hasta ahora ha sido por 494 millones 795 mil 168 pesos.
INFONAVIT
Asimismo, en marzo pasado, el Infonavit aprobó un paquete de medidas orientadas a apoyar directa e indirectamente a los trabajadores que ya cuentan con un patrimonio y a aquéllos que buscan hacerse de un patrimonio a través de un crédito hipotecario. Para ello, y en apego a su marco jurídico, se dieron facilidades a los trabajadores acreditados a través de diversos mecanismos: i) Seguro de Desempleo Universal por hasta 3 meses y sin copago; ii) Prórrogas por hasta tres meses sin intereses (tolerancia al pago) y iii) Ajuste al factor de pago de hasta 50% en el caso de un paro técnico que implique una reducción salarial acordada entre el patrón y los trabajadores. De igual forma, se flexibilizaron los procesos de originación de créditos.
Estas medidas han permitido generar un espacio financiero relevante para las trabajadoras y los trabajadores que las solicitaron, así como sus familias. En total, han sido beneficiados 295 mil 222 acreditados. El saldo de los créditos que están recibiendo los programas de beneficio asciende a 93 mil 347 millones de pesos. Considerando los meses de pago de seguro de desempleo o diferimiento ofrecido, las familias han podido contar con un espacio financiero de 4 mil 396 millones de pesos.
Además, se ofrecieron facilidades administrativas y prórrogas a los patrones, se permitió el pago de aportaciones a plazos y se pospuso el inicio o suspendieron las acciones fiscales en contra de empresas deudoras. A través del apoyo a 29 mil 270 empresas – de las cuales 27 mil 753 son Pymes, y mil 517 tienen más de 250 trabajadores – se ha logrado impulsar la conservación de 2 millones 198 mil 282 puestos de trabajo. El diferimiento de cuotas asciende a mil 540 mdp.
Con base en el análisis de evolución económica, del empleo y la prospectiva de reapertura y gradual recuperación, y tomando en consideración los plazos y medidas anunciadas por las autoridades financieras, el Infonavit anuncia, previa ratificación el día de mañana por parte de su Consejo de Administración, la ampliación de las medidas referidas buscando proteger a los derechohabientes y empresas que quieran solicitar los beneficios hasta el 31 de agosto. Asimismo, se implementará un plan de atención a los beneficiados para cuando se cumplan las fechas de término de sus beneficios.
Todas estas disposiciones tienen impacto en diversos segmentos de la población y sectores económicos que permiten a las familias y las empresas mitigar las dificultades derivadas por la pandemia causada por el Covid-19. Además, con estas medidas se espera que la recuperación siga en marcha, de forma rápida y sostenida, privilegiando el compromiso del Gobierno de mantener finanzas públicas sanas.
