Ciudad de México.– Desde el inicio de la pandemia causada por COVID-19, el Gobierno de México ha implementado diversas acciones para mitigar los efectos sobre la economía de las familias y empresas derivados de las medidas sanitarias indicadas por las autoridades del Sector de Salud.
Durante los meses de marzo y abril del presente año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió los Criterios Contables Especiales (CCE) con el fin de que las entidades financieras pudieran implementar y ofrecer diversos programas de apoyo a sus clientes y, así, mitigar los efectos económicos relacionados con la contingencia derivada del COVID-19.
Las medidas de alivio temporal consistieron en el diferimiento parcial o total del pago de intereses o de capital por 4 o 6 meses, y 18 meses para créditos dirigidos al sector agropecuario o rural, todo ello sin la generación de intereses adicionales, cobro de comisiones por reestructuras, solicitud de garantías adicionales ni la restricción o cancelación de líneas de crédito, entre otras.
Hasta ahora 8 millones 622 mil 159 créditos se apegaron a los CCE, lo que ha resultado en un alivio financiero para familias y empresas. Dado que la pandemia se ha extendido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la CNBV, acordó aplicar nuevas medidas para proteger la economía de personas y empresas que lo requieran. Esto con el objetivo de aminorar sus compromisos crediticios y proteger su patrimonio, al disminuir las mensualidades a pagar mediante reducciones de tasas de interés o extensiones de los plazos. Estas medidas beneficiarían a las diversas modalidades de créditos al consumo, hipotecarios, a las empresas y otros.
La facilidad regulatoria pretende promover restructuras de los créditos para que las instituciones financieras ajusten los esquemas de pago a la nueva realidad de las economías de los acreditados y sus familias, para lo cual invariablemente deberá disminuir el pago que se venía realizando, al menos en un 25%, lo que implicará que se amplíe el plazo remanente hasta en un 50% del plazo original, así como disminuir la tasa de interés y hacer quitas de capital.
Por ello, las autoridades financieras, a través de la CNBV, decidieron implementar cuatro nuevas medidas para incentivar y permitir a bancos y otros intermediarios financieros reestructurar los créditos de los clientes que así lo soliciten. Las medidas que contempla este plan son:
- Computar un monto menor de reservas específicas cuando se pacte una reestructura con el cliente.
- Reconocimiento de las reservas específicas que se liberen por la reestructura de un crédito como reservas adicionales.
- Podrán reconocer un mayor capital regulatorio al considerar las reservas adicionales como parte del capital complementario.
- Reducir prudentemente los requerimientos de capital por riesgo de crédito.
Adicionalmente, para incentivar la inclusión financiera y el otorgamiento de nuevos créditos se realizarán las siguientes tres medidas en el caso de los bancos:
- Se extiende el uso del buffer de capital hasta el 31 de diciembre de 2021.
- Se amplían los requerimientos de liquidez hasta marzo de 2021, con lo que los bancos podrán reducir transitoriamente sus buffers de liquidez por debajo del 100% de sus necesidades.
- Se amplía a personas morales la regulación que permite la apertura de cuentas y contratación de créditos sin necesidad de que el cliente vaya a la sucursal. Además, se eliminan los límites establecidos para la contratación de créditos y apertura de cuentas facilitando la apertura de cuentas de identificación simplificada consideradas de bajo riesgo para SOFIPOs y SOCAPs.
Todas estas disposiciones tienen impacto en diversos segmentos de la población y sectores económicos que permiten a las familias y las empresas mitigar las dificultades derivadas por la pandemia causada por el COVID-19. Este paquete de medidas no sólo busca otorgar un alivio en la economía de los clientes beneficiarios, sino que contribuye a la recuperación económica del país proveyendo liquidez a familias y empresas. Al mismo tiempo, este nuevo mecanismo privilegia el compromiso del Gobierno de mantener finanzas públicas sanas y un sistema financiero sólido y resiliente.
