- México y Argentina logran ratificar el Acuerdo de Escazú
- Establece salvaguardas para indígenas y defensores ecologistas
- La iniciativa de reforma energética empaña el anuncio
Juan Barrera Barrera
Realmente pasó inadvertido, opacado por el asunto no menor importante de los estragos que está causando la pandemia del coronavirus y los esfuerzos internacionales del gobierno de la 4-T por conseguir los medicamentos que con justa desesperación esperan millones de mexicanos, en cuyas vacunas cifran su esperanza de sobrevivencia.
Después llegó otro evento que volvió nublar el posible interés de la buena noticia que sus protagonistas esperarían de la comunidad nacional e internacional: el contagio del letal virus Covid-19 que contrajo el presidente Andrés Manuel López Obrador y las reacciones que esto generó en pro y en contra de su persona, sobre todo en las “benditas redes sociales”.
Me refiero al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que entrará en vigor el próximo 22 de abril, en el marco del Día Internacional de la Tierra.
Conocido como el Acuerdo de Escazú, por haber sido adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 por 24 países firmanes, pero que hasta este 22 de enero que por el deposito conjunto de los instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas de los gobiernos de México y Argentina, se alcanzó la cifra mínima de países para concluir el proceso que permite su entrada en vigor, 90 días después a partir de esta fecha, como lo establece la normatividad.
Por ello el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo ha festinado como un hecho histórico porque con el depósito conjunto de México y Argentina se logró el número de ratificaciones necesarias para su ratificación en tres meses, y puesto que es una herramienta “que garantizará el derecho a un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras de la región”.
Mecanismos de protección para indígenas y defensores ecologistas
Es de resaltar que es el primer instrumento regional jurídicamente vinculante que garantiza los derechos de los defensores del medio ambiente. Para la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado, este instrumento es un “logro histórico y sin precedentes para promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina”.
Durante el evento simbólico organizado por la SRE, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien ha acompañado a las Partes desde el inicio del proceso de negociación del Acuerdo, hizo gala de su orgullo latinoamericanista al destacar que la iniciativa “surge desde nuestra región”.
Pero lo más novedoso, me parece, del Acurdo de Escazú es que incluye fuertes salvaguardas para los indígenas y para los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, en momentos en que la región están sujetos a niveles de violencia sin precedentes.
Los expertos en Derechos Humanos de la ONU externaron, en noviembre pasado, su beneplácito por la pronta entrada en vigor del primer tratado de derechos humanos sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, pues lo consideran un pacto innovador para la lucha contra la contaminación y asegurar un medio ambiente saludable.
Iniciativa de reforma “privilegia” energías sucias
Sin embargo, una decisión de política energética podría empañar este naciente y novedoso Acuerdo ambiental regional: La iniciativa preferente que el lunes envío el presidente López Obrador al Congreso, en el inicio de su periodo de sesiones, para su discusión que de aprobarse las plantas de la CFE tendrán preferencia sobre las centrales privadas para subir su producción a la red y afectaría de golpe a las plantas de energía renovables de privados.
Se argumenta que la iniciativa del Ejecutivo mexicano privilegia el uso de las energías sucias, carbón y combustóleo para generar electricidad, sobre las renovables y por lo tanto no podrá cumplir con su compromiso con el ambientalista Acuerdo de París ni con la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible en la reducción de gases de efecto invernadero. México fue el primer país emergente que presentó sus contribuciones Previstas Determinadas a nivel Nacional (INDCs) en mitigación y adaptación.
Los más catastrofistas auguran que la propuesta de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, forzará un encontronazo con la política ambiental de su homólogo estadounidense Joe Biden, conocida como Revolución de Energía Limpia para enfrentar y liderar al mundo en la grave amenaza del Cambio Climático, para tal objetivo su gobierno invertirá 400 mil millones de dólares en diez años.
Estados Unidos se acaba de reintegrar al Acuerdo de París que abandonó Donald Trump porque, aseguraba, estaba diseñado para detener el desarrollo industrial de su país, mediante el cual se pretende reducir a cero emisiones netas Co2 para el año 2050. En ese proyecto China está sumiendo un papel protagónico globalmente, pero la potencia del norte se ha propuesto ser el líder. Se abre otra competencia entre las dos potencias económicas.
Desde hace tiempo está en boga la urgente transición de energías sucias a renovables para combatir el desastre ecológico que padece la Tierra y asegurar un desarrollo sostenible para las generaciones venideras. Sin embargo, a pesar de los avances en emisiones en el sector energético, los combustibles fósiles representan el 80 por ciento del uso de la energía mundial.
En ese sentido, con la iniciativa preferencial de AMLO si en realidad no está realmente en su radar la urgente necesidad de la transición de energías sucias a renovables, seguramente está en el entendido de los altos costos para el desarrollo de las naciones que atrasen el cambio en el uso de sus energías.
El gobierno asegura que está comprometido con el combate al Cambio Climático, pero solo en la retórica, hacen falta hechos concretos para convencer.
