Ciudad de México.- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de establecer las bases y los mecanismos de colaboración entre ambas dependencias para intercambiar información en materia de prevención y combate de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, destacó que parte central del combate a la corrupción tiene que ver con la reestructuración de los equipos del Gobierno de México, como se ha hecho en la dependencia a su cargo desde que tomó posesión la actual administración en diciembre de 2018.
“Creemos firmemente que hay que rediseñar el proceso de ejecución de la obra pública para todas las instancias de la Administración Pública Federal; es una oportunidad para generar modificaciones a la Ley de Obras Públicas para agregar mecanismos de mejora en la implementación de licitaciones, fallos, seguimiento de las empresas, la revisión de quiénes son sus accionistas, cuándo y dónde fueron conformadas, etcétera”, detalló el secretario.
Meyer Falcón agregó que en las últimas décadas ha habido un saqueo de terrenos nacionales a través del uso político de los cargos para disolver enormes superficies de alta plusvalía, particularmente en las penínsulas del país, por lo que ya se traba en la elaboración de un sistema de terrenos nacionales para que no puedan ser enajenados de manera irregular y evitar la especulación.
En su momento, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, señaló que este convenio permitirá seguir avanzando en la estrategia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción e impunidad.
Nieto Castillo agregó que una preocupación de la UIF es la corrupción judicial vinculada a los tribunales agrarios, ya que se ha detectado que existe una relación de corrupción con despachos de abogados ligados a la Consejería Jurídica de la administración pasada para beneficiar a un sector en contra de los intereses sociales. El convenio, señaló Nieto Castillo, permitirá intercambiar información financiera vinculada actos de este tipo para actuar en contra de este mal que tanto daño le ha hecho al país.
