El Derecho en Acción. El capítulo México
Mario Sandoval
El Derecho en acción es el poder de las personas físicas y morales para requerir al estado su protección jurisdiccional a través de los órganos competentes para dar origen a cualquier proceso y en este caso en especial me refiero en materia civil, mercantil o laboral.
En esta semana los medios impresos tuvieron como nota diaria en primera plana y en los diferentes medios electrónicos la polémica pública con relación al Ejecutivo y el Poder Judicial con relación a la reciente Reforma a la ley de Industria Eléctrica, que modifica el orden de despacho de energía eléctrica y que con ello da prioridad a la CFE con respecto a los privados. Sin duda un tema que ya provocó una andanada de amparos de diversas compañías que se consideran afectadas y en razón de ellos han obtenido la suspensión definitiva y con alcance general para otros que se consideran afectados.
El Poder judicial aclara que habrá independencia y autonomía en el tema y es muy probable que la SCJN sea quien atraiga los amparos y se pronuncie con relación a la constitucionalidad o no de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Lo mismo que el Ejecutivo que acatará la resolución y si está no le favorece irá por una Reforma Constitucional y ya no a una ley. Así que esto será de alta negociación, cada uno tiene sus argumentos y sus soportes para hacerlos valer.
Por un lado grandes corporaciones nacionales y extranjeras con el apoyo de despachos privados de alto costo, presionaran en la opinión pública afín como lo han hecho hasta ahora. Por otra parte el estado mexicano que en el caso del ejecutivo cuenta con fuerte respaldo social. Hasta ahora la reforma impulsada en la administración anterior, solo generó beneficios a las grandes corporaciones, pues a la mayoría de las empresas y las familias el costo de energia eléctrica no hubo disminución en tarifas. Luego entonces la SCJN tendrá una dura valoración constitucional en lo referente a competencia y en relación a la garantía de mejorar las tarifas y abastecimiento a la mayoría y no solo a determinados grupos económicos.
Como todo litigio, cada parte considera que le asiste la razón, sin embargo sí fue notorio y se presta a la duda razonable la celeridad con la cual el Juez de Distrito responsable, admitió la demanda a 24 horas de la publicación de la citada ley, situación que es para record nacional de velocidad judicial en materia civil y administrativa, pues quienes litigamos actualmente ya sea en los Juzgados Federales o incluso en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sabemos por la práctica que cuando presentamos un recurso de impugnación o de amparo, que entra en oficialía de partes común ya sea presencial o virtual, no se admite en menos de 5 días hábiles, en este caso no fue así. He leído y escuchado a todo tipo de expertos y opinólogos que no lo son, pues no litigan en activo pero generando juicios públicos dependiendo la parte con la cual más se identifican sus preferencias. El asunto que llama la atención es que se admitió de inmediato el Amparo y en menos de 10 días hábiles se otorgó la suspensión definitiva. Lamentablemente así no opera normalmente la Justicia del fuero común y Federal en nuestro país (razón por la cuál se hizo la queja a la judicatura federal), esa no es la realidad judicial procesal y es por ello que hago el siguiente análisis.
Las personas físicas o morales al iniciar un proceso judicial por asuntos de negocios en materias (civil, mercantil, fiscal o laboral), han identificado en diversas ocasiones la lentitud e inoperancia de los responsables de los órganos jurisdiccionales tanto en el fuero común (Tribunales Estatales), como en el ámbito Federal con los Juzgados de Distrito, así mismo los mecanismos para resolver los conflictos en materia civil y mercantil, conllevan procesos largos, costosos. Lograr una sentencia en firme en las vía civil o mercantil y ejecutar las garantías que puedan obtenerse en México es en promedio de 5 a 7 años. Sin considerar el deterioro o disposición indebida de las mismas por el exceso de tiempo involucrado. Ello ha limitado bajar costos en las tasas de interés al sector financiero para sus clientes por la incertidumbre en la recuperacion, lo cual ha inhibido el apoyo a las MIPYMES en las últimas 3 décadas. Puede haber buenos proyectos y se pueden activar las Fintech, pero sin un estado de derecho eficiente para todas las partes, seguirá siendo un talón de Aquiles para los negocios en México. Solo se apoya financieramente con el 2% del PIB a las MIPYMES, en tanto que en USA supera el 40% de su PIB, Chile el 25% y Brasil el 30%. Europa en promedio supera el 40% en apoyo financiero de su PIB. Su sistema judicial es más eficiente que el nuestro. Datos Banco Mundial.
