México requiere contar con una política pública integral de salud

CCE expresa preocupación por prohibición de venta de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados a menores en Oaxaca

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Ciudad de México.– El Consejo Coordinador Empresarial reitera que México requiere contar con una política pública integral de salud donde se incentive la actividad física, hábitos de vida saludable y se cuente con la información necesaria para la toma de decisiones. Calificar alimentos como buenos o malos o recurrir a prohibiciones, no es la solución.

Por eso expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado el día de hoy en el Congreso del Estado de Oaxaca, que prohíbe la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados a menores de edad. Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos. Y también impactará a la cadena productiva de los alimentos artesanales preenvasados.

Apoyamos la posición expresada por numerosos organismos empresariales locales y nacionales, quienes lamentaron la falta de apertura o disposición al diálogo de los legisladores locales que aprobaron la normativa sin tener en cuenta a las partes afectadas. Como destacaron, el sector empresarial es consciente de los retos de salud que tiene la población, particularmente la prevalencia de la obesidad infantil, y por ello hoy en día la industria y el comercio proactivamente han eliminado la venta de productos envasados en las escuelas.

Adicionalmente, dado que la disposición sólo se concentra en productos envasados, generará una competencia desleal y fomentará el comercio informal, con las consecuentes afectaciones a las miles de familias que laboran en el sector de producción, venta y distribución de estos productos.

Hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales a establecer un verdadero diálogo para atender los problemas de salud de la población, que busque soluciones integrales, basadas en evidencia y sin afectar las economías regionales y el sustento de las millones de familias mexicanas que laboran en las cadenas de producción alimentarias y su comercialización.