Ciudad de México.- La iniciativa privada, el gobierno federal y representantes del sector laboral llegaron a un acuerdo sobre la iniciativa en materia de subcontratación, en la que se permite la figura de subcontratación de servicios u obras especializadas y los servicios compartidos entre empresas, además de limitar el monto en el reparto de utilidades.
El sector empresarial, encabezado por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, participó en un encuentro encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador después de que en noviembre del año pasado el mandatario presentó una iniciativa para regular la subcontratación y erradicar sus abusos.
En diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de ahí se discutiera con los sectores involucrados la iniciativa y los posibles efectos que traería en el reparto de utilidades. Después de tres meses de diálogo, mediante mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores en ambas materias.
En la reunión, los sectores privado, laboral y de gobierno acordaron adecuaciones a la iniciativa de reforma en materia de subcontratación las cuales comprenden la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados se incorporen a las empresas.
Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el reparto de utilidades para evitar principalmente posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto que será con un límite de tres meses de salario o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
Estos acuerdos serán entregados a la Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación.