No hay forma de salir adelante con la mediación judicial y los conflictos se complican. Lamentablemente la realidad de nuestro país en materia judicial (no es gratuita, no es justa y no es expedita para la mayoría de los mexicanos). Actualmente para todos es notorio en las diferentes ciudades del país, que la pandemia, nos ha generado una actividad económica difícil e irregular, Edificios de oficinas en renta y Centros Comerciales con altas tasas de desocupación, lo cual genera situación de demandas por incumplimiento en rentas o bien renegociar condiciones, ello ha afectado Cines, Tiendas de Autoservicio, cadenas de restaurantes, en general el sector comercio y servicios ha sido el más afectado de la economía, ante ellos los temas de carácter legal han estado en una situación de atonía para la mayoría de los afectados.
Por eso es importante hacer notar que debemos presentar más datos duros sobre la situación judicial del país y no caer en el discurso fácil que nos presentan más de carácter político y discursivo. Los negocios necesitan respuestas y un verdadero estado de derecho para todos, no solo para grandes corporaciones nacionales o extranjeras.
Los Juzgados en el País han reiniciado labores de manera diferenciada, con citas o días en los que operan los diferentes juzgados unos en determinado día a puertas abiertas y otros otro día, se ha integrado el uso de acceso en línea, pero aún con limitadas capacidades de captura y envió que hace necesario asistir a los Juzgados con medidas de sana distancia y diversos protocolos. La inactividad procesal ha generado un grave rezago nacional ya acumulado histórico, más los nuevos casos nos hablan de la situación que los abogados litigantes y sus clientes (partes actoras y demandados) están constatando y pagando las consecuencias.
En el último censo del INEGI, en todo el país se presentaron en juzgados del fuero común la cantidad de 2 millones 127 mil asuntos judiciales. El 52% fueron asuntos Civiles y Mercantiles, esto es más de 1 millón de asuntos en esas materias. El 38% son asuntos familiares, 8 % penal y 2% otras materias. Luego entonces el mayor impacto esta en los asuntos civiles y mercantiles. Lo que dejaron parado las autoridades por la epidemia.
Exclusivamente en materia mercantil fueron 500 mil asuntos en el país. El 50% de estos asuntos se litiga en la Ciudad de México, es decir 250 mil asuntos nuevos en promedio por año. Es decir, en una sola entidad se concentra la carga y los asuntos más relevantes del país en materia mercantil.
En el mismo escenario global del INEGI, se resuelven un total de 1 millón de asuntos, el 99.9% corresponde a años anteriores. Hay un rezago acumulado de más de 3 millones de asuntos a esa fecha, así que, si sumamos el efecto de epidemia, cerramos el año 2020 con más de 3.5 millones de asuntos rezagados, donde más del 50% corresponderán a asuntos civiles y mercantiles.
Por lo que adicional como no se aplica la ley orgánica que sancione la ineficiencia, ineptitud y corrupción del personal en juzgados, les tiene sin cuidado. Los nombramientos más que por meritocracia y resultados, son producto de grupos en común y apoyos especiales de autoridades en turno en las entidades. Adicional a qué el poder judicial cuenta con sueldos y prestaciones de alto nivel, en especial en los federales.
