Ciudad de México.- El valor de producción de las empresas constructoras tuvo una caída durante noviembre del año pasado de 0.4% respecto al mes previo y de 23.8% en comparación con el mismo mes del 2019, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el personal ocupado total cayó en noviembre el 0.6% respecto al mes previo y el 19.2% en su comparación anual, las horas trabajadas, a pesar de crecer el 0.1% en relación a octubre, bajaron el 18.1% respecto a noviembre del 2019.
El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, indicó que esto no representa alguna novedad “porque ha sido un año atroz y no se hicieron las cosas necesarias para mejorar en la recta final”.
El líder de los constructores destacó que tuvieron que ajustar a la baja la caída esperada en el PIB del sector para el cierre del 2020, al pasar del -15% (difundido hace un mes) al -17 por ciento.
“Sí, claro que afectó la pandemia, pero también hay que decir que las políticas públicas debieron dinamizar más la inversión gubernamental y privada. No ocurrió lo que se esperaba a pesar de los anuncios de inversiones de la iniciativa privada. Ahora el escenario es poco alentador porque la recuperación será lenta y larga”, agregó.
Adicional al lento ejercicio de obra pública federal, en el segundo semestre del año pasado se registraron dos acciones que impactaron negativamente al sector privado y a las cifras difundidas por el INEGI.
En agosto se declaró desierta la licitación para el diseño, construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación por 30 años de la autopista Real del Monte-entronque Huasca, la cual implicaba una inversión de 2,200 millones de pesos, donde del único consorcio que entregó propuesta técnica y económica fue el de Constructora y Edificadora GIA + A y Vise.
Además, en octubre se debió dar el fallo por parte de Banobras en el llamado paquete sureste, que consiste en el mantenimiento, rehabilitación y operación de caminos y puentes por 10 años en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, que implica una inversión de unos 15,000 millones de pesos.
Tras varios cambios, la nueva fecha para dar a conocer al ganador es el próximo cinco de febrero (en este concurso hay ocho consorcios que representan a más de 40 empresas nacionales e internacionales).
En ambos casos se trata de proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada, de los que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la fecha no ha licitado ninguno.
