Ciudad de México.- El Senado de la República debe aprovechar la oportunidad histórica que tiene hoy para crear una Ley General de Educación Superior en beneficio de los futuros profesionistas de nuestro país, con la esperanza que obtengan mayor calidad y sea accesible a los grandes sectores de la población mexicana que normalmente se ven desfavorecidos por la falta de espacios en la universidad pública, destacó María Luisa Flores Del Valle, presidenta de Alianza para la Educación Superior, AC.
Para la dirigente de ALPES, que integra en su seno a 142 instituciones particulares que atienden la formación profesional de 470 mil estudiantes en 680 campus, después de mucho darle vueltas a las cosas y presumir debates o parlamentos abiertos, el sentido de la construcción de la ley parece que está hecho “para que todo quede igual, para que nazca obsoleta, y sea un refrito de lo qué hay o con más prebendas para unos cuantos”.
Por lo que hizo un llamado para que los legisladores “rompan paradigmas, cambien lo que hasta ahora no se resuelve para dar un piso parejo a todas las instituciones particulares de educación superior y apoyen a todos aquellos quienes trabajamos honestamente” porque de lo contrario “será difícil aplaudir una ley que no garantiza el Estado de Derecho, teniendo en sus manos la posibilidad y la oportunidad de hacerlo”.
En términos concretos, Flores Del Valle dijo que en los artículos transitorios de la Ley se mantienen los beneficios y prebendas de acuerdos presidenciales y secretariales que les permiten acomodar sus planes y programas de estudio de forma discrecional, permitiendo que actúen prácticamente como universidades autónomas.
En cambio, al resto de las instituciones particulares de educación superior, una gran franja que resarce las obligaciones del Estado al ofrecer la educación a un costo muy inferior al de las citadas, se les perjudica con una sobrerregulación, tiempos excesivos de respuesta para la aprobación de planes y programas, prohibitivos los planes en área de la salud y la estigmatización como instituciones de mala calidad simplemente porque los costos de las colegiaturas son accesibles a la población.
Incluso, a diferencia de estas instituciones que son administradas por fundaciones y, por lo mismo, reciben un trato fiscal benéfico, ALPES exige que las regresen al Título III porque las mandaron fiscalmente al título II, con lo que les están cobrando el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que golpea fuertemente su economía no sólo para subsistir y mantener su coadyuvancia con el Estado, sino para poder ofrecer mayor calidad en la educación que imparten.
Por todo esto Flores Del Valle exige a los senadores de la República que aprovechen la oportunidad que está en sus manos de aprobar “una Ley General de Educación Superior justa, incluyente, equitativa y moderna (…) “con piso parejo y, sobre todo, comprometida con la educación de los jóvenes que van a engrosar el campo de la vida profesional y productiva de nuestro país”.
“Necesitamos una ley en favor de las y los estudiantes, no en beneficio de instituciones públicas de un sector, ni grupos de empresarios; queremos una ley donde la discrecionalidad sea cosa del pasado y letra divisoria del futuro; abogamos por una Ley General de Educación Superior que ponga en el centro de su contenido la importancia de los principales actores, los jóvenes estudiantes”, declaró Flores Del Valle.
