Ciudad de México.- El gobierno de México enviará el jueves al Congreso una iniciativa de ley que limita la subcontratación u “outsourcing” de millones de empleados en el país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, una medida que amenaza con causar un nuevo choque entre su administración y el sector empresarial.
El mandatario afirmó en su rueda de prensa diaria que la propuesta, que contempla sanciones más estrictas para quienes la incumplan, basadas en delitos de defraudación fiscal, va dirigida especialmente a las grandes empresas y será enviada en las próximas horas a la Cámara de Diputados.
“El trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, por ello proponemos una reforma integral en beneficio de los trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública”, dijo la secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, junto al mandatario.
Alcalde detalló que según estimaciones oficiales hay alrededor de 4.6 millones de ciudadanos trabajando bajo ese esquema, que calificó de “simulación en la relación laboral” y que les perjudica en su antigüedad, pensiones, indemnizaciones por despido y bajas por maternidad o accidente.
La reforma legal, explicó, modificará y armonizará varias leyes laborales y tributarias, y prohíbe la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a poner a disposición de otras a trabajadores. Solo permite hacerlo a algunas compañías especializadas si se registran en un padrón público.
Según Alcalde, el crecimiento anual de subcontratados es de 200,000 personas y la mitad de ellos trabajan en grandes compañías, de más de 150 trabajadores, en sectores como la industria manufacturera o el turismo.
En los últimos meses, López Obrador ha prometido mejorar los derechos de los empleados y ha instruido a sus funcionarios a que persigan a las empresas que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
México también se ha visto presionado a fortalecer sus leyes laborales bajo los términos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, TMEC, que en julio reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.
