Las múltiples deficiencias del sistema judicial, agudizadas por la pandemia, han llevado a una situación insostenible donde deben buscarse alternativas para la resolución expedita de controversias legales
José Ma. Gijón
La aparición de la pandemia de Covid-19 ha creado nuevos retos en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo ha agudizado situaciones que se venían arrastrando desde antes del confinamiento.
Dentro de este último rubro se halla el caso del sistema judicial, cuyas deficiencias se han vuelto especialmente graves a lo largo del año en gran parte de las materias de su competencia, como son el derecho familiar, laboral, penal, civil y mercantil.
Del listado, las últimas dos ramas representan un desafío particularmente arduo para los negocios en el Estado, puesto que los procesos no han resultado expeditos ni gratuitos, afirma Mario Sandoval Chávez, CEO de la Sofom FISAN y expresidente nacional de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).
Sandoval Chávez, abogado de profesión, especialista en asuntos bancarios y mercantiles, refiere que la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia trajo como consecuencia el cierre de los órganos judiciales de todo el país, tanto a nivel federal como local, lo cual no redundó en un beneficio para la carga de retrasos procesales ni para la necesidad de ejecución de sentencias en firme.
Aunado a ello, tras darse las condiciones para su reapertura, se establecieron condicionantes para el acceso a los espacios judiciales con citas y procesos internos que han retrasado aún más asuntos de los cuales se tiene la tutela judicial de resolver.
Señala que entre los vicios principales que se han enquistado en los asuntos judiciales del país se encuentran la predominancia del nepotismo, la ineptitud, la burocracia e incluso la corrupción.
En este sentido, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que este tipo de casos han ido en aumento en el Poder Judicial Federal (PJF) mientras que las sanciones contra los servidores públicos han disminuido desde el año pasado.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2020 del Inegi, las sanciones decrecieron de las 950 de 2018 a sólo 371, con una suma importante de casos donde no se ha procedido a causa de que han faltado las pruebas adecuadas para sostener las acusaciones.
Por otro lado, el censo que refiere a la justicia estatal generado por el Inegi arrojó que Morelos es la entidad con mayor cantidad de servidores amonestados por actos de corrupción o malas prácticas administrativas durante el año pasado, ascendiendo a 161 funcionarios.
Pese al tamaño de la cifra, la mayoría de los casos correspondieron a faltas administrativas no graves, con sólo 20 personas siendo destituidas del cargo y 6 suspensiones. El resto de funcionarios únicamente recibieron amonestaciones públicas o privadas.
Por su parte, el Poder Judicial de la Ciudad de México castigó a 63 servidores públicos, con sólo una destitución y 7 infractores que sufrieron sanciones de carácter económico; Oaxaca presentó 61 trabajadores sancionados con amonestaciones privadas; y Chiapas figuró con 45 funcionarios penalizados, de los cuales 19 cometieron faltas administrativas graves.
Aunado a ello, existe una cantidad ingente de asuntos en todo el país sin resolver, lo cual conlleva un costo de millones de pesos anualmente al erario y por ende a todos los mexicanos por una impartición de justicia deficiente.
El CNIJF indicó que en 2019 ingresaron 25 mil 284 asuntos jurisdiccionales, de los cuales se resolvieron 21 mil 443. Del total, 69% se concluyó sin sentencia y el 31% restante con sentencia.
Durante este periodo, los jueces federales emitieron 9 mil 581 sentencias de un total de 19 mil 216 causas penales que se concluyeron mediante el viejo y el nuevo sistema.
En el caso de las concluidas en los juzgados de distrito mediante el sistema tradicional, 2 mil 233 finalizaron con sentencia, por debajo del promedio obtenido en 2018; en tanto, para las 13 mil 552 causas concluidas por los jueces de control, se obtuvo que la mitad fueron sentencias definitivas en procedimiento abreviado.
