- Nadie sabe el destino de 68.5 mil mdp
- Proceso poco claro
- Romo se burla del Poder Judicial
- Pretende privatizar calles en Miguel Hidalgo
Agustín Vargas*
La artera consumación de la desaparición de 109 fideicomisos y la disposición de los recursos que éstos manejaban; el cambio continuo de las reglas del juego y el caso omiso a recomendaciones de organismos internacionales se suman a la falta de certeza jurídica, la ausencia clara de Estado de Derecho y la renuencia gubernamental a instrumentar políticas públicas para mitigar el daño de la crisis y propiciar una recuperación más pronta del crecimiento.
Todo ello, por supuesto, genera un entorno en el que las expectativas se deterioran, pues hasta ahora la contribución del Gobierno Federal para facilitar la inversión y el crecimiento en la situación actual ha sido prácticamente nula.
Ante la evidente y reconocida debilidad de las finanzas públicas, ha preferido una política de austeridad en lo general, pero protegiendo al mismo tiempo sus prioridades de antes de la pandemia: programas asistenciales y proyectos de dudosa rentabilidad social que requieren una gran cantidad de recursos.
Ello, en vez de reorientar el gasto y sus acciones hacia la mitigación efectiva del problema sanitario y la recuperación pronta de la economía. También se ha negado a incurrir en cualquier endeudamiento, que siendo prudente y con un plan sólido para hacer la deuda sostenible, podría ayudar a poner en marcha políticas para aliviar la situación. Adicionalmente, se han adoptado medidas que minan la certeza jurídica y la confianza de los inversionistas.
En este contexto, las autoridades, en complicidad con los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, decidieron disolver 109 fideicomisos como medida para obtener recursos, con lo que el gobierno dispondrá de 68 mil 500 millones de pesos. Pero poco de este proceso está claro.
Hasta ahora el gobierno no ha ampliado el gasto de la Secretaría de Salud después del surgimiento del Covid. A agosto, el gasto de dicha secretaría está por abajo del ejercido en el mismo periodo del año pasado, lo que sorprende al considerar la seriedad de la crisis sanitaria. Se anunció que el objetivo era utilizar los recursos de los fideicomisos para el sector Salud, y es de suponer que con énfasis en las necesidades generadas por la pandemia.
Recursos, sin claridad
Pero a medida que se ha presentado una fuerte discusión por la extinción de los fideicomisos ya no se ha insistido en el destino de los fondos. Más aún, no hay ningún indicio de ampliación de gasto para Salud en este año y quedan solamente unas cuantas semanas para ejercer el presupuesto de 2020. Al no estar fideicomitidos los recursos no podrán ser gastados en el siguiente ejercicio. Todo indica que la desaparición de los fideicomisos obedece a otro objetivo.
Pero de manera comodina, ahora resulta que nadie sabe, ni nadie supo hacia dónde irá a parar ese millonario botín que representan los recursos que administraban los 109 fideicomisos desaparecidos. Es algo así como en el cuento de Ali Baba y sus compinches.
Al desaparecer esta figura, es evidente que las autoridades podrán hacer uso discrecional de los recursos ocasionando que todas esas actividades que dependían de ellos se vean afectadas, incluyendo aquellas vinculadas a la ciencia, la investigación, educación e incluso a la salud, entre otras, con graves consecuencias para el futuro de la innovación, el desarrollo y competitividad del país.
En adición, con la desaparición del Fondo de Atención a Desastres Naturales (Fonden) se corre el peligro no sólo de no poder atender prontamente las necesidades más urgentes de la población afectada por los siniestros, sino de desaprovechar el conocimiento acumulado por más de dos décadas en cuanto a la gestión y coordinación de la ayuda por parte de varias instancias públicas, nacionales y subnacionales.
Sin los fideicomisos que se requieren para la flexibilidad y continuidad de varias actividades de interés público, el gobierno accede a recursos, pero de forma limitada (representan sólo el 1.3% del total de los ingresos esperados para el presente año y el 2.1% de los ingresos tributarios) y, además, son recursos de una sola vez. Es decir, son ingresos no recurrentes en los próximos ejercicios presupuestarios.
Además, el hecho de que las autoridades aseguren que las actividades afectadas por la desaparición de los fideicomisos seguirán siendo atendidas vía el presupuesto, genera una importante incertidumbre porque su aprobación no está segura y por la discrecionalidad que puede haber en su gestión y asignación.
Romo se burla del Poder Judicial
Resulta inaudito, de no creerse, que Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, alcalde en Miguel Hidalgo, esté trabajando incansablemente y utilizando cuantiosos recursos de la propia Alcaldía, incluido todo el aparato jurídico, de seguridad y participación ciudadana, para permitir a un pequeño grupo de vecinos de la colonia Lomas de Bezares, representándose a nombre de dos asociaciones, la restitución de rejas, casetas, plumas de acceso vehicular, sistema de control y telepeaje TAG, ahora llamado Acceso Informado, para ser instaladas en vía pública; delimitar un sector geográfico de la colonia, permitir la presencia y el control de las calles y espacios públicos de esta colonia por una empresa de seguridad privada al servicio de estas asociaciones, violando no sólo la Constitución, sino leyes, penales, civiles y derechos humanos, con el fin de privatizar la colonia y poner en riesgo el patrimonio de más de 500 familias que en ella habitan.
El mismo Romo mandó apercibir a la Asociación de Colonos de Bezares, A.C., en el año de 2015, para retirar, por resultar ilegales, todo obstáculo al tránsito en la Colonia Lomas de Bezares. En 2017, la administración a cargo de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz giró otros dos apercibimientos a la Asociación La Colonia es de Todos, A.C., para retirar casetas, plumas de acceso vehicular y reja que obstruyen la vialidad, y nuevamente, en 2020 la actual administración, emitió uno más a la Asociación de Colonos de Bezares, A.C.
Después de cinco años, cuatro apercibimientos emitidos por la Alcaldía y la otrora delegación en Miguel Hidalgo, juicios de amparo y sus respectivas sentencias; sentencia definitiva por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y sentencias ratificadas por el Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Víctor Hugo Romo se niega a cumplir la orden de la resolución administrativa 540/2019.
No sólo eso, ahora está preparando, con toda la maquinaria a su alcance, una consulta ciudadana no vinculante, para desacatar la orden del juzgado, evadir la justicia y violar, a todas luces, las leyes que de ella emanan, a fin de permitir la privatización y el control por un reducido grupo de vecinos, de la colonia Lomas de Bezares.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
