Pese a las recomendaciones hechas por la Cofece para impulsar la entrada de nuevas marcas al país, la Sener ha tomado acciones que redundan únicamente en el beneficio del monopolio energético mantenido por la paraestatal durante años
José M. Gijón
Una de las grandes problemáticas históricas que se ha venido acarreando con cada sexenio es el tema de los combustibles. Más específicamente, el precio de las gasolinas ha visto aumentos constantes y graduales que han suscitado conflictos a nivel nacional.
En consecuencia, durante la actual administración han surgido propuestas para tratar de dar una solución al tema, sorteando los llamados “gasolinazos” a través de varias alternativas.
De acuerdo con un estudio efectuado el año pasado por el Banco de México (Banxico), entre los factores que determinan los precios de los combustibles en el país se encuentra la presencia de una mayor competencia, ya que esta permite a los consumidores finales acceder a precios más bajos.
En función de esto, a mediados de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó algunas propuestas destinadas a modificar la normativa referente a la comercialización de gasolinas y gas licuado de petróleo (gas LP), con miras a lograr una reducción en los precios.
El organismo, dirigido por Alejandra Palacios Prieto, señaló la existencia de diversas restricciones que habían traído como consecuencia los precios elevados pagados por los consumidores y que abonaron a una baja competencia en el sector.
Entre estas medidas se hallaron aquellas referentes a regulaciones que establecieron distancias mínimas entre competidores, requisitos solicitados por Petróleos Mexicanos (Pemex) para establecer una franquicia sobre la marca y otras peticiones efectuadas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Por tanto, entre las recomendaciones emitidas por la Cofece se propuso eliminar las disposiciones en torno a las distancias mínimas, como es el caso de entidades donde las regulaciones locales dictan que no se puede establecer una nueva estación de despacho de gasolina en un perímetro cercano a otra.
Aunado a ello, el órgano regulador también indicó como conveniente la eliminación de los conceptos de superficie mínima y frentes principales que deben tener los predios donde se pretenda colocar una nueva gasolinera, estableciendo criterios transparentes para el otorgamiento de permisos.
La comisión identificó que una de las consecuencias de las regulaciones vigentes era el bajo número de estaciones de servicio en el país, cuyo total fue de una por cada 3 mil 40 automóviles en 2019, mientras que en otros países el promedio rondó en una estación por cada mil 222 vehículos.
No obstante, el proyecto sexenal del presidente Andrés Manuel López Obrador parece apuntar en una dirección distinta a la defendida por el organismo antimonopolios.
Durante el mes de junio, la Secretaría de Energía (Sener) indicó que la actual administración tiene como objetivo alinear a los órganos reguladores para impulsar a las empresas del estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la propia Pemex.
La dependencia, a cargo de Rocío Nahle García, presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) su anteproyecto del Programa Sectorial 2020-2024, donde propone alinear el desempeño de las compañías productivas del Estado con las distintas comisiones del rubro para planear una política de rescate e impulso del sector energético.
Por otro lado, bajo el argumento de fortalecer a estas empresas, la Sener modificaría regulaciones “inadecuadas y alejadas” de criterios de competencia que a su parecer han provocado daños financieros y de participación de mercados.
A grandes rasgos, la pretensión de la dependencia federal apunta a restablecer el “prestigio” de Petróleos Mexicanos en la percepción tanto de consumidores como de empresas proveedoras, instituciones financieras y la opinión pública internacional.
Las aspiraciones del gobierno lopezobradorista de fortalecer a la empresa petrolera a cualquier costo han llevado a que la Cofece tomara cartas en el asunto, emitiendo nuevamente recomendaciones contrarias al actuar de las dependencias del sector energético.
A mediados de julio, el Pleno del órgano regulador se dirigió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Sener, recomendando que la obtención de nuevos permisos para la importación y expendio de gasolinas se realice de manera expedita y no discriminatoria.
El organismo explicó que la observación se sustenta en el hecho de que los tiempos de resolución a las solicitudes para este tipo de permisos se han duplicado, existiendo hasta esa fecha más de 200 casos sin resolución.
Apuntó que, antes del 31 de enero de 2019, cuando la CRE perdió el quórum para sesionar, el tiempo promedio para resolver la expedición de un permiso de expendio de gasolina era prácticamente el mismo para cualquier solicitante con 21 días hábiles.
Sin embargo, tras dicha pérdida de quórum, el número de días en los que se llega a una resolución se ha extendido a un promedio de 75 días, a lo cual se suma una diferenciación en función de las marcas de gasolina que se vendan en el expendio.
De forma general, la Cofece explicó que actualmente pasan hasta 66 días para resolver los permisos asociados a la marca Pemex, mientras que se llega hasta los 84 días para solucionar solicitudes ajenas a la empresa estatal.
“Adicionalmente, existen por lo menos 229 solicitudes de marcas distintas a Pemex, admitidas entre marzo de 2019 y abril de 2020, que no han sido resueltas y se desconocen las causas de ello”, aseveró el organismo antimonopólico.
Aunado a esta situación, también se enfatizó que las autorizaciones de cesión de permiso tampoco se han resuelto expeditamente, lo que ha dificultado el ingreso de un mayor número de marcas al mercado mexicano.
De acuerdo con la comisión, la Ley de Hidrocarburos establece un plazo de 90 días naturales para resolver dichas solicitudes. Si pasado este tiempo no se ha emitido la resolución correspondiente debería otorgarse la correspondiente constancia de afirmativa.
Sumado a esto, en el campo correspondiente a los permisos de importación, la Cofece precisó que su otorgamiento no debe limitarse u obstaculizarse innecesariamente y señaló que, desde noviembre de 2018, la Sener únicamente ha concedido permisos de un año y no ha otorgado nuevos permisos de importación de 20 años.
“Dado que los comercializadores necesitan certeza para firmar contratos de largo plazo con quien va a desarrollar la infraestructura de almacenamiento o transporte, los permisos de importación de un año difícilmente sirven para anclar este tipo de inversiones”, advirtió la comisión reguladora.
Asimismo, desde febrero del año pasado, los interesados en obtener permisos para poder importar por un año están obligados a señalar los medios por los que van a efectuar tal importación, además de la ubicación física de las instalaciones o equipos de almacenamiento, requisito que no estaba planteado originalmente y que dificulta la entrada de nuevos participantes, justamente porque la infraestructura está en construcción.
Las dificultades en este sentido no han sido obviadas por los inversores, ya que empresas pertenecientes al American Petroleum Institute (API) emitieron una carta dirigida a funcionarios estadounidenses donde acusaron prácticas discriminatorias por parte del gobierno mexicano.
El conglomerado argumentó que estas acciones han obstaculizado el otorgamiento de permisos para diferentes actividades como estaciones nuevas o renombradas, además de la importación de combustibles, resultando en el favorecimiento de la empresa productiva del Estado.
En términos generales, la Cofece aseveró que en México no se observa competencia intensa en el mercado mayorista, siendo Pemex el principal oferente al suministrar 87 por ciento de gasolina que se consume en el país.
“Esto es reflejo, en parte, de la insuficiente infraestructura de almacenamiento y transporte, y de la falta de incentivos para su desarrollo dada la incertidumbre que existe sobre la obtención y sostenimiento de los permisos de importación y de expendio al público», detalló el regulador.