Anuar García Gutiérrez, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, indicó que la situación del sistema judicial responde a la falta de juzgados en materia del sistema penal, a lo cual debe sumarse la reducción importante en los sueldos como producto de la política de austeridad de la Presidencia de la República.
Destacó que se ve lejana la creación de vacantes para combatir el rezago existente en función de la reducción de los gastos, lo cual redunda en la poca capacidad para resolver asuntos en el tiempo que correspondería.
“Eso los hace ineficientes en cuanto a respetar los tiempos. Tienen nada más dos años a partir de que una persona es puesta a disposición de un juez para que se le dicte una sentencia”, aseveró García Gutiérrez.
El penalista explicó que en muchos casos no se está alcanzando la meta, lo que claramente es una violación al debido proceso y mete presión tanto a los juzgados de distrito como a los jueces de control.
Pese a estas condicionantes, persiste un ritmo de resoluciones que no se corresponde con el número de funcionarios encargados de ciertas áreas del poder judicial.
El Inegi puntualizó en su censo 2020 que el PJF tenía un total de 47 mil 123 servidores públicos distribuidos en 915 órganos jurisdiccionales y 455 órganos y unidades administrativos, de los cuales dos quintas partes se destinan al rubro de los asuntos civiles y mercantiles.
Pese a esta carga burocrática, hay aproximadamente 1 millón y medio de asuntos inconclusos, de los cuales se resuelven alrededor de 300 mil por año. Si a esto se suman los efectos de la pandemia se tiene una tendencia a un mayor retraso en las resoluciones, cuyas garantías reales ascienden hasta periodos superiores a los 7 años, advirtió por último el abogado Mario Sandoval.
Insostenible resolución
El duro panorama en torno a los procesos legales, empeorado por la presencia del coronavirus a nivel mundial, ha derivado a que se propongan soluciones que eviten en la medida de lo posible el inicio de nuevas controversias.
De acuerdo con Santamarina + Steta, las empresas y proyectos en México ya no pueden darse el lujo de ingresar constantemente a tribunales al suponer tiempos de espera altos y muy costosos, por lo que es idóneo recurrir a mecanismos alternativos en esta materia.
Roberto Fernández del Valle, socio responsable del área de arbitraje comercial de esa firma de abogados, puntualizó que se cuenta por lo menos con 7 mecanismos que pueden ahorrar tiempo y dinero, destacando opciones como la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, entre otros.
“Todos son trajes a la medida para diferentes circunstancias. Todos son muy efectivos. Todos se pueden prever y definitivamente, son mejores que llegar a un tribunal”, aseveró.
Sobre el estado actual de los procesos pendientes, Fernández del Valle destacó que durante 2018 se ingresaron casi 2 millones de expedientes nuevos, de los cuales se resolvieron poco más de 1 millón 150 mil y quedaron pendientes un total de casi 3 millones 70 mil.
Aunado a ello, también expuso que la pandemia ha llevado a que se retomen iniciativas en el Senado de la República referentes a la expedición de una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias para paliar la parálisis que ha imperado en los tribunales.
Detalló que se ha reconocido el importante rezago en el área de las resoluciones y que el acceso a estas opciones alternas son también un derecho humano igual de digno que el acceso a la jurisdicción del Estado.
El litigante detalló que la solución más a la mano para esta problemática es no esperar a que ocurra el conflicto para pensar en cómo solucionarlo, sino en prever estos mecanismos para aminorar los costos.
Fernández del Valle puntualizó que en industrias como la de la construcción y en grandes proyectos de infraestructura estas alternativas son fundamentales para evadir litigios prolongados que pueden tener como efecto colateral el romper innecesariamente relaciones de negocios muy valiosas para los mercados.
“Hay medios alternativos previstos por la ley que podrían ahorrar muchos dolores de cabeza a las partes. Las empresas mexicanas tendrán que empezar a usarlos en la nueva etapa de cambios inesperados “, aseveró.
