Ciudad de México.– El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) creará en conjunto con TECHO en México una Mesa de Coordinación para analizar la forma en la que debe censarse a los asentamientos populares del país. Esto en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual ordenó la generación estadística de asentamientos populares.
En 2018 TECHO en México presentó una demanda de amparo en contra del INEGI por no haber censado nunca a la población en asentamientos populares o precarios del país. Debido a que actualmente no existen cifras de cuántos asentamientos existen, cuánta gente vive en ellos y en qué condiciones, el máximo tribunal del país ordenó al INEGI generar dicha información. Actualmente, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se encuentra a cargo de garantizar el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.
El día de ayer, el Juzgado Cuarto ordenó la conformación de la Mesa de Coordinación “en la que participen actores relevantes como organizaciones expertas en temas de asentamientos informales, a fin de recabar la información necesaria y así facilitar el citado cumplimiento”. Además de representantes del INEGI y de TECHO en México, se espera contar con la participación de instituciones de gobierno, organizaciones de derechos humanos y personal académico.
Esta Mesa de Coordinación es un mecanismo sin precedentes en México para el cumplimiento de una sentencia sobre derechos económicos, sociales y culturales, particularmente sobre el derecho a la vivienda. Al tratarse de órdenes judiciales complejas que no pueden asumirse de un día a otro, es necesario generar mecanismos que garanticen el cumplimiento con rigor técnico y con perspectiva de derechos humanos.
Conforme a la orden judicial, se espera que la Mesa de Coordinación se instale en un plazo no mayor a 15 días.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya ha señalado a México los problemas que hay para el cumplimiento de sentencias de amparo en materia de derechos sociales. En este sentido, la Mesa de Coordinación es un ejercicio inédito en el país que servirá para atender ese problema.
