Ante la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, distintos organismos del sector energético aseveraron que la interposición de amparos ante la propuesta del Ejecutivo es una cuestión ineludible por sus efectos nocivos en la economía
José Ma. Gijón
Como ha ocurrido en los últimos meses luego de la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual ha desencadenado una serie de amparos en contra de sus modificaciones al desincentivar tanto la inversión nacional como la extranjera en el rubro, se prevé que la recién aprobada reforma a la Ley de Hidrocarburos habrá de generar un efecto semejante con el consecuente daño a la economía del país y a la de millones de familias.
El proyecto de reforma se anunció a finales de marzo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para su discusión en pos de “desincentivar prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos”.
De acuerdo con el texto remitido a los legisladores, la modificación tiene por objetivo reordenar actividades económicas dentro del sector energético y otorgar mayores facultades a la Secretaría de Energía (Sener) para combatir la corrupción, garantizar el abasto y proteger la economía nacional ante cualquier “peligro inminente”.
La iniciativa planteada por el Ejecutivo contempla reformas a los artículos 51; 53 párrafo segundo; 56 fracción XI; 57 y se adiciona una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII al artículo 56; el artículo 59 Bis; y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86.
A raíz de esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió que las modificaciones previstas por el mandatario implican darle más poder a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que eventualmente redundaría en perjuicio de la competitividad.
Lo anterior se sustenta en que la reforma plantea que las dependencias tendrán la facultad de suspender permisos en los distintos procesos de la industria de hidrocarburos, desde la producción hasta el expendio nacional e internacional de los productos, todo de forma discrecional.
Aunado a ello, la iniciativa faculta a Petróleos Mexicanos (Pemex) para hacerse cargo de la administración y operaciones de las instalaciones de empresas que sufran una suspensión, acumulando más poder en la paraestatal dentro del mercado mediante actos de expropiación.
“Esta iniciativa se presenta en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a Ley de la Industria Eléctrica”, puntualizó el Imco.
En este sentido distintos organismos del sector energético aseveraron que la interposición de recursos ante la propuesta del Ejecutivo es una cuestión ineludible por sus efectos nocivos en la economía.
Previendo un escenario donde se cuestionará la constitucionalidad de las modificaciones, la especialista en asuntos regulatorios de AES México, Sofía Tamayo, destacó que las empresas recurrirían a los amparos para hacer frente a la contrarreforma.
La experta puntualizó que los cambios a la ley no deben ser regresivos dada la necesidad de considerar los derechos previamente reconocidos en la Constitución.
Por su parte, Carlos Vallejo Galván, abogado del sector energético, explicó que los amparos a los que se enfrentará la legislación se centrarán en las violaciones a la libre competencia y la expropiación de facto producto de la suspensión de permisos.
El jurista añadió que la principal violación frente a la que se interpondrán recursos es la modificación al artículo 59 Bis, ya que permite la suspensión provisional donde se deja a la libre interpretación de la autoridad si en los permisos subyacen riesgos a la seguridad energética o nacional.
“De nueva cuenta serán los juzgados en materia de competencia los que no se darán abasto con los amparos que puedan interponerse porque se está vulnerando la certidumbre jurídica respecto a los permisos para las actividades del downstream y midstream del sector de hidrocarburos”, estimó Vallejo Galván.
En el mismo tenor, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) aseguró que la contrarreforma energética incrementa los riesgos a las inversiones realizadas por las empresas, alimentando un clima de incertidumbre.
La asociación de gasolineros cuestionó el compromiso gubernamental con el Estado de Derecho, ya que la iniciativa vulnera los acuerdos contraídos respecto a la participación de la iniciativa privada en el rubro.
Al referirse al papel preponderante que adquirirían las dependencias del Estado frente a los particulares, la Onexpo puntualizó que cambia drásticamente el marco jurídico al intervenir coactivamente en el mercado de hidrocarburos de forma arbitraria a favor de Pemex.
Puso de ejemplo las modificaciones propuestas al artículo 51, las cuales ocasionan un costo adicional a los denominados “costos hundidos” de los nuevos permisionarios, los cuales deberán planear su capacidad de almacenamiento en función de criterios establecidos por la Sener y no con base en la demanda real y la capacidad instalada, dando sitio a barreras de entrada a los mercados.
Posteriormente, previa la aprobación de la reforma, las empresas del sector indicaron que ya se estaban gestando los primeros amparos frente a la legislación.
La presidenta del Grupo CIITA, Beatriz Marcelino Estrada, refirió que se manejaban poco más de 100 amparos previo a la publicación de la ley reformada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Arguyó que el proyecto redactado por el Ejecutivo peca de ambiguo, tanto por el riesgo de apropiarse empresas como por los criterios de revocación de permisos y la negativa ficta.
Se mencionan los procedimientos pero no el por qué expropiaría, solamente señala que en caso de seguridad o el incumplimiento de las obligaciones en un sector con más de 54 normatividades que se deben seguir, explicó Marcelino Estrada.
Mencionó que el sector deberá estar preparado para cualquier auditoría o revisión por parte de la autoridad, lo que genera temor en el sector ante la posibilidad de una mayor vigilancia como represalia por parte de las autoridades.
Amparos insuficientes
Pese a la oposición generalizada a la reforma a la Ley de Hidrocarburos y la búsqueda por frenarla de manera similar al tema de la LIE, expertos en la materia mantienen posturas contrarias e incluso han advertido que la estrategia podría no funcionar igual.
La firma consultora Deloitte destacó que, mientras en la primera situación se habla de que los ocho artículos modificados representan un daño a la competencia y a las energías renovables, en el caso de los hidrocarburos cada artículo refiere a una figura diferente.
En consecuencia, recomendó evaluar las acciones legales que pueden proceder en el campo de impactos a la competencia desde una perspectiva económica, ya que artículos como el 56 no serían impugnables de forma masiva.
Aunado a ello, otros analistas han recomendado a los empresarios del sector revisar el estatus de su permiso ante la posibilidad de una inevitable entrada en vigor de la ley.
Por su parte, Carlos Vallejo advirtió que, pese a que los regulados que se sientan afectados puedan recurrir a mecanismos legales, los permisionarios pueden argumentar que no se les afecta ya que trabajan “en estricto apego a la norma”.
En tanto, el consultor Santiago Arroyo explicó que la iniciativa está más pensada que la propuesta para la LIE, lo cual incrementa el grado de dificultad para conseguir la aprobación de los amparos al no existir elementos ambientales que apoyen las quejas.
“Para que tenga una contundencia similar a los otros amparos tenemos que darle un enfoque social, (…) es importante demostrar que los impactos secundarios de esta captura de mercado, como pueden ser mayores precios, mayores subsidios y una inestabilidad financiera impactarán el bolsillo de los mexicanos y a la colectividad en general”, aseveró.
