Tras los apagones sufridos en el país, principalmente en la zona norte, industriales reiteraron su oposición a las reformas del Ejecutivo, quien aseveró que los cortes de energía son muestra de la necesidad de priorizar a las paraestatales. Organismos privados, académicos, investigadores y trabajadores del sector eléctrico denunciaron en el Parlamento Abierto las falencias del proyecto de reforma, cuyo dictamen finalmente fue aprobado por el legislativo casi en los mismos términos en los que se los envío el Ejecutivo, dándole más facultades monopólicas a la CFE y relegando a las energías renovables
José Ma. Gijón
A inicios de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) con la pretensión de establecer límites a la generación de electricidad privada en pos de la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El proyecto legislativo, remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, planteó modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de la ley, misma que nació como parte de la reforma energética iniciada durante la administración pasada.
Entre los cambios principales propuestos por el Ejecutivo se encuentran la revisión de la legalidad y rentabilidad de los contratos de compra venta de energía suscritos con productores independientes, la suspensión de la obligatoriedad de compra de energía mediante el mecanismo de subastas y la injerencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para revocar permisos de autofinanciamiento.
La entidad reguladora también se sujetaría a criterios de planeación de la red para otorgar o negar permisos en materia de generación, modificando la obligatoriedad que impera en la asignación de los mismos hasta la fecha.
Aunado a ello, el proyecto prioriza la energía producida por las hidroeléctricas. Posteriormente, se despacharía la generada por otras plantas de la CFE, las centrales de ciclos combinados de productores independientes y finalmente la energía eólica, solar y otros tipos de generadores provenientes de particulares.
La argumentación de la iniciativa es que las modificaciones a la ley terminarían con una simulación de precios en el mercado dadas sus tendencias a la especulación, el dumping y los subsidios a participantes privados por parte de la CFE, con lo que se permitiría una competencia en condiciones de equidad.
Por otro lado, el proyecto presidencial denuncia que los contratos financieros diseñados en el sexenio de Enrique Peña Nieto establecen con prelación los precios de energía y capacidad, mismos que al no implicar un compromiso en términos de entrega física ponen en riesgo a las entidades que los celebraron.
De no modificarse la situación que ha prevalecido, eventualmente se incrementarían las tarifas y serían necesarios mayores subsidios a costa de la Hacienda pública, detalla el documento.
Tras la presentación de la iniciativa se desató un aluvión de críticas por las implicaciones económicas de la misma, a lo cual se suman inquietudes respecto al tema de la retroactividad y las posibles consecuencias para el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la aprobación de la propuesta de reforma se traduciría en un aumento en los precios de todos los productos y servicios, además de un incremento en el costo fiscal como consecuencia de la necesidad de subsidiar a la CFE.
“Expropiación indirecta”
El organismo privado consideró que el proyecto del presidente supone una suerte de expropiación indirecta, al intentar impedir de forma arbitraria la competencia en el sector eléctrico nacional, violando en el proceso los derechos básicos de libre concurrencia y la certeza jurídica del Estado.
Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia”, aseveró el CCE.
El grupo empresarial insistió en que las modificaciones propuestas por López Obrador rompen con su promesa respecto a no reformar el marco jurídico de la industria durante los primeros tres años de su administración, en pos de generar un monopolio en el despacho de electricidad.
En virtud de esto, el organismo exhortó al Poder Legislativo para que hiciera una reflexión profunda y rechazara la iniciativa por los efectos perjudiciales de la misma en términos de inversión nacional y extranjera.
Explicó que, al violar la no retroactividad de la ley en perjuicio de un particular, la propuesta generaría un algo impacto en las inversiones ya realizadas en materia de indemnizaciones por parte del Estado.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que conceder facultades para revocar permisos y forzar renegociaciones de forma arbitraria conlleva un daño irremediable a la economía y a la competitividad del país en un momento crítico.
Sobre el argumento en la disminución de precios para el consumidor, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) esclareció que los cambios propuestos a la ley actual no necesariamente garantizarían tarifas mejores, pero sí afectarían el bienestar de los mexicanos en materia de salud.
De forma similar al CCE, instó al Congreso de la Unión a evaluar de forma integral la iniciativa, sopesando los factores en juego para determinar su impacto en el mercado y en el atractivo de México como destino de inversión.
En este sentido, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció en torno al proyecto legislativo, tildándolo de preocupante dada la posibilidad de que derive en monopolios que romperían con los compromisos establecidos en T-MEC.
Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio, puntualizó que los cambios pretendidos aumentarían de forma significativa el costo de la electricidad mientras que se limitaría el acceso a la energía limpia para los ciudadanos mexicanos.
El representante comercial afirmó que la medida forma parte de una serie de decisiones tomadas por la actual administración que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en un punto donde es fundamental una mayor Inversión Extranjera Directa (IED).
La cámara comercial hizo un llamado al gobierno mexicano para que retire el proyecto de ley y se comprometa con el sector privado en soluciones tangibles para impulsar la industria energética de manera competitiva, con un campo de juego nivelado y que contribuya al crecimiento sostenible y a la generación de empleo.
En virtud de la polémica suscitada por los puntos del proyecto del Ejecutivo, legisladores de la propia Cámara de Diputados solicitaron que la discusión en torno a la misma se llevara a Parlamento Abierto, debido a las previsibles controversias constitucionales y demandas de arbitraje internacional que implica.