Debe haber tableros de gestión y desempeño públicos en cada Consejo de la Judicatura Local y Federal, que avise el grado de calificación del Juez responsable, hoy no se sabe y aunque tenemos buenas leyes y códigos, los impartidores de justicia no están al nivel de exigencia de la Sociedad y de las actividades de negocios y los datos ahí están en el INEGI, anexo la liga para quien desee validar e investigar es el último reporte publicado muy detallada gráfico y completo. inegi.org.mx/programas/cnije/2019/
Donde no hay corrupción, si hay excesiva lentitud, criterios rígidos de carácter procesal, desactualización Judicial y uso de tecnología, así como limitado trabajo en equipo e incluso pésima actitud al público para atender procesalmente los asuntos. Son personal de Juzgados, pero también son servidores públicos y todos pagamos con nuestros impuestos por un trabajo de calidad.
Esa deficiencia es aprovechada por abogados litigantes chicaneros (abuso de conductas obstructivas procesales en el avance de los juicios, para generar fatiga y desilusión en la justicia). Estos abogados, de perfil actoral y muy buenos para las costas e igualas por honorarios, en la mayoría de las ocasiones tienen en los Jueces y sus Secretarios de Acuerdos a sus mejores aliados, por lo que, la equidad de las partes y la neutralidad procesal, se parcializa. Es importante recordar que los derechos humanos son para las partes, para el actor y para el demandado.
En México hay cerca de 350 mil abogados, se estima que solo el 20% son litigantes activos, hay cerca de 300 mil estudiantes de derecho, las escuelas Públicas y Privadas, tienen un gran reto en el desarrollo de actualización de técnicas procesales de litigio en línea y conocimientos basados en la práctica con maestros con ética en la práctica y no solo en la catedra en el aula.
Esa falla en el Estado de Derecho afecta la Economía. Las actividades comerciales se ven afectadas tanto entre particulares y lo mismo con las entidades financieras, al no haber un adecuado y eficiente sistema judicial los procesos judiciales son un factor que desmotiva las actividades de negocios y que impide un desarrollo adecuado de las economías regionales.
El Derecho en Acción, requiere agilizar los procesos judiciales, los abogados litigantes deben aportar capacidad e intelecto, iniciativa, lealtad, honestidad, discreción, ética, organización, adaptación a la tecnología con todo lo que ello hoy involucra en medios, aplicaciones, redes sociales y comunicación.
Así mismo hoy la situación nos obliga a tecnificar aceleradamente y adaptar las Leyes y Códigos a las tecnologías y herramientas tecnológicas (digitalización total de documentos, uso de firmas electrónicas, audiencias en línea), ya hay avances en los Código de Comercio, el Código Civil y hay que precisar en los Códigos de Procedimiento Civiles estatales y federal. Ahí los Legisladores, los colegios de abogados y los Tribunales, deben trabajar en equipo para resolver temas calves en los procesos, como son los emplazamientos electrónicos (notificaciones de demanda), la recepción y desahogo de pruebas en medios electrónicos, avalúos, peritajes, inscripciones electrónicas y audiencias de remate.
Ya no es solo para abogados de la escuela antigua el memorizar artículos de leyes y códigos en materia civil o mercantil, hay que entender los procesos judiciales, saber pedir la rendición de cuentas a los abogados litigantes y estos a su vez prepararse para exigir desempeño confunde a derecho a los juzgadores.
El Derecho en Acción debe llegar a todos, es democratizar la impartición de justicia, es hacer valer la verdad con el buen derecho y no caer en las poses y el chantaje de unos cuantos que abusan de la buena fe o ignorancia de sus clientes. Y cuando hay clientes con mala fe y dolo, la ética del abogado también significa no prestarse para defraudar haciendo uso de las herramientas que da el derecho.
El lenguaje jurídico es fundamental, acercarlo al entendimiento de las personas, debe tener la capacidad de comunicar los riesgos, las oportunidades y sobre todo la verdad. Esto es el Derecho en Acción.
CEO FISAN SOFOM ENR
Ex Presidente Nacional AMFE
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@MarioSanFisan
