El Derecho en Acción para los Negocios en México
Mario Sandoval (*)
El Derecho en acción es el poder de las personas físicas y morales para requerir al estado su protección jurisdiccional a través de los órganos competentes para dar origen a cualquier proceso en materia civil o mercantil.
Actualmente en pleno siglo XXI, las personas físicas y personas morales que hacen en negocios en nuestro país, no se sienten seguras y temen un grave conflicto por enfrentar sus diferencias en tribunales. La falta de un verdadero Estado de Derecho, que dé certidumbre y confianza en el poder judicial, para resolver con oportunidad temas muy importantes como lo son los patrimonios o las actividades económicas para generar riqueza y empleo en México.
Las personas físicas o morales al iniciar un proceso judicial por asuntos de negocios (Créditos hipotecarios o Empresariales), han identificado la ineptitud e ineficacia de los responsables de los órganos jurisdiccionales tanto en el fuero común (Tribunales Estatales), como en el ámbito Federal con los Juzgados de Distrito, así mismo los mecanismos para resolver los conflictos en materia civil y mercantil, conllevan procesos largos, costosos, poco flexible y que para ejecutar una sentencia en firme el plazo es superior a los 5 años.
Eso pone en riesgo cualquier patrimonio o empresa. No hay forma de salir adelante con la mediación judicial y los conflictos se complican y caen en Jueces y Secretarios de Acuerdo en los Juzgados, que en principio la mayoría de los ciudadanos pensaría que son personas sabias y con experiencia en temas civiles mercantiles. Lamentablemente no es la realidad de nuestro país en materia judicial.
Este lunes 3 de agosto la mayor parte de los Juzgados en el País reinician labores con medidas de sana distancia y diversos protocolos. Fueron más de 120 días sin actividades judiciales, así que el rezago nacional ya acumulado, más los nuevos casos nos hablan de la situación que los abogados litigantes y sus clientes (partes actoras y demandados) estarán por constatar y pagar las consecuencias.
No es ser pesimista, es la realidad. La Suprema Corte de Justicia, atendió asuntos de extrema urgencia, al igual que los Juzgados de Distrito, pero los temas civiles y mercantiles están parados y aunque hablan y señalan los Consejos de la Judicatura de cada entidad, que la justicia no se detiene, eso es muy limitado, pues ya con sus consabidas argumentaciones de sus excesivas cargas de trabajo y sus actitudes poco atentas y soberbias por parte del personal de juzgados en general, dilatan TODOS los asuntos, dejando a su criterio la interpretación de Leyes y Códigos, lo que provoca impugnaciones en la mayoría de los asuntos.
En el último censo del INEGI, en todo el país se presentaron en juzgados 2 millones 127 mil asuntos judiciales. El 52% fueron asuntos Civiles y Mercantiles, esto es más de 1 millón de asuntos en esas materias. El 38% son asuntos familiares, 8 % penal y 2% otras materias. Luego entonces el mayor impacto esta en los asuntos civiles y mercantiles. Lo que dejaron parado las autoridades por la epidemia.
Exclusivamente en materia mercantil fueron 500 mil asuntos en el país. El 50% de estos asuntos se litiga en la Ciudad de México, es decir 250 mil asuntos nuevos en promedio por año. Es decir, en usa sola entidad se concentra la carga y los asuntos más relevantes del país en materia mercantil.
En el mismo escenario global del INEGI, se resuelven un total de 1 millón de asuntos, el 99.9% corresponde a años anteriores. Hay un rezago acumulado de más de 3 millones de asuntos a esa fecha, así que, si sumamos el efecto de epidemia, se cerrara el 2020 con más de 3.5 millones de asuntos rezagados, donde más del 50% corresponderán a asuntos civiles y mercantiles
Por lo que adicional como no se aplica una verdadera ley orgánica que sancione la ineficiencia, ineptitud y corrupción del personal en juzgados, les tiene sin cuidado. Los nombramientos más que por meritocracia y resultados, son producto de grupos en común y apoyos especiales de autoridades en turno en las entidades.