Los funcionarios solicitaron que se escucharan los puntos de académicos, investigadores, trabajadores e instancias de la Administración Pública competentes para conocer sus posturas respecto a las modificaciones propuestas.
La fracción perredista advirtió que el proyecto busca incrementar la participación de la CFE en la generación eléctrica sin considerar el aumento de los costos de operación, los cuales podrían superar los 10 mil millones de pesos al año.
El apagón, evidencia irrefutable
Mientras continuaba la controversia en torno a la modificación de la LIE, a mediados de mes se suscitó un corte masivo en el suministro eléctrico de 7 entidades federativas que afectó a más de 4 millones de usuarios.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) indicó que el inusual frente frío, mismo que afectó el suministro de gas natural en el sur de Estados Unidos, provocó la falla en el Sistema Eléctrico Nacional en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
Ante la emergencia, diversos órganos empresariales señalaron que la situación de la CFE es insostenible y que es necesario fomentar la participación de la Iniciativa Privada (IP) para evitar situaciones semejantes a la ocurrida.
De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el apagón atribuido al frente frío 35 evidencia la urgencia de incentivar la inversión en el rubro de la generación de energías renovables y la creación de infraestructura de almacenamiento.
La cúpula empresarial explicó que una de las causas que pudo incidir en el corte de energía es precisamente la falta de inversión en el almacenamiento dada la falta de continuidad a los proyectos respectivos por parte del Gobierno Federal.
Aunado a ello, aseveró que es necesario contemplar todas las fuentes alternativas de generación para incorporarlas en emergencias como la acontecida, permitiendo hacerles frente de forma inmediata en pos de los usuarios.
“Consideramos importante conocer por qué, ante las condiciones meteorológicas que derivaron en alertas de operación, no se echaron a andar las plantas necesarias para evitar afectaciones a la operación de las empresas, casas u hospitales, y por qué continúa el bloqueo a la generación de energías limpias que podrían balancear el sistema eléctrico”, ahondó la Coparmex.
De forma paralela, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) arguyó que los apagones sufridos en el norte del país reflejan la precariedad del sector energético ante la inexperiencia y la ausencia de criterios técnicos en la administración.
El organismo privado reiteró el llamado de otras agrupaciones de la IP para rechazar la iniciativa preferente del Ejecutivo ya que los modelos de política energética basados en monopolios o mercados dominantes han demostrado su obsolescencia en el mundo.
“Si el gobierno sigue empeñado en combatir las energías limpias por considerarlas engendros del neoliberalismo, vamos a terminar por darle a los usuarios más interrupciones, mala calidad en los servicios y altos costos en sus recibos”, sentenció la Canacintra.
Las duras críticas se replicaron en las entidades afectadas por los apagones dadas las afectaciones a las industrias locales ante las dificultades para restablecer el servicio.
Carlos González Silva, presidente de Canacintra Torreón, explicó que los cortes energéticos afectaron a empresas fundidoras, metalúrgicas, automotrices y químicas de manera desastrosa ante la falta de alternativas por parte del gobierno federal.
El dirigente empresarial puntualizó que el freno a las operaciones obligó a ciertas empresas a tirar su producto para evitar fallos severos en sus equipos, situación sin precedentes para el sector industrial de la entidad.
“No hay un plan B, sólo cierran las válvulas obligando a que los procesos truenen. No es posible que se vuelva a presentar esta situación ya que habrá nuevamente contingencias meteorológicas, hay que retomar el uso de energías alternativas, tiene que haber un plan alterno por parte del gobierno federal y que hasta el momento no lo hay”, expuso González Silva.
“Retorciendo la ley”
Ante los señalamientos, el director general de CFEnergía y CFE Internacional, Miguel Reyes Hernández, acusó a los sexenios pasados de que existiera una dependencia al gas natural importado desde Estados unidos, razón a la que se atribuyeron los apagones.
El funcionario destacó que durante las últimas administraciones se firmaron contratos con redes de gasoductos privados con duraciones de entre 15 y 25 años, con un costo de entre 60 mil y 75 mil millones de pesos anuales.
Por su parte, el presidente López Obrador desestimó las críticas hechas a su administración y a la CFE, deslindando la responsabilidad de los cortes de energía al problema con el suministro de gas originado en Estados Unidos.
El mandatario aseveró que la situación debía servir de lección para darle prioridad a empresas públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la propia CFE en función de alcanzar la soberanía energética.
Cuestionó el hecho de priorizar a empresas particulares, aduciendo que estas generan asociaciones donde grandes empresas se vuelven productoras de energía a expensas de la población, “retorciendo la aplicación de la ley”.
Como respuesta a la emergencia, el presidente destacó que Pemex apoyó a la Comisión con el suministro de combustóleo a “precios justos” para producir energía eléctrica de menor costo.
A escasos días de los apagones y pese a los reiterados pronunciamientos en contra y las opiniones y sugerencias expuestas por expertos y empresarios en el Parlamento Abierto , la Cámara de Diputados terminó por aprobar la reforma a la legislación en materia energética casi en los mismos términos en los que la envío el Ejecutivo, en una sesión polémica por la exclusión de las bancadas opositoras y de las autoridades competentes.