Debe haber tableros de gestión y desempeño públicos en cada Consejo de la Judicatura Local y Federal, que avisé el grado de calificación del Juez responsable, hoy no se sabe y aunque tenemos buenas leyes y códigos, los impartidores de justicia no están al nivel de exigencia de la Sociedad y de las actividades de negocios y los datos ahí están en el INEGI, anexo la liga para quien desee validar e investigar es un reporte muy detallada gráfico y completo publicado en octubre de 2019. inegi.org.mx/programas/cnije/2019/
Dirán los lectores que se generaliza el tema. La verdad donde no hay corrupción, si hay ineptitud, desactualización, cero trabajo en equipo y pésima actitud al público para atender procesalmente los asuntos. Son personal de Juzgados, pero también son servidores públicos y todos pagamos con nuestros impuestos por un trabajo de calidad.
Esa deficiencia es aprovechada por abogados litigantes chicaneros (abuso de conductas obstructivas procesales en el avance de los juicios, para generar fatiga y desilusión en la justicia). Estos abogados tramposos, normalmente representando a los demandados, en la mayoría de las ocasiones tienen en los Jueces y sus Secretarios de Acuerdos a sus mejores aliados, por lo que, la equidad de las partes y la neutralidad procesal, se parcializa. Es importante recordar que los derechos humanos son para las partes, para el actor y para el demandado.
En México hay cerca de 350 mil abogados, se estima que solo el 20% son litigantes activos, hay cerca de 300 mil estudiantes de derecho, las escuelas Públicas y Privadas, temen un gran reto en el desarrollo de Actualizacion de técnicas y conocimientos y mejores prácticas de sus matrículas.
Esa falla en el Estado de Derecho afecta la Economía de las Empresas y el nivel de vida de las personas. Las actividades comerciales se ven afectadas tanto entre particulares y lo mismo con las entidades financieras, al no haber un adecuado y eficiente sistema judicial los procesos judiciales son un factor que desmotiva las actividades de negocios y que impide un desarrollo adecuado de las economías regionales.
El Derecho en Acción, requiere agilizar los procesos judiciales, los abogados litigantes deben aportar capacidad e intelecto, iniciativa, lealtad, honestidad, discreción, ética, organización, adaptación a la tecnología con todo lo que ello hoy involucra en medios, aplicaciones, redes sociales y comunicación.
Así mismo hoy la situación nos obliga a tecnificar y adaptar las Leyes y Códigos a la tecnologías y herramientas tecnológicas, ya hay avances en los Código de Comercio, el Código Civil y hay que precisar en los Códigos de Procedimiento Civiles estatales y federal. Ahí los Legisladores, los colegios de abogados y los Tribunales, deben trabajar en equipo para resolver temas claves en los procesos, como son los emplazamientos electrónicos (notificaciones de demanda), la recepción y desahogo de pruebas en medios electrónicos, avalúos, peritajes, inscripciones electrónicas y audiencias de remate.
Para las personas, para las empresas, este segundo semestre será de aprendizaje en temas legales, clientes, proveedores, desde la pequeña negociación, hasta las grandes corporaciones, vamos a tener que adaptarnos e informarnos en temas que normalmente dejamos solo a los abogados, pero los datos nos dicen que somos todos los que tenemos que hacer valer el derecho en acción.
Ya no es solo para abogados de la escuela antigua el memorizar artículos de leyes y códigos en materia civil o mercantil, hay que entender los procesos judiciales, saber pedir la rendición de cuentas a los abogados litigantes y estos a su vez prepararse para exigir desempeño confunde a derecho a los juzgadores.
El Derecho en Acción debe llegar a todos, es democratizar la impartición de justicia, es hacer valer la verdad con el buen derecho y no caer en las poses y el chantaje de unos cuantos que abusan de la buena fe o ignorancia de sus clientes. Y cuando hay clientes con mala fe y dolo, la ética del abogado también significa no prestarse para defraudar haciendo uso de las herramientas que da el derecho.
El lenguaje jurídico es fundamental, acercarlo al entendimiento de las personas, debe tener la capacidad de comunicar los riesgos, las oportunidades y sobre todo la verdad. Iniciamos una nueva etapa en los asuntos legales de México, es una oportunidad para todos los involucrados y al final beneficiamos a todos, aún a aquellos que no tiene asuntos legales de manera directa. Esto es el Derecho en Acción. Donde ahora todos se deben mover y más rápido, el que no lo haga, se hará o lo harán a un lado. En materia civil y mercantil, los negocios están etapa crítica en estos momentos para salir adelante, sobrevivir y adaptarse. Por lo que hay que apoyarlos con todo, es por México y su futuro.
CEO FISAN SOFOM ENR
Ex Presidente Nacional AMFE
